El teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, ensalzaba en un pomposo brindis navideño a bombo y platillo la lucha de la Benemérita en aras, señalaba, de la Justicia y “una sociedad mejor”, contra los “dragones” que se le han aparecido en el camino en el ya pasado 2025.
“En algunos mapas antiguos de rotulaban territorios desconocidos, no explorados o peligrosos con la frase Hic Svnt Dracones, aquí hay dragones; a nosotros siempre nos ha dado igual los dragones que pudiese haber, porque como reza nuestro libro Todos somos uno, la fortaleza del compañerismo, la amistad y la unicidad de acción y propósito lo pueden todo (…) El rigor y la objetividad que plasmáis en vuestro quehacer diario actúa como escudo ante todo aquello que pretende mellar nuestra credibilidad. Perseverad en ello, pues así prevaleceréis”, esgrimía el relato.
Sin embargo, la actuación de la UCO en el curso que acaba de quedar atrás no ha estado exenta de polémica debido a la rapidez con la que el cuerpo ha actuado en algunos casos respecto de otros. Por ejemplo, las investigaciones acerca de Begoña Goméz, mujer de Pedro Sánchez, o de José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García; o Santos Cerdán, secretario de Organización socialista, que se le han solicitado has ido especialmente rápido. No así lo relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, o el exministro de Hacienda en época de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.
Casi 200 días sin el informe sobre González Amador
En cuanto rodea al compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el momento de publicación de estas líneas han pasado cerca de 200 días desde que el juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid ordenara a la UCO el informe de la investigación en curso.
Se trata de una parte que se antoja clave para el futuro judicial del empresario y que podría retomarse en enero, pero cuya fecha de entrega sigue siendo una incógnita a pesar de que la solicitud data del 27 de junio. En verano, la Fiscalía Anticorrupción pidió al mencionado cuerpo la elaboración de un documento sobre el perfil del empresario investigado en relación con la segunda causa judicial que recae sobre él: presunta corrupción en los negocios y administración desleal.
De esta manera, ha pasado más de medio año y no hay indicios de que llegue en tiempo y forme una solicitud que pasa porque “se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, tal y como tuvo acceso entonces ElPlural.com.
Aquí se recuerda el importante incremento patrimonial que registró la empresa Maxwell Cremona, epicentro de la trama, entre 2020, año de la pandemia, y 2021; mismo periodo en el que se le acusa también de haber cometido el presunto fraude fiscal a la Hacienda pública de más de 350.000 euros.
A más a más, ni siquiera se sabe si la investigación ha dado comienzo, ya que, en noviembre, la brigada del teniente Balas indicó en una entrevista concedida a El Mundo que “fuentes de la investigación” llevaban “solicitando las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento”, pero que no fue hasta el 8 de noviembre que un juzgado avaló el trámite.
Parsimonia también en el 'caso Montoro'
En cuanto al ‘caso Montoro’, según el cual el antiguo despacho del exministro, Equipo Económico, podría haber intercedido en el Ejecutivo para conseguir reformas legislativas y beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios de empresas, sobre todo gasistas, durante las legislaturas del PP, el departamento tampoco está brillando por su celeridad.
La propia Fiscalía señaló los tranquilos pasos de los agentes y negó las prematuras conclusiones obtenidas, sentenciando lo siguiente: “tras efectuar un análisis individualizado de los productos bancarios, se ha constatado que una mayoría significativa de estos carecen de relevancia para la investigación, razón por la cual no ha sido incorporados al cuerpo del informe, recogiendo dicho Cuerpo Policial en su informe solo el análisis efectuado a 10 cuentas de entre las más de 200 que fueron entregadas. Así que ninguna conclusión puede extraerse del mismo”,
Preguntados por este periódico, prefieren guardar silencio, mientras que la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, apuntaba que el informe de la UCO sobre la causa que afecta a la derecha mediática “tiene un alcance limitado”. Con todo, Anticorrupción no da por buenas las afirmaciones que sostiene la defensa del bufete y que exculparían a EE (siglas de Equipo Económico) de los pagos, retribuciones irregulares, comisiones o dádivas de funcionarios.
