La desprotección del periodista ante la ley: “Si te toca un juez Peinado ante Vito Quiles lo tienes más complicado”

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ya ha publicado su balance de 2025, en el que denuncia “un patrón sostenido de ataques y acoso a periodistas”, que combina agresiones físicas, intimidación durante coberturas informativas y campañas de hostigamiento digital. Solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales para ver como centenares de cuentas -en su inmensa mayoría sin siquiera fotografía o un nombre más allá de una mezcla sinsentido de letras y números- difaman, insultan o humillan a profesionales de la información con una sensación de impunidad plena. ElPlural.com ha hablado con Isaac Guijarro, cofundador y director jurídico de Olympe Abogados, quien ha reflexionado sobre las distintas formas de acoso que continúan creciendo y la desprotección que viven, como consecuencia, los periodistas. 

Pregunta: ¿Qué tipo de acoso veis que es más habitual?

Respuesta: Lo que más vemos es un acoso machista o misógino. Es verdad que los periodistas, sobre todo de televisiones que la ultraderecha considera progresistas o de la televisión pública son los que más odio reciben, pero dentro de esos medios las mujeres son las que más odio reciben. Lo que más vemos es esa misoginia y ese machismo de ‘te has tenido que poner de rodillas para estar en este programa’. Con los hombres no vemos que exista tanta inquina.

(P): ¿Qué impacto tiene este acoso en la libertad de prensa y en el derecho al ciudadano a recibir información veraz?

(R): Total. Cuando acosan o agreden a alguien perteneciente a un colectivo, por el mero hecho de pertenecer a ese grupo no sólo están atacando al individuo, sino a todo el colectivo. En materia de los periodistas pasa igual. Por ejemplo, con Sarah Santaolalla, si soy mujer, digo abiertamente que soy progresista y trabajo en varios programas, me expongo a que me pase lo mismo que a ella.

Es una manera de intentar dominar a las mujeres, o a los periodistas y, por tanto, también de privarnos a los ciudadanos de una información veraz, de un derecho fundamental que tenemos a base de violencia y de vulnerar los derechos de esa persona en concreto y de la ciudadanía en general.

Estamos tolerando la violencia mediática a un punto peligrosísimo. No sé qué falta, que maten a alguien por la calle

(P): ¿Qué papel juegan los bulos, la polarización, la extrema derecha y sus líderes de opinión en estas campañas?

(R): Un papel tremendamente importante. Hay gente a la que le da igual que la noticia sea verdad o mentira, simplemente quiere esparcir odio y le viene genial que se diga algo aunque sea inverosímil para utilizarlo como excusa.

La ultraderecha financia campañas de bots para alimentar ese odio y, en un momento de polarización, son mensajes que calan mucho. Cala muchísimo más rápido un mensaje que sea muy visceral a un mensaje que sea más calmado y explicativo. Además, luego, cuando alguien dice que no es un bulo, esa reacción la ve menos de la mitad de la gente que vio el bulo.

Es terrible porque no hay un muro de contención aparente, parece que es algo que tienes que tolerar y dar por hecho por el mero hecho de ser periodista o progresista. Estamos tolerando la violencia en redes sociales y la violencia mediática a un punto peligrosísimo. No sé qué es lo que falta, que maten a alguien por la calle o que le peguen una paliza para que realmente nos pongamos a hacer algo.

(P): ¿Crees que España cuenta con herramientas legales suficientes para proteger a los periodistas o existe un vacío normativo?

(R): No, no hay suficiente normativa para protegerles. Muchos periodistas piden amparo a alguna asociación de la que formen parte, pero eso implica que saque un comunicado, que no está de más, pero no hay una forma efectiva de dar ese amparo. Están expuestos a la violencia constante.

No hay suficientes herramientas legales y las que hay, los juzgados tampoco las ejercen de una manera responsable y teniendo en cuenta todo lo que se juega, que no es sólo que están atacando a esa persona, sino que también están privando a los demás del derecho a la información.

Que los juzgados sean tan lentos crea un caldo de impunidad que la ultraderecha sabe y aprovecha perfectamente

(P): ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Si se hace una sola normativa tendría que ser muy amplia, porque a día de hoy existen cada vez más formas de acoso diferentes.

(R): Totalmente. En materia de redes sociales hay una desprotección absoluta. Si te ataca algún político con nombre y apellidos sí que lo puedes identificar, pero si te ataca ‘EspañaporVox1234’ es muy difícil identificar. Son perfiles que se suelen borrar y crear unos nuevos, y luego las plataformas como X no dan información. Incluso si un juzgado condena a una persona y establece que se debe borrar su perfil, X dice que no.

El que una empresa que presta sus servicios en España tenga toda la tranquilidad de no cumplir con la normativa española y sin ningún tipo de consecuencias me parece gravísimo. Habría que regular muchísimo más el tema de las redes sociales en todos los sentidos.

Por otro lado, en materia de juzgados, que es la reivindicación de hace décadas, meter mucho dinero también para que puedan ir rápido y no tardar tres años. En ese tiempo te han podido dar una paliza o puedes estar ya emocionalmente machacada. No solo habría que sacar nuevas leyes mucho más garantistas, sino también dar a los juzgados una serie de medios materiales y económicos para que puedan aplicarlas.

Se junta todo y hay un cóctel molotov de impunidad absoluta en el que vas a denunciar, pero vas a tener los juicios de aquí a tres años en caso de que encuentren a esta persona. El que los juzgados sean tan extremadamente lentos y poco proactivos, porque si tienes 200.000 procedimientos no te vas a poner a investigar cada uno al milímetro, crea un caldo de impunidad que la ultraderecha sabe y aprovecha perfectamente.

(P): Mencionabas a Sarah Santaolalla. Recientemente, la periodista ha denunciado a Vito Quiles por acosarla y seguirla. ¿Estamos ante un posible delito de acoso según nuestro Código Penal?

(R): Absolutamente, sobre el papel entra dentro del delito de acoso de una manera perfecta. Tenemos antecedentes, por ejemplo, del acoso que sufrieron en su casa Pablo Iglesias e Irene Montero y la jueza les absolvió de un caso de acoso que era evidente porque dijo que es verdad que era muy incómodo pero que era más político. Sarah Santaolalla podría solicitar medidas cautelares mientras dure el procedimiento, que se ponga una orden de alejamiento o una prohibición de comunicación, por ejemplo.

Tenemos siempre los sesgos del juez o de la jueza de turno que te toque. Si te toca el juez Peinado de turno y tú eres de izquierdas, y es un caso contra Vito Quiles, lo tienes más difícil que si te toca otro juez. Es un caldo de cultivo complicado. No me siento muy positivo.

Lo de Vito con Santaolalla entra dentro del delito de acoso de una manera perfecta

(P): ¿Qué pruebas consideras que son clave para que una denuncia como esta prospere en este tipo de casos?

(R): Si es en la calle, grabaciones, fotografías de las veces que te está persiguiendo, un testigo si te ha pasado con alguien. Si es por redes sociales, capturas de todos los tuits o el contenido que sea pertinente. Lo más importante es aportar pruebas. Cuantas más, mejor.

En el caso de Santaolalla, ha tenido que cambiar su forma del día a día, sus hábitos. Esto es algo muy importante no solo para el delito de acoso, sino incluso para la posible indemnización por daños y perjuicios a la que tiene derecho cualquier víctima.

(P): En casos como este los acosadores se justifican muchas veces en la libertad de información. ¿Legalmente están amparados por ella?

(R): Para nada. Una cosa es esperar en el Congreso y hacer un canutazo, que lo hacen muchos periodistas y puede ser incómodo, pero eso sí que forma parte del derecho de información, y otra cosa es la forma de actuar, el perseguir a tu casa. Ahí no hay ningún tipo de interés.

Hay una serie de parámetros que utilizan los juzgados para cuando chocan los derechos. Muchas veces tenemos, por ejemplo, el derecho al honor frente a la libertad de expresión, entonces uno de los parámetros es el interés público de esa información. También según las frases que se utilicen, según las preguntas que se hagan.

Ellos se amparan en esta libertad de información o libertad de expresión para intentar salir impunes, pero, en mi opinión, no tiene ningún tipo de recorrido. Esto desborda el derecho a la información y vulnera el derecho a la intimidad y a la propia imagen, y también a la libertad de tránsito.