Los letrados de la Administración de Justicia han iniciado este martes una huelga indefinida para exigir una mejora salarial así como una adecuación de sus condiciones laborales a las responsabilidades que ocupan. Decenas de los conocidos como secretarios judiciales se han echado a las calles de Madrid para protestar contra el Ministerio de Justicia y pedir que "cumplan los acuerdos" alcanzados. "Somos juristas, no somos golpistas" es uno de los eslóganes que se han podido escuchar en plena Gran Vía por parte de los manifestantes, cuyos paros podrían suponer la paralización de hasta 10.000 juicios al día en un momento en el que el sistema judicial está colapsado.

Mejoras salariales

Este martes, los letrados de la Administración de Justicia han comenzado una huelga sin plazos para reclamar una mejora de los salarios. Se trata de una petición que viene de lejos ya que los llamados secretarios judiciales buscan que se adapten sus condiciones a las responsabilidades que desempeñan tras las reformas de 2009 y 2015, que supusieron la creación de un nuevo modelo de oficina judicial. Estas reclamaciones llevaron en 2021 a los principales sindicatos de trabajadores a reunirse con el Ministerio de Justicia -que dirige Pilar Llop-, que firmó un acuerdo para comprometerse a adecuar el sueldo a través de una subida.

Así, se estableció un incremento medio del 5,26%, que se complementó con un 2% de la subida del sector público que se hizo efectiva en abril del pasado 2022. Un pacto que las asociaciones no secundaron argumentando que no se les convocó por separado para las negociaciones. Sin embargo, la cartera de Llop dio por cumplido con este trámite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aunque han continuado negociando. Con todo, los tiras y afloja han seguido con varios paros el pasado mes de noviembre y diciembre. Hasta este 24 de enero, cuando los sindicatos han comenzado definitivamente una huelga indefinida.

"Somos juristas, no somos golpistas"

Convocados por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), están llamados a parar sus labores sin plazo a la vista más de 4.000 funcionarios. Cabe destacar que los de mayor rango, considerado nivel A1, denuncian una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma categoría, como son los jueces y los fiscales. Así, cientos de profesionales han salido desde la madrileña Plaza de Callao al grito de "Somos juristas, no somos golpistas" o "Llop, Tontxu, salid a negociar".

Esta es una referencia a la ministra y al secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez. Este último, ha tildado este mismo lunes la huelga de "política" y "sin finalidad profesional alguna" al tiempo que ha denunciado que "quiere perjudicar a los ciudadanos". "Es una huelga contra el pueblo", ha asegurado. Y es que se produce en un momento en el que el sistema se encuentra saturado. Solo en la Comunidad de Madrid más de 400 mil personas se encuentran a la espera de una resolución debido al colapso. Estos paros podrían supone el bloqueo de entre 8.000 y 10.000 juicios al día. Uno de los paros de los últimos meses obligó a suspender declaraciones del caso Villarejo. Rodríguez, además, ha puntualizado que los letrados "no son jueces ni fiscales".

Cartas a Pedro Sánchez

Entre medias, los letrados han propuesto el pasado viernes a Eugenio Ribón, Decano del Colegio de Abogados de Madrid, como mediador con el Ministerio de Justicia ante estas protestas. Así lo ha comunicado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia de España (CNLAJ) también a través de las redes sociales, donde han apuntado a su "reconocido prestigio en el mundo judicial y conocedor de los intereses en conflicto" para su designación. Ribón, por su parte, ha hecho este lunes un llamamiento a las partes del conflicto "para llegar a un entendimiento en aras del interés general".

Al mismo tiempo, los convocantes han llegado a apelar a la "autoridad" de Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable" del ministerio. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", aseguraron en un comunicado en el que querían "alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país". "En un año electoralmente tan importante, apelamos a su autoridad para que se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto", reza el texto.