El llamado caso Montoro sigue abierto y sin un horizonte claro de cierre. Años después de iniciarse la investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una nueva prórroga de seis meses para continuar con la instrucción, al considerar que aún quedan diligencias clave por practicar y documentación esencial por analizar en una causa marcada por la complejidad técnica y la dilatación procesal.
Lo que en sus primeros años fue una investigación relativamente desconocida para el gran público se ha convertido con el paso del tiempo en una de las causas judiciales más seguidas del panorama político español. El procedimiento se centra en presuntas irregularidades vinculadas a la actuación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a su entorno profesional, especialmente en relación con el despacho de asesoramiento tributario Equipo Económico, fundado en 2006 y estrechamente ligado a su trayectoria.
El laberinto judicial del caso Montoro
Según los últimos autos judiciales a los que ha tenido acceso ElPlural.com, el juez ha autorizado a la Fiscalía a recabar documentación mercantil completa —hojas registrales, memorias y cuentas anuales desde 2008 hasta 2025— de un amplio conjunto de sociedades vinculadas directa o indirectamente al exministro y a su entorno profesional
Además de Equipo Económico, la investigación se extiende a otras mercantiles como Montoro y Asociados Asesores, Global de Asesoramiento Financiero, Tributario, Económico, Legal e Internacional (Global Afteli), Tutman Fiscalía, Econodos, Consultoría y Diagnóstico, Anvalia 7, Tax Dynamics, White Light Solutions, Falumar Inversiones o Piro Yield, entre otras. El objetivo es reconstruir con precisión la evolución de estas sociedades, su titularidad real, los órganos de administración y los posibles flujos económicos entre ellas.
Sin embargo, la causa no se limita al exministro. Abarca a una treintena de personas físicas y varias personas jurídicas, incluidos antiguos altos cargos del Ministerio de Hacienda, exdirectivos de la Agencia Tributaria, profesionales del bufete y representantes de grandes empresas, especialmente del sector energético y gasístico.
Otra de las líneas que cobra mayor peso en esta fase es la investigación del patrimonio personal y familiar de los principales investigados. El juez ha ordenado recabar información notarial sobre el régimen económico matrimonial, inventarios de bienes y documentación anexa que permita conocer el detalle y la valoración del patrimonio de Montoro, su esposa y varios colaboradores relevantes
Asimismo, se ha solicitado información al Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre los ingresos declarados por estas personas entre 2006 y 2025. La Fiscalía considera necesario esclarecer si existieron estructuras patrimoniales orientadas a ocultar bienes, ingresos o vínculos económicos que no habrían sido reflejados de forma transparente.
El papel clave de las empresas gasísticas
La investigación mantiene también su foco en la relación entre Equipo Económico y grandes compañías del sector gasístico, presuntamente beneficiadas por modificaciones normativas impulsadas durante la segunda etapa de Montoro como ministro de Hacienda, entre 2011 y 2018.
Para ser más precisos, la acusación sostiene que parte de estos cambios normativos, impulsados sobre todo durante la segunda etapa de Montoro como ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, favoreció la reducción de impuestos o la modificación de reglas fiscales a favor de empresas gasísticas y de otros sectores económicos. Esto es precisamente lo que la Fiscalía quiere ahora esclarecer con mayor profundidad: no solo si los pagos y servicios se correspondieron con trabajo real, sino si hubo una conexión ilícita entre las decisiones políticas y los beneficios empresariales.
En este sentido, el mencionado auto judicial ordena recabar documentación mercantil y contractual de empresas como Air Liquide, Abelló Linde, Carburos Metálicos, Praxair España (actualmente Nippon Gases), Messer Ibérica y de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Estas compañías deberán aportar estudios, trabajos, facturas y documentos que acrediten los servicios prestados por Equipo Económico y Global Afteli.
La Fiscalía trata de determinar si esos servicios respondieron a asesoramientos técnicos reales o si, por el contrario, pudieron servir como canal de intermediación para influir en reformas fiscales que habrían beneficiado directamente a determinadas empresas del sector.
Entre las diligencias acordadas figura también la incorporación definitiva a la causa de correos electrónicos y documentación interna del Ministerio de Hacienda, algunos de los cuales no habían podido ser consultados hasta ahora por estar en formatos inaccesibles o alojados en servidores internos del departamento
El juez ha requerido tanto a los Mossos d’Esquadra como al propio Ministerio que faciliten estos archivos, al considerarlos relevantes para esclarecer las relaciones entre el despacho investigado y distintos órganos de la administración tributaria, incluida la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria.
Por qué la causa sigue prolongándose
En su resolución, el magistrado reconoce expresamente que se trata de una investigación de extraordinaria complejidad, en la que el levantamiento del secreto de sumario ha generado una intensa actividad procesal, con numerosos escritos, recursos y peticiones de las partes personadas
Estas circunstancias han dificultado el avance de la instrucción, incluida la toma de declaración de los investigados, y han llevado al juez a considerar necesaria una nueva prórroga para poder completar las diligencias pendientes. La causa investiga posibles delitos que podrían abarcar desde cohecho o fraude contra la administración pública hasta tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental, aunque por el momento no se han concretado imputaciones definitivas.
