La primera ley estatal en materia de vivienda ya tiene el visto bueno del Congreso de los diputados. Con una amplia mayoría y el apoyo mayoritario del bloque progresista, el Gobierno ha logrado sacar adelante este jueves en la Cámara Baja una norma que acerca cada vez más a la realidad el derecho a la vivienda como el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, mantra utilizado por Pedro Sánchez en las últimas semanas para defender el proyecto del Ejecutivo. Este ha sido negociado entre los partidos de la coalición con los principales aliados, no sin polémica tanto en el seno de Moncloa como fuera. Y es que la iniciativa ha visto la luz verde del Hemiciclo sin las propuestas de última hora de Unidas Podemos para incluir el tope a los pisos turísticos y ha dejado una división entre quienes defienden que se protege a las familias vulnerables ante los deshaucios y los que alertan de un efecto llamada a las okupaciones, como las tres derechas.

Así, este jueves el texto rubricado por aliados y socios de la coalición ha salido adelante en el Pleno con suficiente apoyo y sin mayor problema. Como era de esperar, con 176 síes, 167 noes y una abstención el bloque progresista de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu -quienes cerraron el pacto hace semanas- han votado a favor, a los que se han sumado Más País y Compromís, mientras la derecha del Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, PNV y PDeCAT han votado en contra. Por su parte, el BNG ha optado por la abstención. En este caso, los catalanes y vascos esgrimen para ello la “invasión competencial”, uno de los pilares que han sostenido tanto su postura en la votación como su exposición de motivos, en la que han insistido durante el debate y después, en una comparecencia ante los medios. Mientras, el PSOE ha sacado pecho de la que es la primera norma estatal de la democracia y los morados han insistido en la necesidad de avanzar en tapar los “coladeros” que pueden quedar. Sin embargo, ambos han cerrado filas, mostrando unidad.

Vivienda sale sin el cambio de Podemos

De nada ha valido el último intento de golpe de efecto de Unidas Podemos. El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha salido del Congreso -ahora tendrá que pasar el examen del Senado para su puesta en marcha- sin el conato de retoque de los morados para incluir in extremis en el articulado la limitación al 2% las plazas para los alquileres turísticos en las zonas tensionadas. Esta idea ha sido rechazada por los socios mayoritarios pero también por los aliados, que en las últimas horas han mostrado su estupor ante lo que han calificado de “electoralismo” para apuntarse un tanto ante los comicios del próximo 28 de mayo. Además, ni siquiera han llegado a registrar la enmienda, para la que necesitaban otros grupos ya que no tenían ninguna “viva” encima de la mesa. Aunque todo el bloque de la investidura apoya la necesidad de regular los alquileres turísticos, no han visto factible añadir en esta legislación -cuyo texto estaba ya cerrado- una regulación en este sentido con prisas y a solo unas horas de su votación.

De hecho, tanto los nacionalistas como el PSOE niegan la “invasión competencial” que esgrimen los vascos y gallegos para rechazar la norma mientras sí apelan a este hecho en la propuesta de los morados ya que insisten en que es trabajo de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Pero no son los únicos que han intentado avanzar más en los cambios de última hora en esta norma. Más País y Compromís registraron a medio día de este miércoles -todavía durante el pleno- una enmienda para incluir un control a los alquileres temporales y la posibilidad de que los sindicatos de inquilinos se puedan presentar como ente negociador frente a los poseedores, y al mismo tiempo anunciaban estar negociando con el Gobierno una tercera. Todo para “no dejar a medias” una “buena ley”. Por su parte, el PNV decidió retirar todas sus enmiendas en la tarde de este miércoles, por lo que tumbaron la posibilidad de los socios minoritarios de añadir su propuesta en las suyas.

Pero en medio de esta pugna por ver quien se intentaba apuntar el tanto in extremis, lo que sí ha hecho esta norma es cerrar las heridas del Ejecutivo por una parte, que se congratula de un pacto "histórico", y dividir el Hemiciclo -aún más- en dos: entre los que defienden la utilidad del articulado para proteger a las familias vulnerables frente a los deshaucios y los que alertan del aumento de las okupaciones gracias a la nueva ley de vivienda. En la primera opción se encuentra la izquierda, que reivindica la necesidad de dar un marco a las familias que no tienen alternativa habitacional, mientras en el segundo la derecha, especialmente el PP, Ciudadanos y Vox. Estos insisten en un argumentario desmontado por la falta de datos en que la norma ya aprobada va a imponer complicaciones a los grandes rentistas y propietarios para desalojar a las personas que okupen con k los inmuebles de titularidad privada así como para subir los precios de los alquileres. Un modo de “ahorro” para muchas familias, según los ultras.

Las claves de la nueva ley

Con todo, la norma que este jueves ha visto la luz contempla cambios fundamentales para el mercado inmobiliario y supone un avance claro con respecto al texto que salió del Consejo de ministros gracias a las negociaciones con ERC y EH Bildu. Entre las reformas, se encuentra la reducción del concepto de gran tenedor de 10 a cinco viviendas, el tope a las subidas de los precios de los alquileres o la limitación de los gastos para los inquilinos. Todas ellas percuten en hacer valer el “derecho” a una vivienda digna que está contemplado en el artículo 47 de la Constitución para convertirlo en el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, tal y como ha defendido el Ejecutivo y especialmente Pedro Sánchez. De esta forma, la legislación establece un máximo del 2% para subir los precios durante este año, un 3% para el 2024 y el compromiso de la creación de un nuevo índice que empiece a funcionar a partir de 2025 que esté siempre por debajo del IPC.

Además, se reduce hasta las cinco viviendas el mínimo para ser considerado un gran tenedor, lo que percute directamente en los criterios para los límites anteriores. De esta forma, para los que tengan más de cinco inmuebles en áreas tensionadas se acogerán a estos topes en tres parte mientras los pequeños propietarios tendrán su límite a través de la indexación a la renta en vigor, es decir, que estará marcado por el contrato anterior. Además, el texto establece algunas bonificaciones para estos propietarios "para que les sea rentable" poner sus inmuebles en un plan de rentas. Todo mientras se amplían los derechos para los inquilinos, que ya no correrán con los gatos y honorarios inmobiliarios, que tendrán que pagarlos los dueños, al tiempo que se prohíbe también que se puedan aumentar los alquileres a través de nuevas cláusulas que no están incluidas en los contratos.

No se fomentan los deshaucios

Asimismo, el texto contempla aumentar del 30 al 40% las viviendas públicas en suelo urbanizable para destinarlo al alquiler asequible, que ha sido anunciado durante las últimas semanas por Sánchez. La última vez este mismo martes en el Senado, cuando ha dado cuenta de la construcción de otras 20.000 casas que se suman a las ya anunciadas para alcanzar las 183.000 totales en toda la legislatura. Sin embargo, lo más importante es la protección de las familias vulnerables ante los deshaucios. A pesar de las críticas vertidas por la derecha en las últimas horas, -y los intentos ultras de impulsar medidas en este sentido- esta legislación establece simplemente que las expulsiones se tengan que llevar a cabo previa notificación de la hora y el día elegido así como un aumento del control por parte de la Administración.

De esta forma, se erige por primera vez un reconocimiento de la capacidad de las autonomías para impulsar fondos con el objetivo de ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo a través de alquileres sociales o realojos. Y es que una cosa son las ocupaciones y otras las okupaciones con k, ya que para los segundos hay mecanismos en el Código Penal que lo sancionan a través del delito de allanamiento de morada mientras los primeros sí es un verdadero problema social.

Pedro Sánchez manda un mensaje a Feijóo

Tras la votación, tanto el líder del PSOE como la de Unidas Podemos han salido a celebrar de forma pública mediante una comparecencia ante los medios el éxito de lo que han tildado de "hito" con la que es la primera ley de la historia de la democracia en materia de vivienda. "Cambiamos el paradigma y dejamos atrás el modelo neoliberal de la especulación y la corrupción", ha reiterado Pedro Sánchez. "Sentamos los cimientos de una nueva política que da respuesta al auténtico problema de los ciudadanos, y sobre todo de los jóvenes, y dar cumplimiento a la Constitución", ha afirmado con una sonrisa el presidente del Gobierno, que ha llamado a convertir "un bien de lujo en uno de primera necesidad". 

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha querido mandar un mensaje a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ante las amenazas de algunos de sus presidentes regionales con no dar cumplimiento a este dictamen. "Lo que hemos visto en el Parlamento Europeo es muy grave. Tenemos una oposición a la deriva y llevan 1.603 días sin cumplir la Constitución. Ahora dicen que van a boicotear la ley donde gobiernan, se saltan a la torera las sentencias europeas en Doñana y dañan la imagen de España fuera de nuestras fronteras", ha dicho con mucha contundencia, antes de criticar que en el PP "no hay liderazgo". Por eso, Sánchez ha "pedido y recordado" a Feijóo que "las leyes se cumplen, las sentencias sobre Doñana se acatan y que la reputación de España se defiende".