Ferrovial, si sus accionistas así lo deciden en Junta, abandonará España para ubicar su sede social en Países Bajos, territorio con una política fiscal más laxa y con menos instrumentos tributarios. La decisión de la constructora ha sentado de manera diferente entre los agentes sociales, sorprendidos por la decisión. Los sindicatos claman al cielo, vertiendo duras críticas sobre la compañía a la que acusan de agitar la bandera de España y después abandonar el país para pagar menos impuestos. La patronal defiende una actuación enmarcada dentro del libre mercado y pide que cesen los “ataques a los empresarios”, que aseguran se suceden con mayor frecuencia con el paso del tiempo.

“Me parece impresentable lo que ha anunciado. Es una empresa que, desde mediados del siglo pasado, se ha nutrido fundamentalmente de recursos públicos, de licitaciones públicas”, critica Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). Además, el líder sindical apunta a que parte de los beneficios obtenidos por Ferrovial son cuestionables, ya que, “se ha forrado ‘a duros’ concertando precios y ha sido sancionada por ello por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”. Hace referencia con esto a una de las múltiples sanciones que ha interpuesto a la compañía por vulnerar la libre competencia. No obstante, los procesos judiciales se encuentran suspendidos cautelarmente hasta que la Audiencia Nacional tome una decisión.

No obstante, más allá de estos reproches legales, los sindicatos ponen el foco en el aspecto moral. “Una empresa, una clase social y una familia (del Pino) que cada día nos dan con la bandera en la cara y después esa bandera les importa muy poco para salir del país. Se ha hecho en España y se lo debe a los españoles”, ha lamentado el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez. “Los que se llenan las muñecas de banderitas con la rojigualda, con la bandera de España, tendrían que tener menos banderitas y más tributación allí donde los ciudadanos pedimos corresponsabilidad a las empresas y sobre todo a las que se han forrado con dinero público”, ha coincidido Sordo.

Movimiento político

El máximo mandatario de CCOO asegura que este movimiento de Ferrovial “tiene un cariz político evidente”, porque, según argumenta, marcharse de España por ahorrarse 39 millones de euros “no cuadra”. “Ferrovial paga en el Impuesto de Sociedades 9 millones de euros, no paga más. Se está hinchando un globo para un mensaje determinado y a mi me parece que para ahorrarse el coste de 650 médicos”, ha señalado, ejemplificando el coste en el ámbito sanitario al que equivaldría la marcha de la compañía. “Eso lo que quiere deslocalizar fiscalmente de España, me parece algo impresentable”, ha añadido.  

Sordo ha introducido el debate sobre la fiscalidad, señalando que en el país elegido por la empresa “no se tributa por los dividendos que cobran los accionistas, por los tributos de dividendos de otras partes del mundo”. Sin embargo, sigue sin cuadrarle este argumentario, ya que, “en España esos dividendos están bonificados al 95%, no hay ningún infierno fiscal”, motivo por el que cree que toda la situación y el revuelo levantado a su alrededor “tiene un calado político más allá de los 39 millones de euros”.

No obstante, su homólogo de UGT sí que ha señalado que es necesario que Europa asuma el debate de la fiscalidad y que los Estados elijan entre “un sistema en el que las empresas se lo lleven todo y la gente no tenga ni sanidad ni educación o un país en el que haya un sistema de reparto, que en el caso de España es de lo más débiles”.

La patronal defiende la actuación

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha salido en defensa de Ferrovial al entender que la decisión corresponde únicamente al ámbito empresarial. “La compañía lo ha explicado, prácticamente el 85% de su negocio está fuera de España. Además, va dentro de la Unión Europea (UE), a un país europeo. Holanda, quiero que se aclare, que yo sepa es un país europeo, no un paraíso fiscal”, ha apuntado el líder de la patronal, Antonio Garamendi, que no considera que las ventajas tributarias neerlandesas conviertan al país en un paraíso fiscal. “Es una decisión lógicamente dentro de lo que es el mercado, que hay que respetar”, ha añadido.

La otra línea discursiva defendida por el representante de los empresarios ha girado en torno a los “ataques a los empresarios”. En ese sentido, ha pedido "no demonizar" a los empresarios ni incentivar “un clima 'antiempresa', que es auténticamente nefasto para el país". "Si algo es importante para que este país funcione es la confianza. Creo que justamente a la gente que crea esa riqueza en el país, que crea empleo, que paga impuestos, cómo se les está señalando últimamente con el dedo. Creo sinceramente que es un mensaje totalmente erróneo y equivocado. Es el momento de que las cosas se deben orientar de otra manera”, ha concluido Garamendi.

Al hilo de las quejas de los empresarios, que aseguran ser las víctimas de una campaña de ataque constante, Pepe Álvarez ha respondido con dureza: “Tenemos que ser plenamente conscientes de que pobrecitos nada. Pobrecita la gente en nuestro país que no llega a final de mes y le cuesta tanto pagar la compra”.