La asfixia financiera de las universidades públicas en Madrid ha sido una cuestión recurrente en los últimos meses, destacando el ejemplo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual, este martes, se vio abocada a anunciar un recorte de 33,18 millones de euros en su Plan Económico Financiero 2025-2028 (PEF), que incluye medidas en esta línea en aras de oxigenarse del déficit estructural que sufre.

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, así lo comunicó este martes, avanzando la inclusión de próximas medidas de “eficiencia en el gasto” e incremento de ingresos propios en aras de “reestablecer el equilibrio” en la universidad pública. Un plan que funcionará como “un instrumento obligatorio previsto en la normativa estatal y autonómica para las instituciones públicas que se encuentran en situación de déficit”.

De esta manera, la Complutense tratará de sanear los 33 millones de euros tras el déficit registrado en 2024, así como el préstamo que requirió al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de octubre por valor de casi 34,5 millones de euros. La vigencia del plan se extenderá hasta 2028 por concurrir en circunstancias que “impiden la consecución de objetivos en un plazo inferior, fundamentalmente, por el elevado importe y el origen”.

Principales damnificados de los recortes: profesorado y alumnos

Para entender el telón de fondo de la situación que atraviesa la Complutense, cabe expandir la vista a las últimas dos décadas para percibir el recorte de financiación que se ha ido secundando, menos volumen de estudiantes y unas condiciones cada vez más precarias para el personal docente. Según recoge un repaso de El País en los últimos 20 años, las aulas de la Complutense han perdido en estos últimos años 20.000 estudiantes, teniendo en cuenta que allá por 2006 la cifra rondaba los 80.000 alumnos.

En cuanto al volumen de profesores, el punto de preocupación no reside en su número, sino en sus salarios: en torno a 6.800 son los docentes que imparten clases en la Complutense, de los cuales ahora uno de cada tres es asociado -figura no permanente dentro del ámbito universitario-, que se ha visto sumada al crecimiento de la figura de ayudante doctor, otro cargo temporal y que actualmente se ha incrementado en un millar más.

Asimismo, la UCM gasta más desde 2019 en sueldos de la cantidad que puede ingresar, por lo que la problemática se estanca en este punto, ya que la institución no puede asumir las subidas salariales de los empleados públicos conforme a la normativa estatal. Del déficit mencionado, en esta cuantía supone un 8,7%.

Una realidad que se agrava con la gestión de las jubilaciones. La Complutense no convocará plazas para ascender de categoría de profesor titular o catedrático, lo que declina en un importante ahorro para el centro, teniendo en cuenta que, bajo este plan, en la partida de nuevo empleo público se invertirán unos 2,5 millones de euros. Dicho en otros términos, las plazas de aquellos docentes y demás personal universitario en jubilación no se repondrán. 

Teniendo en cuenta que se jubilan unos 40 docentes de media anualmente, estos retiros recortarán el gasto en 21,3 millones. En este 2026, se jubilarán 139 profesores, otros 89 en 2027 y 91 más en 2028, es decir, un total de 319 docentes menos en los tres próximos años, una reducción que debería traducirse en 21,2 millones de euros. En lo que concierne al personal técnico, administrativo y de gestión, el recorte será de 11,34 millones de euros. Esto supone una vía sólida para la estabilidad financiera que precisa la institución universitaria.

Bajo este contexto, también influye la eliminación de materias optativas y titulaciones, así como la reducción de las clases partidas que afectan, de lleno, al proceso académico del alumnado. Según el Rectorado, la intención es realizar “un estudio de los grados y titulaciones para analizar la viabilidad de los que tengan una baja demanda de estudiantes y no se consideres estratégicos o imprescindibles”.

Entre otras cuestiones, que no menores, cabe no olvidar los recortes en grupos de investigación o la reducción del presupuesto para becas de formación práctica en colaboración con másteres u otros departamentos.

Indignación estudiantil bajo un seísmo político

El estado de la Complutense ya conocido, y ahora acrecentado por este déficit y recortes, viene en sintonía con el seísmo político provocado por el cese del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Ayuso, Emilio Viciana, impulsor de la ley autonómica de universidades, la LESUC, que generó multitud de protestas estudiantiles y que marcha a la contra del dictamen estatal.

En lugar de Viciana, la cartera de Educación correrá a cargo ahora de Mercedes Zarzalejos, hasta ahora viceconsejera de la misma consejería y uno de los pesos pesados del PP en la Asamblea de Madrid. Al tiempo, la brecha se ha extendido ante la dimisión este martes de tres diputados de Ayuso en clave de protesta ante la marcha forzada del consejero: Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón han renunciado por “coherencia”.

A su vez, Posse ha avanzado, mientras entregaba su acta de diputado, los ceses del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

Un marco de terremoto político que, a su vez, y en la apuesta del Gobierno de Ayuso en su modelo, se enmarca en su confrontación con Moncloa ante la proliferación de universidades privadas, donde ya hay 14 centros en la Comunidad de Madrid, y pese a la realidad de infrafinanciación de las públicas.

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