La marcha de Ferrovial de España continúa trayendo cola. El último en posicionarse ha sido Unidas Podemos que está preparando una proposición de ley que presentará en el Congreso los próximos días para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora. Proposición que, por otro lado, afectaría de lleno a la compañía.

Desde Unidas Podemos han incidido en que la ciudadanía consiguió “salvar”, a base de dinero publico mediante el mecanismo de los ERTE a la compañía. "Es tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas", ha apuntado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja.

"Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas", ha criticado Echenique, quien también ha asegurado que “cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento.”

Cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento

 

En la misma línea se ha pronunciado también la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, que ha dicho que "no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas cuando las cosas van mal", para que "cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos".

Exclusión de Ferrovial de los contratos públicos

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos también ha dejado caer la idea de implantar otra medida que pase por excluir a Ferrovial de los contratos públicos ante el ‘transfuguismo empresarial’ de la compañía. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces que Países Bajos y no España los que les den contratos de obras públicas ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí.", ha esbozado Echenique a través de Twitter.

De la misma forma, Unidas Podemos ha enfatizado la necesidad de que España continúe sus esfuerzos en la Unión Europea para acabar con el ‘dumping fiscal’ homogeneizando los tipos impositivos, especialmente el impuesto de sociedades, en el conjunto del continente.

No obstante, la compañía se defiende asegurando que el movimiento de cambiar su sede responde a la internacionalización de la empresa y no a una reducción de la carga fiscal. En concreto, el 82% de los ingresos de 2022 se generaron fuera del país y el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero. Sin embargo, esta decisión no ha sentado bien en el Gobierno de coalición, que ha instado a la empresa a replantearse su idea y mantener su domicilio social en España.

En esa misma línea se ha pronunciado a lo largo de la semana la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien llegó a tener una conversación con el presidente de la compañía, Rafael del Pino. La vicepresidenta expresó al empresario su “rechazo claro” al cambio de sede. "Se trata de una empresa que debe todo a España" remarcaron desde el ministerio.

Sin embargo, Calviño no ha sido el único miembro del Ejecutivo en pronunciarse sobre lo ocurrido, la también ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la decisión de la compañía que, de acuerdo con su postulado, no es por otra razón que la de pagar impuestos menores.

Díaz, uniendo criterio con el ala socialista de la coalición, pidió a Ferrovial que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de “necesidad”. Además, la ministra de Trabajo ha solicitado al ministerio de Economía que “adopten las medidas que sea menester” para que el traslado de la compañía no se haga efectivo.

Todo en manos de los accionistas

No obstante, la decisión en el seno de Ferrovial no es aún irrevocable. El traslado de sede de la firma de Rafael del Pino se encuentra supeditada a que los titulares que no tengan más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación cuyo objetivo final es dar el salto a la bolsa estadounidense.

Entre las condiciones establecidas por el consejo de administración para la aprobación de esta operación figura que los accionistas que estén en contra de este traslado podrán acogerse a su derecho de separación.

Este derecho consiste en la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa, que normalmente es el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción.