Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región.
A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia. Estos dos últimos han declarado recientemente en los juzgados apuntándose entre ellos.
El pasado jueves El País publicaba que la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado la propuesta que pedían los familiares de las víctimas para agrupar todos los casos en una causa. La decisión, de la sección número 16 del organismo judicial, llega antes del auto de la sección 1, en el que las familias depositan ahora sus esperanzas para transformar la situación.
El jarro de agua fría no es el primero que cae sobre el entorno de las personas que fallecieron sin tratamiento en marzo de 2020 en esta dirección. En septiembre del año pasado, el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital se pronunciaba en la misma línea que lo hace ahora la número 16 de la Audiencia Provincial.
La parte damnificada interpuso un recurso en aquel momento, que todavía está pendiente de resolución por la sección primera, por lo que el escenario actual no es definitivo. Esta área inició los primeros trámites para estudiar el recurso hace unos días y todavía se desconoce la fecha de deliberación y el fallo.
Puede pasar que estos otros togados de la Audiencia Nacional ven a bien la apertura de una macrocausa; y aquí cabrían dos resoluciones contradictorias del mismo organismo. Con esta tesitura, cabría que el caso se elevara al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Hartazgo de los familiares: "Lo mismo de siempre"
ElPlural.com ha podido hablar con alguna víctima para conocer la sensación que les genera esta noticia, después de más de un lustro buscando justicia y reparación. Lo primero que dejan claro es que van a insistir, aunque no esconden su desidia. “Es lawfare, una vergüenza”, expresan. “Lo mismo de siempre”, resumen.
En estos términos se pronuncia Concha Quirós, quien interpuso una querella que sentó a altos cargos del Ejecutivo de Ayuso en el banquillo en el seno del quinto procedimiento judicial por lo relativo a los mencionados protocolos. En la línea de lo que indican sus compañeros para justificar la petición de aunar todas las causas en una sola, emplaza que lo contrario “no solo dilataría los procesos”, sino que niega algo que consideran una evidencia, que “todos murieron igual y por lo mismo”.
En la misma conversación, define a la presidenta madrileña como una “persona indigna” que “mueve todos los hilos que ella quiere con las víctimas y con quien quiere para salir triunfante de cualquier cosa”. “Tanto que se le llena la boca con España, las personas a las que dejaron morir asfixiados levantaron un país después de una guerra… Esto solo hace que revivamos todo el daño que ya hemos pasado”, refrenda.
Desde la plataforma Marea de Residencias esperan "con impaciencia y esperanza la resolución número 1 de la Audiencia Provincial". "De cualquier modo, aunque lamentaríamos profundamente que finalmente no haya una macrocausa por un presunto delito de flagrante discriminación que a todas luces se produjo, independientemente del resultado, desde el momento en que se dictaron órdenes de exclusión sanitaria a un sector vulnerable de la población, las familias agrupadas en Marea de Residencias estamos firmemente decididas a llegar hasta el final en el camino de la justicia por muchas trabas que encontremos en la ruta", insisten.
El firmante de los protocolos miró hacia arriba
La última declaración de las personas que se sitúan en el foco de la polémica por el trato que recibieron los mayores en los centros de la tercera edad en la pandemia del Covid está fechada a 10 de febrero, en un procedimiento impulsado, precisamente, por la querella de Quirós.
Mur defendió ante la jueza refiriéndose a lo que conocía, lo que no sabía y lo que ordenó Escudero. En concreto, señaló que el consejero era sabedor de que la medicalización en residencias no funcionaba y de que los protocolos, elaborados por el propio Mur, eran en última instancia el desarrollo de esa idea de medicalizar estos espacios.
Quien puso la rúbrica a esos documentos destacó que había enviado un mensaje al propio Escudero y a otros cargos madrileños que estaban en copia, advirtiendo de que el plan de tratar a los enfermos en esos sitios no era factible. Envió un email en el que avisó de que no quería que ninguna autoridad cargara en su conciencia con “muertes evitables”.
Ese correo iba dirigido a una alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y estaban también en copia estaban el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero -que dimitió denunciando esta forma de actuar-, o la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.
La declaración de Mur fue el señalamiento más claro hasta el momento de una posible responsabilidad del antiguo consejero de Sanidad, quien no se encuentra imputado y que no está en el cargo desde junio de 2023. En la actualidad, es senador, por lo que está aforado.
