La reforma de la ley del solo sí es sí propuesta por el PSOE acaba de salvar el primer examen, el del Congreso de los diputados, para su puesta en marcha, sin sorpresas y con una manifiesta herida abierta. Después de unas 52 horas tensas de reclamos y apelaciones, el Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde en torno al medio día al texto impulsado por el socio mayoritario de la coalición para modificar la norma del Ministerio de Igualdad de Irene Montero sin el apoyo, precisamente, del partido que la capitaneó -Unidas Podemos- ni del bloque progresista pero con el de la derecha. Esto ha vuelto a distanciar de los socialistas a sus principales aliados, que han criticado -especialmente Irene Montero- con dureza su acercamiento a los de Alberto Núñez Feijóo en pro del feminismo y de los derechos de las mujeres. De hecho, el PP ha sido la única formación que se ha puesto en pie en la bancada para aplaudir tras salir adelante la norma.

Así, la Cámara Baja ha dado su aprobación a la iniciativa de los socialistas con amplia mayoría. Eso sí, respaldada en la bancada contraria. Con 233 síes, 59 noes y cuatro abstenciones, la propuesta de los de Pedro Sánchez ha visto el del Partido Popular, PNV, PDeCat, Coalición Canaria, Foro Asturias, Navarra suma y Ciudadanos mientras ha apostado por el no la formación morada junto a ERC, EH Bildu, BNG, Compromís o Más País. Se ha abstenido Junts per Cataluña y Vox no ha participado. Una ruptura en el seno de la Moncloa y en el hemiciclo anunciada desde hace semanas pero que se ha hecho aún más evidente en la votación de este jueves, paso previo para su puesta en marcha. Ahora la Proposición de Ley tendrá que pasar -previsiblemente el miércoles 26 de abril- al Senado para ser rubricada y posteriormente publicada en el BOE. El día siguiente ya entrará en vigor. 

Los socios, contundentes

Durante el turno de la fijación de las posturas de los grupos parlamentarios previa votación, el bloque de la investidura ha vuelto a lanzar fuertes críticas contra el PSOE no solo por acercarse a la derecha sino también por el fondo del texto. Ha abierto fuego la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, quien ha abogado por "modificar lo que haya que modificar y preservar lo que tanto ha costado", en referencia al consentimiento. "Hoy se han equivocado enormemente, no por nosotras sino por las millones de mujeres que verán que lo que suponía un avance en la protección de nuestras vidas se va por la borda", ha sostenido antes de poner el foco en la "rotunda negativa" de los socialistas a negociar. "Lo intentamos planteando la violencia y la intimidación como un agravante. Creíamos que era posible hacer los cambios técnicos necesarios sin tener que volver a demostrar si nos resistimos o no", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado Pilar Valluguera, de ERC, quien ha puesto el foco en que el texto "no va a parar las revisiones de las penas". "¿El PSOE es consciente de lo que está haciendo en términos políticos? Se alía con el PP y nos han dicho durante tres años que son enemigos de los derechos de las mujeres para modificar una ley de una de sus ministras. No es una prueba de lealtad y buen gobierno", ha dicho la diputada catalana, quien ha reivindicado que "el Código Penal es de derechas o de izquierdas" así como que más penas no garantiza la disminución de los delitos. "La ley se hizo porque el 92% de las agresiones quedan impunes y de las que se denuncian muchas se cierran. No tienes que decir que no para ser una agresión, no tienen que matarte o hacerte mucho daño. Teníamos que cambiar ese paradigma pero hemos vuelto atrás", ha sostenido.

Más duros se han pronunciado desde los socios minoritarios de la coalición, quienes han tildado la votación de "uno de los días más tristes que una diputada feminista puede vivir". Así lo ha dicho la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz, quien ha asegurado que se trata de "un retroceso para los derechos de las mujeres" que no se va a poder "disimular hablando de retoques técnicos". "Se vuelven a definir las agresiones en función de si hay o no violencia y no exclusivamente por el consentimiento. Es una vuelta atrás y va a permitir sentencias como la de la manada", ha dicho con firmeza una representante morada que ha asegurado que "se recorta la libertad sexual" de las mujeres ya que ahora la víctima tendrá que demostrar "con heridas" si ha sufrido una violación. Con todo, ha dejado la puerta abierta a volver a un acercamiento con los socialistas, a los que ha pedido rectificar para "votar con la mayoría progresista". 

Montero, muy dura con el PSOE

Asimismo, ha subido al estrado Irene Montero, quien ha ejecutado un duro discurso como ministra de Igualdad enfocado, sobre todo, al lado socialista de la coalición. "Es un día triste y uno de los más difíciles que he vivido. Han sido muchos años de movilizaciones, de trabajo en el Gobierno y en el parlamento para poner el consentimiento en el centro. La reacción de la ley ha provocado una vuelta a atrás de muchos años hasta el punto de que hemos vuelto a escuchar que siempre estuvo en el centro", ha comenzado Montero, quien ha sostenido que "el consentimiento no es un teatro aunque lo diga el redactor de esta propuesta". Directamente a los socialistas, Montero ha dicho que su preocupación por las decisiones judiciales ha sido compartida así como que "la ofensiva contra la ley ha sido contra el Gobierno y su presidente". "Siempre fuimos conscientes y eso nos llevó a trabajar siempre para dar una respuesta unitaria a las víctimas. Nos hizo buscar siempre el acuerdo y ceder por encima de nuestras posibilidades", ha dicho sobre las negociaciones.

"Dicen que hacen esto para resolver el problema pero saben que ninguna reforma va a evitar las decisiones de rebajas de condenas. Dicen que el problema no ese sino la bajada de penas a futuro. Les hacemos una propuesta para subir las penas y la rechazan porque las suben demasiado", ha criticado una concernida Montero, que ha insistido en que la del PSOE es una propuesta que "vuelve al esquema anterior bajo la premisa de que es fácil probar las agresiones con las heridas", en referencia manifiesta a las polémicas palabras de la ministra de Justicia. Pero también ha incidido en la postura del Partido Popular, de quien ha dicho que "si hoy votan a favor es quizá porque esto no es un avance". "Tendríamos que haber pactado una respuesta unitaria desde el minuto uno. [...] Las víctimas tienen que tener claro que el Estado sigue teniendo responsabilidades con ellas", ha afirmado para después asegurar que los morados se quedan "en minoría" en el Hemiciclo y en el Gobierno. 

Las enmiendas a la reforma

Horas frenéticas y expectación a la entrada del Congreso que no han valido para dar un giro a las votaciones. El resultado positivo a la propuesta socialista no ha sido, para nada, inesperado. El pacto estaba casi hecho a principios de la semana pese a los intentos de los socios de llegar a un acercamiento de última hora. De hecho, este mismo martes el PSOE sacó adelante el dictamen de la reforma en la Comisión de Justicia junto a estas formaciones tras incorporar algunos de los cambios propuestos por ellos. Cabe destacar que esta reunión comenzó con cruce de versiones entre el PP y el PSOE a las puertas sobre el pacto. En concreto, los populares han logrado incorporar dos enmiendas de “carácter técnico” en el articulado y otra transaccional para modificar la exposición de motivos de la ley en lo que tiene que ver con la indemnidad sexual de los menores. También se ha añadido una enmienda transaccional de Unidas Podemos, Cs, JxCat y Más País para corregir los plazos de prescripción que se contemplan en la Ley Rhodes.

Sin embargo, ninguna de ellas ha supuesto un cambio sustancial con respecto al texto original de los socialistas, que han sido interpelados por los socios durante la semana para “alejarse de la derecha” y alcanzar un pacto progresista in extremis. Acuerdo que no ha llegado y que tenía como principal objetivo -a la luz de las manifestaciones de los aliados- volver a recuperar el consentimiento e introducir la violencia y la intimidación en el esquema de los agravantes para establecer las penas. Pero los de Sánchez lo rechazaron de pleno en el mismo momento del registro de las propuestas de modificación en la Cámara Baja por parte de estas formaciones. Y es que los socialistas insisten en que no se toca el “espíritu” de la norma, que es “buena” pero ha tenido “efectos indeseables”.

Los cambios en el 'sí es sí'

A pesar de las críticas, la propuesta a la que el Congreso ha dado luz verde este jueves mantiene intacta la definición del consentimiento y de los delitos de agresión sexual y agresión sexual con penetración -violación- que ya estaba en la norma del ministerio de Igualdad. Lo que sí se diferencia ahora es entre agresión sexual o violación con violencia y sin violencia en cuanto a las penas. Así, estos delitos -que conllevan de 1 a 4 años en el primer caso y de 4 a 12 en el segundo- tendrán dos subtipos y una carga punitiva más amplia. En la agresión sexual sin violencia se mantienen de 1 a 4 años de cárcel mientras en los casos con intimidación o la voluntad anulada se amplía hasta de 1 a 5 años. En cuanto a las violaciones, sin violencia establece de 4 a 12 años de cárcel y con violencia de 6 a 12.

Fuentes de los populares sacan pecho de haber logrado con sus enmiendas la incorporación de un párrafo que permite la ampliación de penas en el caso de las agresiones sexuales con violencia o intimidación. Esto responde a que se han introducido varios cambios considerados “técnicos” por el PSOE para eliminar el conector “en relación al artículo anterior” en el segundo párrafo del artículo 178 -lo que ha sido tildado por el PP de “fundamental” y “no baladí”- o la permuta de la palabra “circunstancias” por “modalidades” en el 181.2. También se ha añadido un cambio técnico para considerar a los jóvenes de 16 a 18 años como “menores a partir de” en vez de “mayores de”.

El nuevo texto de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual también recoge otras modificaciones, como el artículo referente a las agresiones sexuales contra los menores de edad de tal forma que se aumentan las condenas mínimas para aquellas con penetración, es decir, violaciones. Si no hay violencia, intimidación o anulación de la voluntad sería de 8 a 12 años y de 12 a 15 en el caso de que se produzca alguna de estas condiciones.

"El Código Penal de la Manada"

Tanto Unidas Podemos como el resto de los socios -que ya adelantaron a principios de semana su voto en contra a la propuesta del PSOE- critican no solo el acercamiento a la derecha para sacar adelante esta iniciativa sino que no se haya contado con el Ministerio de Igualdad -como denuncia ERC- así como que se atente contra los derechos de las mujeres. Especialmente ponen el foco en el consentimiento ya que con el modelo ya aprobado -dicen desde el bloque progresista- se vuelve al paradigma de tener que probar que se ha sufrido una violación mediante heridas o marcas corporales que lo ratifiquen. “Se vuelve al Código Penal de la Manada”, han insistido tanto Ione Belarra como Irene Montero, ministras y dirigentes del partido morado.