Vox insiste en la okupación, con k, incluso como principal problema de la vivienda en España. La formación de extrema derecha va a defender este martes en el Congreso de los diputados una propuesta para llevar a cabo una reforma legal en pro de "combatir el fenómeno de la ocupación" y que pasa por endurecer las penas para los okupas, reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agilizar los desahucios. El partido liderado por Santiago Abascal denuncia el "aumento progresivo" de la invasión de los inmuebles así como el fenómeno de la "inquiokupación" en las viviendas de alquiler, lo que a su juicio es uno de los agravantes de la falta de oferta de pisos en nuestro país. Para argumentar este punto los ultras apelan a la defensa que hace la Constitución de la propiedad privada mientras menosprecian el que recoge el derecho a una vivienda digna, que aseguran "no es subjetivo". Todo con la aprobación de la Ley de Vivienda a la vuelta de la esquina.

Menos okupas, más desahucios

La okupación vuelve esta semana al Congreso. Después de que los partidos de la coalición y los socios del Gobierno tumbaran el pasado mes de noviembre la tramitación de una ley antiokupas propuesta por el Partido Popular y en medio de la aprobación de la Ley de Vivienda, la ultraderecha insiste en reabrir este debate. Esta vez, a través de una reforma laboral para "combatir el fenómeno de la ocupación". Así, Vox ha llevado al pleno de este martes su Proposición de Ley orgánica que contempla el endurecimiento de las penas para los okupas, reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y agilizar los desahucios. Todo después de unas semanas intensas por parte de los dirigentes de la formación, como Javier Ortega Smith, enfrentándose a inquilinos y manteros desde la calle a lo largo y ancho de Madrid como acto de campaña, tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales. 

En la exposición de motivos de esta propuesta, la formación ultra denuncia el "evidente aumento progresivo" de los casos de okupación en España, que dicen ha pasado de los 3.800 casos del año 2011 a más de 17.000 en 2021. A su juicio, esta "senda alcista" ha ido acompañada "de un aumento en paralelo de la actividad de las organizaciones o grupos criminales que se dedican a la ocupación ilegal de propiedades ajenas como forma de vida", ya sea mediante "patada en la puerta" o un incumplimiento de contrato. Además, ponen el foco en "inquiokupación", un fenómeno "contra la propiedad privada" por la que los inquilinos dejan de pagar el alquiler. "Pese a los datos expuestos, han sido pocas las modificaciones legislativas encaminadas a proteger efectivamente el derecho a la propiedad privada y a poner fin a esta situación de desamparo a los propietarios", sostiene el partido.

Así, y "a la vista de la inexistencia de protección legal de la propiedad privada frente a la ocupación", Vox busca "implementar y reforzar" las herramientas legales "con las que tutelar y recuperar la posesión de un inmueble usurpado a su legítimo propietario", reformando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, también proponen medidas para "eliminar la limitación actual de las facultades de las comunidades de propietarios para evitar y actuar contra la ocupación ilegal" y amplía "la legitimación" para actuar de los vecinos afectados. Ello pasa por una "doble vertiente", la penal y la civil. Esta última para "agilizar los procesos de desahucio" con el objetivo de "evitar someter a propietarios a dilaciones de años para recuperar la posesión de su inmueble". Estas situaciones, -dicen, "se han permitido olvidando el esfuerzo que supone para muchos propietarios tanto la adquisición como el mantenimiento de estos inmuebles, y faltando a la consideración que para muchos españoles tiene la vivienda como forma de ahorro", esgrimen en el texto.

Apelan a la Constitución, a medias

Para justificar su propuesta, los de ultra derecha apelan directamente a la Constitución, en concreto a aquellos que se manifiestan precisamente en pro de los derechos de los propietarios. "El artículo 18.2 de la Constitución Española establece que el domicilio es inviolable y, por otro lado, el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada", aseguran en el primer apartado de la exposición de motivos, en el que aseguran que "no obstante, ambos derechos constitucionales han sido constantemente conculcados en los últimos años". "En primer lugar, por los ocupantes ilegales de inmuebles. En segundo lugar, por el propio legislador, que ya sea por acción o por omisión no ha asegurado la adecuada protección legal de estos derechos, llegando incluso a fomentar su vulneración", afirman. Pero en paralelo, los de Abascal menosprecian el articulado sobre el derecho a la vivienda digna.

El artículo 47 de la Constitución Española declara que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". Pero a juicio de Vox, este "no es un derecho subjetivo", sino "un principio rector de la política social y económica y que posee un carácter informador de la actividad de los poderes públicos". "Por consiguiente, esta actuación no puede pasar por la creación de un enfrentamiento constante entre los artículos 33.1 y 47 de la CE, sino por la verdadera asunción de la administración pública de su responsabilidad de garantizar vivienda social a aquellos españoles que lo necesiten", asegura la formación de extrema derecha, que apuesta además en el desarrollo por que, de ser aprobada por la Cámara, esta PL entre en vigor "al día siguiente" de su publicación en el BOE.