A pesar de sacar pecho de ser los que han permitido sacar adelante la reforma del PSOE de la ley del solo sí es sí en el Congreso, la realidad es que no ha sido una de las mejores semanas para el Partido Popular. Tampoco para Vox. El Pleno de la Cámara Baja ha dicho no a ambas formaciones y ha tumbado varias de sus iniciativas en los tres días hábiles que ha habido esta semana en términos parlamentarios. En concreto, ha rechazado tres de sus cuatro propuestas: dos proposiciones de ley y una moción que van desde la reforma del CIS y un intento ultra para derogar la eutanasia hasta una llamada al Gobierno a resolver el "caos" en la Administración General del Estado. Solo ha sobrevivido una de los populares sobre la recuperación de la normalidad en los juzgados y tribunales tras la huelga de letrados de la Administración de Justicia.

La eutanasia se queda

Hace una semana que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anunció en rueda de prensa la reactivación de una de sus propuestas más polémicas, en concreto, sobre cuidados paliativos, registrada más de un año después de la entrada en vigor de la eutanasia contra "la cultura de la muerte de una izquierda cada vez más radical". El objetivo de esta norma -dicen los ultras- es "garantizar el derecho de las personas" a acceder a unos servicios "avanzados y de calidad" en los últimos momentos. Sin embargo, el fondo de esta Proposición de Ley siempre ha sido realmente derogar la ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia que la Cámara baja aprobó en marzo del 2021. Pero no lo han logrado.

Así, este martes el pleno del Congreso ha rechazado la toma en consideración de esta iniciativa ultra sobre cuidados paliativos en el proceso final de la vida con gran unanimidad. Y es que ha sido rechazada por 155 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención. Según la argumentación de la PL, las medidas se aplicarían a "pacientes que se encuentren en el proceso final de su vida o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso o a sus representantes legales" y también a "familiares", al "personal sanitario" que los atiende, los "centros sanitarios, públicos y privados" y las "entidades aseguradoras o mutualidades que presten sus servicios en el territorio nacional". Todo bajo el artículo 15 de la Constitución, que dice que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral".

Cerrojo a regular el CIS

En la misma situación se ha encontrado la iniciativa del PP que planteaba modificar el artículo 10 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los populares, a la luz de la presunta "manipulación" de los resultados de este barómetro con Félix Tezanos en la mira, propusieron la regulación a través del BOE de la forma de designar al dirigente del centro, a quien acusan de estar "al servicio" del PSOE y Pedro Sánchez. A su juicio es necesario "reforzar su independencia" y "cumplir con las exigencias de una actuación neutral políticamente de sus máximos responsables". Para ello, incluso, retó a Unidas Podemos a apoyar esta propuesta debido a las críticas que ha lanzado contra el director.

Así, la formación planteó la modificación del proceso de nombramiento con tres requisitos: "ser catedrático de reconocido prestigio", pasar por una evaluación de los servicios jurídicos del Congreso tras la designación por parte del Ejecutivo y bajo una "dedicación exclusiva" en este puesto. Asimismo, los candidatos no pueden haber ocupado "cargo alguno en ningún partido político u organización sindical". Sin embargo, este texto no ha recibido el apoyo del Hemiciclo, donde solo ha cosechado 155 votos a favor, 187 en contra y dos abstenciones. Los morados rechazaron este planteamiento junto al PSOE mientras la derecha la aceptó de forma unitaria.

Esta no es la primera vez que el saldo de la semana para la derecha y ultraderecha es negativo. Ya al cierre del pasado mes de marzo ambas formaciones sufrieron el portazo del Pleno de la Cámara Baja con la caída de dos de sus proposiciones en tres días. En concreto, la propuesta para modificar el delito de hurto y estafa en el Código Penal por parte de los populares y una iniciativa sobre la pluralidad política en los medios de comunicación por parte de los ultras cayeron durante las votaciones. Se trata de dos iniciativas que, además, han sido muy criticada por los grupos de la izquierda, que han mostrado su "asombro" por que estos cambios en pro de la legalidad y la variedad provengan de estos dos partidos.

Una moción contra el "caos"

Pero junto a las Proposiciones de Ley que han sido rechazadas, también ha tenido el mismo final esta semana una moción del PP, que pedía al Ejecutivo que explicara "las medidas que piensa adoptar para resolver el caos en la Administración General del Estado". Esta propuesta ha sido impulsada por los de Feijóo con el apoyo de Ciudadanos, que presentó también enmiendas para ampliar esta petición a acabar con el "mercado negro" de citas en los servicios de la Seguridad Social. Sin embargo, el Pleno ha tumbado esta propuesta con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Más País y Compromís. Sí la han apoyado, demás de los firmantes, Vox y PDeCAT con la abstención de Junts per Catalunya.

Así, la moción original pretendía urgir al Gobierno a "elaborar, de manera inmediata, un Plan de Choque que identifique los puntos negros en la gestión pública y establezca las medidas necesarias para su solución, con un calendario definido e incluyendo indicadores objetivos que permitan cuantificar su eficacia". Con la ampliación de los naranjas, está llamó a tomar medidas que atajen "el mercado negro de los conseguidores de citas, con el fin de recuperar una normal prestación de servicios públicos a los ciudadanos por parte de una Administración Pública que hoy está totalmente colapsada". El PP elevó esta moción tras una interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien admitió que había que mejorar los servicios de la administración. Cabe destacar que la coalición aprobó el pasado diciembre un plan para modernizar el sistema.

Solo una del PP, en pie

En medio de todos estos rechazos, tan solo una propuesta legislativa de la derecha ha sobrevivido. En concreto, una Proposición No de Ley del PP sobre la recuperación de la normalidad en la actividad de juzgados y tribunales tras el final de la huelga de letrados de la Administración de Justicia a finales de marzo. Unos paros que se prolongaron durante más de dos meses, con manifestaciones incluidas, y que se ha saldado con un pacto con el Ministerio que dirige Pilar Llop que contempla una subida salarial de 450 euros brutos al mes en 2024. Así, el pleno ha dado luz verde a una iniciativa no legislativa para "dotar a los órganos judiciales de los medios personales y materiales, así como mecanismos procesales de agilización para la recuperación del retraso en las actuaciones judiciales, sin que suponga un incremento de la carga de trabajo de los profesionales".

Los populares esgrimen a lo largo de la exposición de motivos del texto la necesidad de "recuperar el normal funcionamiento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que se vio interrumpido por la huelga que organizaron el pasado 24 de enero y que duró nueve semanas" dado que "se trata de un cuerpo clave para el funcionamiento" de estos servicios en nuestro país, por lo que han instado al Gobierno a llevar a cabo todas las medidas necesarias para ello. El texto -presentado en la Cámara baja a finales de marzo- finalmente ha salido adelante este jueves por 292 votos a favor, 23 en contra y 31 abstenciones tras su debate este martes y sin modificaciones.