España avanza hacia la eficiencia alimenticia y el aprovechamiento de los recursos. El Congreso de los Diputados ha dado este jueves su visto bueno a la Ley de Desperdicio Alimentario, una norma nacida en el Gobierno de coalición que busca atajar y evitar el despilfarro de comida tanto en las cadenas comerciales como en los hogares, y que pasa especialmente por la donación obligada de excedentes y el establecimiento de sanciones para quienes no lo cumplan. De esta forma, esta iniciativa -junto a las medidas para hacer frente a la sequía que impulsa esta misma jornada el Consejo de ministros- se ha convertido en uno de los últimos hitos que el Ejecutivo ha logrado y que se suma a otras fundamentales, como la vivienda o la regulación de la atención a la clientela.

Luchar contra el despilfarro de alimentos

Así, el Pleno de la Cámara Baja ha aceptado la toma en consideración del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario con una amplia mayoría, en consonancia con los apoyos que cosechó el texto en el seno de la Comisión de Agricultura a finales del mes de abril. Entonces, tanto los partidos de la coalición como los socios habituales -véase PNV, EH Bildu o Junts- y las derechas de Partido Popular y Ciudadanos vieron con buenos ojos esta iniciativa, mientras Vox y ERC optaron por abstenerse. Un balance de las votaciones que se han repetido de forma prácticamente calcada en la sesión de este jueves con 269 sies, ningún no y 70 abstenciones. Una vez salvado este examen, la que es la primera norma contra el derroche de alimentos tendrá que pasar ahora al Senado para ser ratificada de forma definitiva.

No es el primer paso. La aprobación de esta iniciativa se suma a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que aprobó el Congreso en marzo del pasado año 2022. Con todo, el proyecto original que salió de Moncloa -especialmente del ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas- ha experimentado modificaciones por parte de los grupos parlamentarios vía enmienda que abren la puerta a una rebaja de impuestos en relación a las pérdidas para los supermercados o la exención de responsabilidades a las ONG por imperfecciones sobrevenidas en los productos. Precisamente estas últimas en contra del criterio del PSOE y de Unidas Podemos, quienes han votado no a estos puntos y finalmente no han salido adelante. Solo han visto la luz tres modificaciones: la 193, 157 y 121.

Cabe destacar que tanto el Partido Popular, que ha votado a favor, como Vox, que no lo ha hecho, han aprovechado el debate para cargar contra el Gobierno por otros asuntos. Para ello, los populares han calificado esta norma como "una ley de solidaridad" y han sacado a relucir la lucha por el agua mientras los ultras han atacado la "deleznable" Agenda 2030, de la que dicen "es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género", entre otras muchas cosas. "Están preocupados por el medioambiente, no por las familias que no pueden comer", ha sostenido la diputada de la formación que lidera Santiago Abascal en su turno de posición, poniendo el foco especialmente en las sanciones. ERC, por su parte, ha justificado su postura sosteniendo que la ley es "una declaración de intenciones" pero "no es efectiva".

En el seno de la coalición, unión. Unidas Podemos ha tildado el texto de insuficiente y "no perfecta", al tiempo que ha deseado "mayor valentía" para poder desarrollar más las regulaciones, aunque sí ha sostenido que es "positiva". El PSOE ha sacado pecho de una norma que, desde el fomento del consumo responsable, intenta atajar "que se tire comida mientras hay gente que pasa hambre". "Aquí no se tira nada", ha celebrado la diputada socialista para defenderla ante el PP, al que ha afeado "valores de la democracia que no entran en su ideario político", como la solidaridad, el respeto o la sensibilidad. "Deseamos que sea un antes y un después para la protección de los recursos naturales", ha sostenido.

Más de 30kg por persona a la basura

Así, el Ejecutivo enmarca esta legislación en la necesidad de trabajar en la "regulación y concienciación" de forma ambiciosa ante la "posibilidad de una crisis alimentaria". De hecho, el proyecto nace de las recomendaciones lanzadas por Naciones Unidas y distintas directivas europeas a la luz de las cifras, dado que el 40% de las pérdidas totales se produce en los comercios y en los hogares mientras el otro 20% a lo largo de toda la cadena alimentaria. Tal es la magnitud de la situación que en 2020 el desperdicio alcanzó los 1.300 millones de kilos en los hogares, lo que supone una media de 31 kilos por persona. En este contexto, el planteamiento que ahora avanza en su trámite parlamentario hacia el BOE contempla sendos cambios fundamentales para tajarlo.

Entre las disposiciones, establece la obligación del sector de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, además de establecer sanciones en el caso de no hacerlo. También pretende obligar a las autoridades competentes a adoptar todas "las medidas oportunas para conseguir una reducción de residuos alimentarios" en cada una de las fases de la cadena, desde la producción a la venta tanto en comercios como restaurantes. Sin embargo, esta ley pone el foco en minorar el desperdicio en los hogares con una meta: reducir los residuos por persona en un 50% y para las cadenas de producción y suministro en un 20% antes del año 2030.

El proyecto recoge en la exposición de motivos algunas de las preocupantes cifras de las que se hace eco el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles. Este muestra un incremento del volumen de alimentos que se desperdician de hasta los 712,2 millones de kilos, una cifra que se elevó en 2019 hasta los 1.352,5 millones de kilos. Algo menor fue en 2020 bajo la coyuntura de la pandemia, cuando se registraron pérdidas de 25 millones. El balance es que, en total, cada español tira a la basura 1,4 kilos de comida cada semana, de los que más del 80% son por no haberse utilizado y corresponde mayoritariamente a productos perecederos, como salsas o carnes. Esto es precisamente lo que quiere evitar esta propuesta, que fomenta la donación de los excedentes que, de otra forma, acaban en la basura.

Donación y sanciones

El principal cambio que introduce esta ley es la obligación de la donación desde las grandes superficies comerciales a "empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones o bancos de alimentos" a través de la firma de acuerdos o convenios. Esto será de obligado cumplimiento para las cadenas que cuenten con un mínimo de 1.300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público -no solo de forma única sino también aquellas que tengan el mismo código de identificación fiscal y sumen este tamaño-, por lo que quedan excluidas todas las microempresas que no tengan estas características. Estas, además, estarán exentas de contar con un plan de prevención de pérdidas y de los convenios para las donaciones.

Al mismo tiempo, el texto establece que las administraciones públicas detienen que promover negocios para la canalización de excedentes alimentarios, apoyar la investigación y la innovación en la búsqueda de soluciones tecnológicas que alarguen la vida de los alimentos o su reutilización, así como llevar a cabo una medición exhaustiva periódica y en cada fase de la cadena alimentaria de las pérdidas. Unos análisis con una periodicidad mínima de una vez al año que correrán a cuenta del Ministerio de Agricultura. Igualmente, se establece la creación de una "jerarquía de prioridades de solución" para promover la economía circular, de obligado cumplimiento para las grandes compañías, no así para las pequeñas.

Para asegurar su cumplimiento se ha contemplado un régimen sancionador, aunque las comunidades autónomas podrán establecer sus propias multas. Así, serán consideradas infracciones leves "no aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades" o "no justificar debidamente por qué no se aplica" en cuanto a la donación de los alimentos aptos para el consumo humano a lo largo de todo el proceso alimentario. Ya serán infracciones graves "no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario", "discriminar en el acceso al reparto de los alimentos" y "la comisión de más de una infracción leve en el plazo de dos años". Las cuantías oscilan de 2.000 a 500.000 euros en función del grado de incumplimiento.