Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía para cientos de presos

El Parlamento de Venezuela ha dado luz verde este jueves ha la ley de Amnistía que abre la puerta a la excarcelación de un gran número de presos. La norma ha sido impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien sigue sustituyendo al secuestrado Nicolás Maduro. El texto será de aplicación para aquellos que hubiesen cometido delitos desde 1999 y ha recibido el apoyo unánime de la Cámara venezolano, presidida por Jorge Rodríguez. “Saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial”, ha celebrado.

Los diputados han aprobado la iniciativa en su segunda lectura, después de que se superasen diferencias entre los bloques. En primera instancia fue aplazada por las discrepancias entre el Gobierno y la oposición, principalmente generadas por uno de los artículos del texto que recogía que los beneficiarios debían ponerse "a derecho". Esto significa, en la práctica, a disposición de las autoridades pertinentes. Si bien este aspecto no supuso un bloqueo y, durante la primera sesión parlamentaria, los diputados aprobaron por unanimidad hasta otros seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El documento final mantiene que los presos que puedan acogerse a la amnistía deben presentarse a las autoridades; no obstante, contempla que aquellas personas que se exiliaron puedan se representados por un abogado de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite, buscando dotar de una mayor seguridad al proceso. La ley tendrá un amplio grado de aplicación, llegando a perdonarse delitos de golpe de Estado cometidos a lo largo de este siglo.

Concretamente, la amnistía beneficiará a los que hubiesen incurrido en diversos delitos en el contexto de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024. Por el contrario, quedan excluidos los delitos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".

No obstante, algunos actores no han quedado suficientemente contentos. La ONG Foro Penal, que calcula que han sido liberados 448 presos desde el pasado 8 de enero, ha reaccionado a la aprobación de la ley con reticencias, asegurando que "los crímenes contra la humanidad jamás prescriben". "Es bastante restrictiva", ha señalado Alfredo Romero, presidente de la ONG, puesto que "excluye" a personas “detenidas, incluso muchas de ellas arbitrariamente". Así lo ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, donde horas antes ha apuntado a la necesidad de "recibir con optimismo" el proyecto pese a "seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos".

Otras medidas y abordajes

Más allá de la medida gracia, también se crearán instituciones que garanticen el cumplimiento del mandato parlamentario. El articulado contempla la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal, que ya ha llegado a las manos de la presidenta para su firma y difusión en la gaceta oficial venezolana. Asimismo, desde el Gobierno comienzan a separarse de la aplicación de anteriores leyes criticadas por la oposición, buscando contentar a los agentes internacionales.

"Hubo situaciones de mala utilización" de la ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ha valorado Jorge Rodríguez la norma impulsada por Maduro en 2017, abriendo la puerta a reformar esta legislación que establece penas de hasta 20 años de prisión para los delitos más graves contra las instituciones. "El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley", ha señalado, antes de señalar una mala aplicación del proyecto, algo que "tiene que ser corregido" por la comisión de seguimiento.