El Partido Popular ha suspendido las negociaciones abiertas con el PSOE para la renovación del CGPJ a expensas de que se comprometa a rectificar su compromiso de rebajar el delito de sedición. Génova ha emitido un comunicado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversara vía telefónica con Alberto Núñez Feijóo. En él, afean la disposición de Moncloa a apoyarse en otras formaciones para reformar el Código Penal y ha paralizado las conversaciones “a la espera de que decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista”.

Al mediodía de este jueves, el jefe del Ejecutivo desbordaba optimismo. “El acuerdo está listo, está preparado”, a falta de la rúbrica del PP, deslizaba desde Pretoria (Sudáfrica), donde se encuentra de visita oficial. Los populares no tardaron en desmentirle. Fuentes de la dirección aseguraban que las declaraciones de Sánchez “no se ajustan a la realidad” porque, si bien “hay avances” notables, el acuerdo no está cerrado. Y por si fuera poco, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha verbalizado en sede parlamentaria el compromiso del Ejecutivo de llevar al Congreso una propuesta para reformar varios delitos del Código Penal y homologarlos a los estándares europeos, entre otros, el de sedición. Minutos después, ha reculado, aclarando que no hay cambio alguno en ese sentido ni manejan plazos, lo que no ha convencido al PP.

El PP asegura que Bolaños les trasladó que no entraba en sus planes rebajar el delito de sedición

Sánchez y Feijóo han conversado tras la antecitada sucesión de sucesos para tomar el pulso al estado de las conversaciones. Según el comunicado de Génova, Feijóo ha recordado a Sánchez que las negociaciones todavía estaban abiertas “en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular”. El gallego le ha trasladado su extrañeza ante lo que tildan de “cambio de posición del PSOE” en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. “El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación”, aseguran.

Feijóo le ha solicitado a Sánchez que aclarase cuáles son sus intenciones al respecto a lo que el presidente ha admitido que su agenda legislativa incluye la rebaja de las penas. Los populares lo interpretan como “una incongruencia insalvable” y concluyen que “la decisión de incorporar [la rebaja de sedición] a la agenda apolítica solo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno”.

Sánchez ha telefoneado a Feijóo con ánimo de “formalizar el acuerdo que ya estaba negociado" y éste se ha agarrado a "una nueva excusa"

Por todo ello, el PP ha optado por suspender las conversaciones a expensas de que los socialistas aclaren si acometerán la rebaja del delito de sedición y si, por el contrario, la reforma del Código Penal la abordará junto a Feijóo.

“Una nueva excusa”

Una hora después de que Génova anunciase un nuevo encallamiento de las conversación, los socialistas han dado su versión de los hechos. En un comunicado han informado de que ha sido Sánchez quien ha telefoneado a Feijóo con ánimo de “formalizar el acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado”. Sin embargo, acusan al líder de la oposición de agarrarse a “una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más”.

“El Sr. Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto”, acusan, y recuerdan que “el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes”.

Con respecto a la reforma del delito de sedición, Ferraz aclara que “la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas”, por lo que no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española”.