La huelga de los letrados en los juzgados ha llegado a su fin este lunes después de más de dos meses después de haber encontrado el consenso con el Ministerio de Justicia, unos parones que se han traducido durante este periodo en la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas, según ha adelantado eldiario.es.

De este modo, los letrados han avalado la propuesta de la cartera dirigida por Pilar Llop, que ofrecía una subida salarial de 450 euros brutos al mes en 2024, todo ello después de la reunión que han mantenido ambas partes a las 11:00 horas de la mañana.

Según los datos que han aportados los propios letrados este lunes a través de un comunicado oficial, de los 2.013 votos emitidos en total, 1.524 han sido a favor, 421 en contra y 68 abstenciones.

“La propuesta del Ministerio de Justicia asume la trascendencia de las letradas y letrados de la Administración de Justicia para desarrollar los proyectos del Ministerios. La entidad de las tareas que se nos han encomendado dentro de las oficinas judiciales no sólo se ha puesto de manifiesto durante las jornadas de huelga, sino que además se reconocen ahora con una propuesta que no llega a donde nos gustaría a todos, pero que valoramos en beneficio del servicio público que prestamos. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), muestra su satisfacción ante el desarrollo, sin incidente alguno, de esta jornada de votaciones, en toda España”, exponen.

La propuesta salarial de Justicia

Cabe desglosar con detalle en qué consiste la propuesta de salarios que ha ofrecido la cartera de Llop y que, finalmente, ha avalado los letrados. El 94% percibirán una subida de 430 euros a partir de 2024, aunque solo para los 3.871 funcionarios que no tienen oficina judicial, además de los 234 de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD). Un incremento de 172 euros.

Posteriormente, la subida ascenderá a 440 euros (176 euros más) para los 158 funcionarios de los Servicios Comunes Procesales y, hasta 450 euros mensuales (180 euros más), para los 116 letrados de las secretarías de Gobierno, Coordinación Provincial y direcciones de servicio común.

Y es que el 40% del incremento mensual tendrá un efecto retroactivo desde pasado enero. Así, el 20% restante se añadirá a las nóminas de julio del año que viene.

Justicia explica que su propuesta viene justificada por las nuevas responsabilidades de estos trabajadores públicos en “los distintos proyectos de eficiencia” del Ministerio, particularmente, refiriéndose a la implantación de los tribunales de instancia.

Más de dos meses en huelga

Siguiendo prácticamente en tiempo y forma las movilizaciones de los sanitarios, los letrados también se echaron a las calles en las principales ciudades españolas para reclamar mejoras salariales. En Madrid, a finales del mes de enero, llegaron a manifestarse más de 4.000 funcionarios de nivel A1, cuando denunciaron desigualdades de hasta 1.000 euros con respecto a los jueces y fiscales, pese a pertenecer a la misma categoría: “Somos juristas, no golpistas”, reivindicaron.

Los altos funcionarios que han capitaneado la huelga pertenecen a la oficina judicial, por lo que son los encargados de dictar resoluciones y gestionar las cuentas desde las que abonan, entre otras cuestiones, pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones. Además, desempeñan otras funciones al ejercer como fedatarios públicos en las vistas y ofician bodas.

No obstante, cabe recordar que este problema se ha ido engrosando con el tiempo, a pesar de que ha sido ahora cuando se ha producido la huelga, ya que allá por 2009, a raíz de una reforma procesal, aumentaron en un 30% las competencias de los letrados, aunque sin incrementar su retribución.

Tras años de espera, Justicia y los sindicatos pactaron en abril de 2022 mejorar el régimen retributivo de dichos letrados por medio de una subida de 195 euros brutos al mes, es decir, un 5,26% más en el salario anual.

No obstante, las asociaciones convocantes la tildaron de insuficiente y, después de semanas de arduas negociaciones, Justicia rechazó la puesta en marcha de una “cláusula de enganche” con la que se pretendía que cada funcionario cobrase el 85% de lo que perciben los jueces. Finalmente, Llop ha propuesto el “complemento de eficiencia”.

Teniendo en cuenta que, tal y como se ha descrito en líneas anteriores, se han suspendido un total de 350.000 juicios y vistas durante estos dos meses, el estado de los juzgados y tribunales ha quedado afectado. En las últimas semanas, especialmente algunos tribunales autonómicos solicitaron personal de refuerzo para compensar las bajas por los parones.

En conversaciones con los medios de comunicación desde Badajoz, y antes de conocerse el acuerdo entre Justicia y letrados, Llop ha ensalzado el papel de estos profesionales, tildándolos de “esenciales” en la Administración de Justicia. “Evidentemente, se ha ocasionado un grave perjuicio al servicio público, un grave daño” tal como la suspensión de miles de visitas y diligencias, ha señalado a la vez.