Desde que el juez Juan Carlos Peinado puso el foco en el rescate público de Air Europa dentro del caso Begoña Gómez, cada paso en esa dirección ha terminado en revés. Las resoluciones de la Audiencia Provincial, los recursos de la Fiscalía y los informes de la UCO han ido cerrando, uno tras otro, los caminos que el magistrado trataba de abrir para investigar la operación financiera aprobada durante la pandemia. Lejos de consolidarse como una línea sólida dentro de la causa, la derivada sobre la aerolínea ha quedado marcada por decisiones judiciales que cuestionan su encaje procesal, por advertencias del Ministerio Público sobre la falta de indicios y por valoraciones policiales que descartan la existencia de hechos nuevos relevantes. El resultado es una sucesión de correcciones institucionales que han ido delimitando, con creciente claridad, el alcance real de la investigación.
La causa que instruye Peinado nació a partir de una denuncia centrada en las actividades profesionales de Begoña Gómez, especialmente en su vinculación con la Universidad Complutense y en el posible uso de su posición para obtener beneficios o influencias. Ese era el perímetro inicial del procedimiento y, durante meses, el eje sobre el que giraron las diligencias. Sin embargo, la inclusión en la denuncia de referencias al rescate de Air Europa —aprobado por el Gobierno en el contexto de la crisis sanitaria— abrió una puerta que el instructor trató de ensanchar progresivamente.
Ese movimiento generó desde el principio reservas en las instancias superiores. La Audiencia Provincial permitió continuar con la investigación principal, pero dejó fuera cualquier exploración sobre la ayuda pública a la aerolínea al considerar que se trataba de conjeturas sin conexión directa con el objeto de la causa. Aquella primera delimitación marcó el tono de lo que vendría después: una tensión constante entre el intento del juzgado por avanzar en esa línea y la negativa reiterada de los órganos de control.
Revés tras revés en la vía de Air Europa
A lo largo de 2024 y 2025, la Audiencia Provincial de Madrid intervino en varias ocasiones para anular decisiones del juez orientadas a obtener información sobre el rescate. Cada resolución insistía en la misma idea: la investigación debía ceñirse a los hechos inicialmente denunciados y no podía ampliarse sin indicios nuevos que justificaran esa extensión.
Las providencias mediante las que Peinado solicitó documentación a organismos públicos o trató de impulsar informes policiales fueron revocadas con argumentos similares. El tribunal subrayó que basar diligencias en informaciones periodísticas o en sospechas no contrastadas no resulta suficiente para abrir una línea penal autónoma. Con ello, la Audiencia no solo corregía actuaciones concretas, sino que establecía un marco jurídico restrictivo que dejaba sin recorrido la vía de Air Europa dentro del procedimiento.
En paralelo, la Fiscalía mantuvo una oposición constante a los intentos de reactivar esa derivada. Sus escritos incidieron en la ausencia de datos objetivos que permitieran relacionar a Begoña Gómez con decisiones administrativas sobre el rescate y alertaron del riesgo de convertir la causa en una investigación prospectiva, algo prohibido en el proceso penal.
El Ministerio Público llegó a advertir de que determinadas iniciativas podían interpretarse como una investigación encubierta sobre hechos ajenos al objeto inicial. Esa valoración reflejaba una preocupación de fondo: que el procedimiento se expandiera sin base probatoria suficiente, comprometiendo las garantías procesales y la propia solidez jurídica de la causa.
Una línea agotada por falta de pruebas
El episodio más reciente se produjo cuando el juzgado dio trámite a una denuncia que pretendía aportar supuestos datos nuevos sobre el rescate de la aerolínea. Ante esa situación, se solicitó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un análisis que permitiera determinar si existían elementos inéditos con relevancia penal.
La respuesta fue concluyente. El informe descartó la existencia de hechos nuevos verificables y señaló que gran parte de la información ya constaba en el procedimiento o carecía de respaldo documental. También subrayó la imposibilidad de contrastar determinadas afirmaciones, lo que impedía otorgarles valor investigativo. Con ello, la propia policía judicial cerraba la última vía que el instructor había tratado de abrir para reactivar la línea sobre Air Europa.
De momento, la investigación del caso Begoña Gómez continúa su curso en torno a las líneas originalmente trazadas (universidad, software, asesora), sin el controvertido episodio de Air Europa. Queda por ver si el juez Peinado finalmente da carpetazo a esta vía muerta o encuentra alguna nueva artimaña para insistir. En cualquier caso, los precedentes recientes señalan que cualquier paso fuera del tiesto volverá a ser cortado de raíz por la Audiencia de Madrid. La historia de esta instrucción, que combinó elementos de la vida académica con teorías de conspiración empresarial, ha derivado en un aviso aleccionador: ni siquiera la determinación de un juez por seguir una pista polémica puede prosperar cuando faltan pruebas sólidas y cuando todas las instancias superiores –Fiscalía, Audiencia e incluso la UCO– coinciden en frenarla en aras del rigor y la legalidad.
