Madrid vuelve a moverse en la misma dirección de los últimos años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anuncia nuevas rebajas fiscales para grandes patrimonios al mismo tiempo que las universidades públicas advierten de recortes, falta de personal y cuentas al límite. No son decisiones aisladas ni fruto de la casualidad. Responden a una forma concreta de entender lo público y lo privado.
La última medida es el anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que eleva la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del 95% al 99% y amplía los familiares que pueden acogerse a ella. En la práctica, supone que las grandes herencias pagarán todavía menos. Según datos sindicales, el impacto en las arcas públicas rondaría los dos millones de euros anuales y beneficiaría a alrededor de 1.500 contribuyentes con rentas altas.
Puede parecer una cifra pequeña dentro del presupuesto total de la Comunidad. Pero aquí lo importante no es solo el número, sino el mensaje. Cuando se trata de reducir impuestos a quienes más patrimonio tienen, siempre hay margen. Cuando se trata de reforzar la financiación de la universidad pública, aparecen las advertencias sobre la contención del gasto y la necesidad de ajustes.
Madrid lleva años compitiendo a la baja en materia fiscal. Es una de las comunidades con menor presión sobre las rentas altas en el IRPF y prácticamente ha eliminado el Impuesto de Patrimonio. La estrategia es conocida: atraer capital, empresas y contribuyentes de alto nivel económico. El argumento oficial habla de dinamismo, libertad y crecimiento.
El problema es que los ingresos públicos no son infinitos. Cada rebaja tiene un coste. Y cuando se reduce la recaudación, ese dinero deja de estar disponible para hospitales, colegios o universidades. No es una cuestión teórica. Es una relación directa: menos ingresos implican más tensión en los servicios públicos si no se compensa por otra vía.
En la educación superior madrileña esa tensión ya es visible. Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno universitario, con 6.975 euros anuales. Al mismo tiempo, es la que mantiene las tasas más elevadas, con una media de 2.052 euros por curso. Es decir, el esfuerzo público es menor y el esfuerzo privado, mayor.
Este desequilibrio no es neutro. Cuando las familias pagan más y la financiación pública es más baja que en otros territorios, el acceso deja de depender solo del talento y el esfuerzo. Para muchos estudiantes, estudiar en la universidad pública de su propia comunidad se convierte en una decisión económica complicada.
La situación se refleja con claridad en la Universidad Complutense de Madrid, la mayor universidad presencial de España. La institución ha anunciado un recorte presupuestario de más de 33 millones de euros para el periodo 2025-2028. El plan incluye reducción de profesorado, supresión de asignaturas optativas y titulaciones, y la no reposición de plazas tras jubilaciones.
Antes de eso, la universidad ya había solicitado un préstamo cercano a 34,5 millones de euros al Gobierno regional para hacer frente a su déficit estructural. Es una imagen difícil de ignorar: mientras la Comunidad presume de fortaleza económica y liderazgo fiscal, su principal universidad necesita endeudarse para mantener su funcionamiento ordinario.
No se trata solo de números en una hoja de cálculo. Cuando se reducen plantillas, aumenta la carga docente. Cuando no se sustituyen jubilaciones, los departamentos se encogen. Cuando se eliminan optativas, los estudiantes pierden opciones para especializarse. Y cuando la financiación es insuficiente, la investigación queda en segundo plano frente a la urgencia del día a día.
La universidad pública no es un gasto más. Es un espacio donde se forman profesionales, se desarrollan proyectos científicos y se generan oportunidades de movilidad social. Para miles de jóvenes de familias trabajadoras, es la principal vía para aspirar a un futuro mejor que el de sus padres.
En paralelo, el sector privado de educación superior crece en la región con rapidez. Nuevas universidades y centros privados amplían su oferta académica en un entorno donde la demanda sigue alta. No hay nada ilegítimo en la existencia de universidades privadas. El problema surge cuando el sistema público se debilita hasta el punto de dejar espacio al mercado por falta de apoyo institucional.
El discurso de Ayuso insiste en la eficiencia y la libertad de elección. Pero la libertad real requiere condiciones materiales. Si la universidad pública pierde calidad y recursos, quienes no puedan pagar opciones privadas tendrán menos alternativas. La igualdad de oportunidades se resiente cuando el punto de partida depende cada vez más de la renta familiar.
La ampliación de la bonificación al 99% en Sucesiones refuerza además un modelo en el que la transmisión de grandes patrimonios apenas tributa. Se facilita así que la riqueza pase de una generación a otra con un coste fiscal mínimo. Es una decisión política legítima, pero con consecuencias claras: limita la capacidad redistributiva del sistema.
Mientras tanto, en las universidades públicas se piden los recursos necesarios. Se habla de ajustes temporales, de reorganización, de hacer más con menos. Sin embargo, ese “menos” no parece afectar del mismo modo a quienes concentran mayor capacidad económica. El esfuerzo se reparte de forma desigual.
Madrid es una región con un PIB elevado y una economía dinámica. Tiene margen para sostener un sistema universitario fuerte si así lo decide. La cuestión de fondo no es si puede permitírselo, sino qué prioridades establece. Cada euro que se deja de recaudar por una bonificación selectiva es un euro que no se destina a reforzar servicios comunes.
El debate, en realidad, es sencillo. ¿Queremos una comunidad donde el peso del éxito dependa cada vez más del patrimonio heredado? ¿O una donde el talento y el trabajo encuentren en la universidad pública una puerta abierta? Las decisiones fiscales y presupuestarias inclinan esa balanza en una dirección u otra.
Bajar impuestos a las grandes fortunas mientras se aprieta a la universidad pública no es una casualidad ni un error puntual. Es una línea política coherente con una determinada visión de la economía y del papel del Estado. La pregunta que queda es si esa coherencia responde al interés general o al de una minoría.
