El PP de Alberto Núñez Feijóo vuelve a intentar renovar el Poder Judicial. Este martes la formación de los populares ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica en la que propone que sean los jueces quienes designen a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Esta medida se enmarca dentro de la despolitización de los órganos judiciales, es decir, que de los 20 vocales que componen el Consejo, los 12 que deben ser elegidos por los jueces -tal y como reza la Constitución- deberían ser designados por estos, sin la mediación del Parlamento, tal y como ha acontecido en las últimas semanas.

Dicha proposición de ley, a pesar de que se ha conocido este martes, fue registrada el pasado 30 de diciembre a instancias de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y elaborada por el equipo del vicesecretario Institucional del partido, Esteban González Pons. La propuesta impulsada por los de Feijóo no se sometería a votación en la Cámara Baja hasta, en principio, el próximo mes de febrero.

No obstante, ésta es una iniciativa que ya valoró el líder de la oposición con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las negociaciones que, finalmente, se frustraron ante el rechazo del PP al delito de sedición.

Requisitos que presenta el PP

Entre otros detalles de la proposición de ley, el PP reclama que dos de los 12 vocales deben ser magistrados del Tribunal Supremo, mientras que otros tres deben tener una carrera de 25 o más años en el ámbito judicial y, los siete restantes, no deberán cumplimentar esta exigencia de antigüedad.

De este modo, subrayan que bajo ningún concepto pueden haber ocupado altos cargos en el Gobierno central ni en las Comunidades Autónomas, así como puestos orgánicos en partidos durante los últimos cinco años.

Se pone sobre la mesa a la par la opción de elevar de diez a quince años el tiempo de ejercicio profesional que se les exige a los juristas de prestigio para acceder a las salas, bien de lo civil o lo penal, de los tribunales de justicia superiores. Como ejemplo, los magistrados que cuenten con menos de 20 años de experiencia en este sentido, no podrán optar al TS.

La formación conservadora defiende en su texto que el modelo actual de designación de los vocales no cuenta con el respaldo europeo de Bruselas, además de no tener la "transparencia e independencia" que se exige por parte de las instituciones democráticas. 

Hemeroteca de un bloqueo judicial

La confrontación entre Gobierno y oposición por la renovación del Poder Judicial lleva prolongándose más tiempo del debido, un tira y afloja que parece no llegar a su fin. Tal y como se ha recordado en líneas anteriores, fue el pasado mes de octubre cuando Feijóo se levantó de la mesa de negociación volviendo a cerrar la puerta a renovar el CGPJ, lo que derivó en el agravamiento de la crisis institucional. 

El Ejecutivo de Sánchez, posteriormente, logró impulsar, con la luz verde del Congreso y el Senado, una reforma judicial con dos enmiendas para modificar el Código Penal. Una fórmula que provocó que el PP la llevase con un recurso de amparo y medidas cautelarísimas al Tribunal Constitucional y, por ende, sucedió un hecho inédito en la historia democrática: el veto de una tramitación parlamentaria.

Hace escasos días atrás, el CGPJ logró, tanto por los conservadores como por los progresistas, elegir por unanimidad a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional: Segoviano, Tolosa, Campo y Díez, estos dos últimos los candidatos presentados por el Gobierno.