En la misma semana en la que se ha conocido el cese del consejero de Educación y Universidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, así como la dimisión de hasta tres diputados del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso, un reciente informe arroja nuevos datos que estrechan el cerco sobre la gestión de la lideresa regional en materia de educación.
Así, la Fundación Conocimiento y Desarrollo ha publicado el informe de 2025 en el que se desglosa la inversión que cada comunidad autónoma destina al sistema universitario público, así como las tasas que los alumnos pagan al Gobierno autonómico correspondiente, entre otros datos. Los resultados de todo ello -que hacen referencia al año 2023- reflejan nuevamente la realidad que sufre la universidad en la Comunidad de Madrid y la asfixia a la que la responsable de Sol está abocando al estudiantado universitario. De este modo, el informe refleja que esta autonomía es la que menor inversión destina por alumno y, a su vez, la que mayores tasas obliga a pagar a los alumnos.
En primer lugar, en lo que se refiere al esfuerzo financiero que hace la Comunidad de Madrid, la inversión por alumno en la región es de 6.975 euros, mientras que en otras autonomías como la Comunidad Valenciana o el País Vasco la cifra se sitúa en los 10.000 euros. "Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana superan los 10.000 euros por estudiante. Mientras, Madrid registra el valor más bajo, 6.975 euros por alumno y si tenemos en cuenta el PIB, la riqueza de cada región, la menor ratio se dio en Madrid”, detalla Ángela Mediavilla, portavoz de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
En este mismo orden de cosas, en cuanto a la proporción entre la inversión por alumno y el PIB per cápita regional, el menor esfuerzo se dio en la Comunidad de Madrid con un 16,3%. A este le sigue Cataluña, con un 23,5% y Baleares, con un 26,7%. En la cara opuesta de la moneda, las autonomías que mayor inversión destinan por alumno son Cantabria, con un 41,2%, la Comunidad Valenciana, con un 38,1%, y Andalucía, con un 36%.
Por otra parte, en lo que respecta a las tasas universitarias que abonan los alumnos al Gobierno autonómico, los estudiantes de la Comunidad de Madrid son los que sufren las más elevadas. Así, según los datos que recoge el mencionado informe, la cuota media para acceder a estos estudios es de 2.052 euros. Por su parte, en autonomías como Galicia, Baleares, Asturias, País Vasco, las autonomías con las tasas más bajas, esta cantidad oscila alrededor de los 1.000 euros.
Cascada de dimisiones en el Ejecutivo regional
El escenario en el que se encuentra la universidad pública en la Comunidad de Madrid viene desde hace un tiempo atrás emitiendo gritos de auxilio ante la evidente deriva privatizadora a la que la mandataria regional y su equipo de Gobierno la está sometiendo. Como consecuencia de ello, el pasado mes de diciembre centenares de estudiantes universitarios salieron a las calles de la capital para expresar su descontento y para emitir su defensa a la universidad pública en un momento en el que esta está sufriendo recortes que ponen en peligro el futuro de miles de estudiantes.
Al hilo de todo ello, este lunes se conocía el cese del consejero de Educación y Universidades en medio del apogeo por la ley de universidades madrileñas. El propio Viciana ha asegurado que pidió su cese del cargo y le agradeció a Ayuso la oportunidad de formar parte de su gobierno: “Ha sido un honor servir a los madrileños estos años. Hoy se publica mi cese -a petición propia-, y quiero agradecer a mi equipo la gran labor hecha. Hemos abierto nuevos caminos y afrontado todos los retos. Gracias a la Presidenta Díaz Ayuso por esta oportunidad”.
Tras ello, este martes han comunicado su dimisión tres diputados del PP de Ayuso: Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón. En el caso de Posse, este ha anunciado su renuncia al acta de diputado y ha adelantado los inminentes ceses de dos directores generales de la Consejería: el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera. Los otros parlamentarios que han presentado su dimisión son también altos cargos afines a Viciana. Se trata de Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud.
