La doble velocidad de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lleva tiempo siendo un habitual, y la ponen frente al espejo casos tan polémicos y mediáticos como el del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, o el del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
En los últimos días salía a la luz, después de una investigación de los inspectores de Hacienda que trabajan para la Fiscalía Anticorrupción, que el despacho del que fuera uno de los hombres fuertes con el Gobierno de Mariano Rajoy había ganado 35,5 millones de euros, ascendiendo de esta manera la cuantía inicial. El organismo había detectado 2.100 operaciones entre 2008 y 2013 y más de 150 cheques de origen desconocido.
Más detalladamente, el lobby gasístico, epicentro de la situación que se investiga por haber presuntamente recibido leyes a medida para beneficiarse de una rebaja del 85% en el impuesto especial eléctrico, habría inyectado cerca de un millón de euros al despacho de Montoro a través de pagos troceados de 12.000, 18.000 y 36.000 euros en dos cuentas para no dejar rastro.
Además de tomarse en serio la investigación, el organismo ha pedido la colaboración de Alemania, Estados Unidos (EEUU) y Luxemburgo para indagar en la información de cuentas que estarían vinculadas a diferentes socios del exministro.
Lo llamativo es que esta forma de actuar choca con la de la UCO. Otra vez. Mientras la sección de la Benemérita dio portazo al escenario en febrero de 2025, después de analizar prácticamente durante dos años las mismas cuentas bancarias y terminar por no ver nada, Antifraude ha puesto sobre la mesa un informe de 227 folios que describen una cantidad de movimientos que, cuanto menos, llama a hacerse preguntas.
En este punto, se han detectado siete transferencias cuyo destinatario era Montoro por 137.000 euros, uno de ellos a su mujer por 1.450 euros que nadie sabe de dónde proviene. Con los mismos números, la UCO elabora el mencionado documento y un año más tarde Hacienda asegura que existe un montante importante de transferencias que superan los 35 millones de euros de ingresos, o pagos por trajes a medida hechas en el Parlamento.
Siempre el mismo 'modus operandi'
El ‘modus operandi’ de la UCO lleva meses sino años siendo polémicos, debido a que aplica la doble vara de medir en demasiados casos. Sin ir más lejos, cabe recordar la lentitud en todo lo referente a la pareja de Ayuso frente a la rapidez con la que han actuado en cuestiones relativas a José Luis Ábalos, Koldo García o Begoña Gómez. En definitiva, en cualquier cosa que pudiera comprometer al Ejecutivo de España.
La Unidad Central Operativa lleva más de 200 días sin redactar el informe. Y no solo es que no se haya elaborado, sino que ni siquiera se tiene noticia alguna. Cualquier paso de la Benemérita en cualquier investigación es crucial, y en la de González Amador no iba a ser una excepción. Sin embargo, esta sección del cuerpo no parece atender a ello.
Así se mantiene reflejado después de que la brigada del teniente coronel Antonio Balas recibiera la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que de nuevo presionaba, el pasado 27 de junio. En el informe del organismo, al que tuvo acceso ElPlural.com, se hablaba del incremento patrimonial que registró la compañía Maxwell Cremona -epicentro de la trama- entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que el empresario está acusado de haber cometido un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.000 euros.
Pagos troceados y una cantidad mayor
Volviendo al ‘caso Montoro’, los últimos avances de éste pasan porque el despacho fundado por el exministro habría troceado pagos de las firmas gasistas con el fin de no ser detectados. En total, tal y como se ha señalado unas líneas más arriba, el organismo apunta a cerca de un millón de euros a cambio de varias reformas legislativas a placer.
Y todo ello aparece en un texto elaborado por la Agencia Tributaria que apunta a las eras de Rajoy y de José María Aznar. El despacho habría cobrado supuestamente un total de 991.613 euros y no 670.000 como se pensaba en un principio, y no descarta que la cantidad pueda ser mayor si se encuentran más pagos ocultos.
Los pagos se habrían producido "coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales.
Equipo Económico “dividía el importe total de fondos convenidos y cobrados entre las distintas gasísticas investigadas”, “fraccionaba en pequeñas cantidades" el importe que supuestamente le correspondía a cada uno de ellos y efectuaba el ingreso "en al menos dos cuentas bancarias diferentes”.
Hacienda recalca que “atendiendo a los documentos intervenidos, tal fragmentación de pagos sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal”. Y, más allá de esto, reclama más información bancaria a Montoro.
