La Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto el freno al intento del juez Peinado de investigar a Begoña Gómez por Air Europa. Así, le ha hecho saber al magistrado que no hay "hechos nuevos" que puedan justificar la apertura de una investigación sobre el rescate de la aerolínea.

Según informa El País, así la UCO ha frenado a Juan Carlos Peinado, juez que instruye la causa contra Begoña Gómez. Este freno llega después de que la Audiencia Nacional le haya puesto distintos límites al instructor, que ha intentado indagar en esta vía en varias ocasiones.

Los agentes han señalado en un informe de apenas tres páginas que "no se observa la existencia de nuevos hechos", dando respuesta a la petición que el magistrado realizó el pasado mes de diciembre, relativa a la denuncia de un particular que afirmó que existía información “sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios” de la mujer del presidente del Gobierno “que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa”.

Dos años de correcciones a la instrucción

Desde que en abril de 2024 se abrió la causa a raíz de la admisión de la denuncia de Manos Limpias, la instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado no ha dejado de someterse a constantes correcciones por parte de órganos judiciales superiores. A lo largo de 2024 y 2025, la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado y anulado reiteradamente decisiones suyas, cuestionando imputaciones, órdenes de registro y otras diligencias por considerarlas mal justificadas o directamente atentatorias contra derechos fundamentales.

Uno de los capítulos más persistentes ha sido el intento de incorporar en la investigación el rescate público de Air Europa, aprobado en plena pandemia para evitar la quiebra de la aerolínea. Peinado ha intentado en varias ocasiones ligar esa operación -un préstamo de 475 millones de euros, similar al concedido a otras empresas consideradas estratégicas- con un presunto trato de favor supuestamente impulsado por Begoña Gómez. No obstante, la Audiencia ha rechazado esa conexión hasta en cinco ocasiones, al entender que la relación propuesta se sustentaba en “meras especulaciones” y en coincidencias personales y temporales que no alcanzan a constituir indicios penales.

En una de las resoluciones más claras, los magistrados expresaron que con los elementos disponibles no existía una base objetiva para indagar sobre ese rescate, más allá de hipótesis que no eran suficientes para sostener una instrucción penal. A pesar de ello, Peinado ha persistido en reabrir esa línea de investigación, incluso ordenando a la UCO que analizara escritos aportados por abogados que no están personados en la causa en un intento por encontrar nuevos elementos que justificaran el avance de esa pieza.

Otro revés importante para el juez llegó en enero de 2025, cuando la Audiencia anuló los registros ordenados por Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés, así como la clonación de sus dispositivos electrónicos. El tribunal estimó que la actuación vulneró de forma injustificada el derecho a la intimidad del investigado, porque se apoyaba únicamente en su relación personal con Gómez y no en indicios sólidos de delito. La resolución fue contundente: además de dejar sin efecto las diligencias, ordenó la destrucción del material incautado y censuró la amplitud y duración de una operación que se prolongó durante dos días completos.

La lista de rectificaciones no se limita a eso, sino que incluye también la revocación de varias imputaciones dictadas por Peinado. En mayo de 2025, la Audiencia dejó sin efecto la condición de investigados del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes. En ambos casos, los magistrados consideraron que las decisiones del juez no se apoyaban en hechos concretos que justificaran una acusación penal, sino que se basaban en interpretaciones forzadas de declaraciones y actuaciones administrativas.

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