En medio de unas semanas plagadas de legislaciones importantes recién aprobadas, como es la regulación de la vivienda o la atención al cliente, el Congreso tiene pendiente otra: la Ley de Desperdicio Alimentario. Esta norma, nacida en el seno del Gobierno de coalición, está a un paso de ser una realidad en la Cámara baja, donde tendrá que someterse a votación en las próximas semanas después de salir con amplia mayoría de la Comisión de Agricultura. El texto contempla medidas para evitar el despilfarro de alimentos con el foco puesto especialmente en las cadenas comerciales, pero también en los hogares, que pasan por la donación de excedentes y sanciones para aquellos que no lo cumplan. Eso sí, el Proyecto de Ley original del Ejecutivo ha sufrido modificaciones vía enmiendas, algunas en contra del criterio del PSOE y Unidas Podemos, que abren la puerta a una rebaja de impuestos en función a las pérdidas o la exención de responsabilidades a ONGs por defectos en los productos.

Ley de desperdicio alimentario, a punto

Junto al aval a la reforma del solo sí es sí en el Senado o la aprobación de la ley de vivienda, la pasada semana se dio un paso hacia delante a nivel parlamentario en cuanto a la lucha contra el despilfarro de los alimentos. Y es que la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado el visto bueno el pasado miércoles al dictamen del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario con un apoyo mayoritario. De hecho, han votado a favor -junto a los partidos de la coalición- el PNV y EH-Bildu, y también las derechas del Partido Popular y Ciudadanos. Mientras, Vox y ERC optaron por la abstención. De esta forma, el texto -con 29 síes, ningún no y seis abstenciones- ha quedado a solo un movimiento de su aprobación, que tendrá que pasar primero el examen del Pleno del Congreso en las próxima semanas (con la mirada puesta en las elecciones del 28 de mayo) y después al Senado para que se ratifique de forma definitiva. 

Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno aprobó en Consejo de ministros una primera norma contra el desperdicio con el objetivo de reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, así como sanciones. Esta legislación, nacida en el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas, parte de las recomendaciones de Naciones Unidas y distintas directivas europeas a la luz de las cifras. Y es que el 40% de las pérdidas se produce en los comercios y en los hogares mientras el otro 20% a lo largo de toda la cadena alimentaria. En 2020 el desperdició alcanzó los 1.300 millones de kilos de alimento en los hogares, lo que supone una media de 31 kilos por persona. Esta legislación se suma a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que aprobó el Congreso en marzo de 2022.

Casi 1,5 kg desperdiciado por hogar

La norma que tendrá que pasar el examen de la Cámara baja es muy ambiciosa en pro de la "regulación y concienciación" en el marco de la "posibilidad de una crisis alimentaria". Cabe destacar que además ha tenido un nivel de consenso elevado. De hecho, Milagros Marcos, diputada del PP, dedicó unas palabras de elogio y agradecimiento a la ponente del PSOE Ariagona González durante la sesión de la Comisión el pasado miércoles. Así, el texto pretende obligar a las autoridades competentes a adoptar "las medidas oportunas para conseguir una reducción de residuos alimentarios" en todas las fases de la cadena, desde la producción a la venta en los comercios y en restaurantes. Pero también contempla medidas para reducir el desperdicio alimentario en los hogares con la vista puesta en el año 2030 bajo el objetivo de reducir los residuos per cápita en un 50% y en el 20% para las cadenas de producción y suministro. Todo con la "elevada huella hídrica y carbónica" que suponen los alimentos desperdiciados.

En este contexto, el proyecto detalla a lo largo de la exposición de motivos las cifras que se reflejan en el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles, y en el que se ha detectado un incremento del volumen de desperdicios alimentarios de hasta los 712,2 millones de kilos. En 2019 este dato alcanzó los 1.352,5 millones de kilos mientras en 2020 se registraron pérdidas de alimentos semanales de 25 millones de kilos, es decir, que cada hogar español desperdicia 1,4 kilos a la semana. Del total, más del 80% son por deterioro y corresponde mayoritariamente a productos perecederos, como frutas, hortalizas y lácteos, que suponen más de la mitad de todo lo que se tira sin haberse utilizado. Por eso, esta PL da prioridad al impulso de estrategias de sensibilización e información para fomentar la donación, "la transformación de los productos que no se han vendido", siempre que sigan siendo aptos para el consumo, o su conversión en pienso para animales como tercera opción.

La donación, obligada para grandes cadenas

Una de las iniciativas prioritarias que recoge la norma es la donación para las grandes superficies comerciales. La ley establece la necesidad de firmar acuerdos o convenios que faciliten la donación de los excedentes de alimentos a "empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones o bancos de alimentos". Una obligatoriedad que se extiende a las cadenas comerciales de mínimo 1.300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, por lo que quedan excluidas todas las microempresas del sector que no tengan estas características. Asimismo, las administraciones públicas deberán promover negocios para la canalización de excedentes alimentarios, apoyar la investigación y la innovación en la búsqueda de soluciones tecnológicas que alarguen la vida de los alimentos o su reutilización, o llevar a cabo una medición exhaustiva periódica y en cada fase de la cadena alimentaria de las pérdidas. Unas mediciones mínimo una vez al año que correrán a cuenta del Ministerio de Agricultura. También se establece la creación de una "jerarquía de prioridades de solución" para promover la economía circular.

Sanciones para quienes no cumplan

En medio de todas estas puntualizaciones también se ha contemplado un régimen sancionador para todos aquellos que no cumplan, aunque las propias comunidades autónomas podrán establecer sus multas dentro del marco de la ley. Así, serán consideradas infracciones leves "no aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades" establecida en la ley, "o no justificar debidamente por qué no se aplica" en cuanto a la donación de los alimentos que siguen siendo aptos para consumo humano a lo largo de la industria alimentaria, de distribución y de hostelería y restauración. Ya serán infracciones graves "no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario", "discriminar en el acceso al reparto de los alimentos" así como "la comisión de más de una infracción leve en el plazo de dos años". Las cuantías oscilarán desde los 2.000 a los 500.000 euros en función del grado de los quebrantamientos contemplados en la legislación.

Las enmiendas incorporadas al texto

Este texto ha partido del seno de la coalición, especialmente del ministerio del socialista Planas, pero en su último trámite antes del Pleno ha sufrido modificaciones que no han gustado a los partidos del Ejecutivo. En concreto, se trata de varias enmiendas impulsadas por ERC -apoyadas por el PP, Cs, Vox y EH Bildu- que establece entre otras cosas la consideración de rebajas fiscales, como la reducción en la tasa de basuras, "en proporción a la cantidad de pérdidas y desperdicio alimentario evitados a través de la donación". Asimismo, otra de las propuestas fuerza el texto a que se incluya la cuantificación de estas pérdidas en el informe realizado por Agricultura sobre el Plan Nacional. Por su parte, a instancias del PNV, también se establece como obligación de la Administración la promoción de nuevos negocios para la canalización de excedentes, su revalorización y el establecimiento de acuerdos con el sector privado para coordinar su gestión.

En cuanto a las donaciones, el texto original salvaba la posibilidad de que los supermercados pequeños evadieran la obligación de firmar convenios en pro de la donación de excedentes fijando como mínimo los 400 metros cuadrados en el anteproyecto. Ya el proyecto lo elevó hasta los 1.300 que rigen ahora pero se incorpora el matiz de cumplimiento para todos aquellos que tengan el mismo código de identificación fiscal y superen estas características de forma conjunta. Un cambio que viene de la mano de una enmienda transaccional planteada a partir de otras modificaciones firmadas por Unidas Podemos y el BNG. Además, también se exime a las microempresas de contar con un plan de prevención de pérdidas y de los convenios para las donaciones mientras sí se incorpora esta máxima en la contratación pública como condicionante para poder acceder a pliegos de contratos de alimentación en instituciones públicas. 

Al mismo tiempo, otra de las propuestas añadidas al texto original vía enmiendas es eximir de responsabilidad civil y administrativa a todas aquellas entidades sociales u ONGs por posibles defectos de naturaleza, aspecto, duración o envasado en los productos siempre y cuando estos ya les viniera con estas imperfecciones y no exista dolo, culpa o negligencia por parte de estas asociaciones. Y también se extenderá como obligación a todas estas entidades sin ánimo de lucro que se encarguen de la distribución de alimentos que vinculen las donaciones a "la promoción de proyectos que posibiliten empleo e inserción socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad".