El anuncio de Ferrovial, que abandonará España deslocalizando su sede en Países Bajos, ha provocado un terremoto político y económico. Las reacciones se siguen sucediendo y, este jueves, Nadia Calviño, principal responsable económica del Gobierno, ha vuelto a cargar contra una decisión que “demuestra una falta de compromiso con nuestro país" y considera “errónea”. Además, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos ha anunciado que tanto el Ejecutivo como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están estudiando los argumentos esgrimidos por la multinacional para justificar su marcha.
No ha querido dar más detalles Calviño y ha reiterado en una entrevista concedida a OndaCero que lo que se está haciendo desde el Gobierno es “analizar las razones y ver cuáles pueden ser las implicaciones de su marcha”. Además, ha querido dejar claro que desde el Ejecutivo “no se está presionando a Ferrovial”, aunque ha reconocido que la resulta “paradójico” que la marcha de la constructora tenga lugar en un momento en el que “España está teniendo un récord de inversión extranjera y la economía va muy bien”, motivo por el que cree que Ferrovial debe dar explicaciones y el caso tiene que ser estudiado.
Dentro de las motivaciones que han trascendido, y por la que ha sido preguntada la titular de la cartera de Economía, se encuentra la imposibilidad normativa que las empresas del IBEX 35 encuentra en España. Estas no pueden participar en la bolsa española y la bolsa de Nueva York simultáneamente, por lo menos no de forma directa y sencilla, una de las motivaciones que han sugerido en otras ocasiones otros grandes directores de las empresas cotizantes. La respuesta de Calviño a si existe la posibilidad de que se produzca una modificación que cambie la situación y permita a las compañías estar presentes en la bolsa española y neoyorquina ha sido la misma: "esto es lo que vamos a analizar”.
Como respuesta a otro de los argumentos que están pronunciado en las últimas horas los defensores de la marcha de Ferrovial, relativo a que ya tiene un 80% de su negocio fuera de España, motivo por el que no tendría sentido mantenerse en la península, Calviño ha sido irónica: “En Países Bajos, precisamente, no tiene (inversiones)”. Lo que si tiene el territorio neerlandés, como ha explicado la vicepresidenta, es “un modelo fiscal basado en la atracción de empresas a través de la baja tributación”. Sobre esta anormalidad presente dentro de la propia Unión Europea, que se da en otros países como Irlanda, ha asegurado que “se ha ido evolucionando por la presión” y que, de hecho, España ha sido uno de los países que más presión ha hecho para “la creación de un impuesto mínimo de sociedades a nivel europeo para combatir el dumping fiscal”.
Ferrovial se acogió a varios ERTE, los hemos salvado con dinero público
Más allá de los aspectos que podría estar detrás de una decisión que no ha gustado en el seno del Gobierno, Calviño ha asegurado que lo peor “no es tanto el perjuicio, sino el gesto”. Una empresa que le debe todo a España, que ha crecido con la obra pública, que se paga con los impuestos de todos los españoles, no debe tomar una decisión que demuestra tan poco compromiso con España”, ha planteado en este sentido, aumentando el espectro para señalar que el conjunto de multinacionales españolas del ámbito de la construcción “son líderes a nivel mundial porque este país ha tenido un sector de la Construcción muy pujante gracias a las inversiones públicas”.
Díaz recuerda los ERTE
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho alusión también a la inversión pública de la que ha disfrutado una empresa, aunque con más dureza y no haciendo referencia a los múltiples concursos públicos ganados por la compañía. “Ferrovial se acogió a varios ERTES y los hemos salvado con dinero público”, ha sentenciado. Además, ha coincidido con Calviño en el desacuerdo con la decisión, recordando la procedencia de la constructora, “que nace al albur de los contratos con la Administración Pública”. “Si son españoles lo tienen que demostrar”, ha añadido.
No obstante, atendiendo a que la decisión final depende única y exclusivamente de los accionista, Díaz ha instado a estos a mantener “todos y cada uno” de los puestos de trabajo, más de 5.000, y “todas las inversiones” en España. En la misma línea de política fiscal que Calviño, ha trasladado que “no se puede permitir que tengamos paraísos fiscales en Europa o países con una ingeniería fiscal que permite que las empresas tributen menos”, situación ante la que ha asegurado que el Gobierno puede tomar medidas.
Un discurso similar ha defendido la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha tildado la decisión de Ferrovial de “antipatriota” por “aprovecharse de las ayudas públicas cuando las cosas son desfavorables y cuando ya las cosas te van mejor intentar aprovecharte y no pagar los impuestos que te corresponde”. Para combatir esto ha asegurado que Podemos presentará una “iniciativa en el Congreso para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas y, si finalmente se van, tengo que devolver cada uno de esos euros que han puesto los españoles para ponerlas a flote”.
