La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha supuesto un impasse en las broncas relaciones entre Génova y Ferraz. El goteo de rebajas condenatorias y excarcelaciones urgía a hallar una salida que entre los socios de Gobierno no se daba, lo que motivó al PSOE a buscar los apoyos en el flanco derecho del Hemiciclo, recurriendo a un PP que se frotaba las manos ante la idea de potenciar la división en el seno del Ejecutivo. En cualquier caso, los dos grandes partidos del arco parlamentario rubricaron un acuerdo para que la reforma planteada por Justicia salga adelante -previsiblemente- este jueves. Sin embargo, una vez superado el match ball, ambas partes regresan a sus posiciones en la trinchera, reavivando el cruce de reproches a costa de la vivienda y de Doñana, entre otras cuestiones.
Se acabó la tregua, aunque, en cierto modo, nunca hubo tal. PSOE y PP se sentaron a negociar para dar viabilidad a un asunto enquistado que laminaba a los socialistas en las encuestas, tal y como han reconocido voces autorizadas del partido en numerosas ocasiones. La realidad es que había que sellar el goteo de rebajas de condena, que ha superado el millar, con el preceptivo desgaste que admiten en Ferraz. El dilema pasaba por el socio con el que lo abordarían. Se alejaron de la mayoría de la investidura para salvar la contrarreforma junto al Partido Popular en una época de precampaña, cuando ambos se buscan las cosquillas sin descanso en pos de la victoria el próximo 28 de mayo.
Fricción por la vivienda
El martes, la extraña pareja ya publicitó sus discusiones. Tan solo dos horas después de que el Partido Popular votase en la Comisión de Justicia del Congreso a favor de la reforma del sólo sí es sí para elevarla al pleno de este próximo jueves. No obstante, huelga decir que el acuerdo por la Ley de Vivienda de los socios de la investidura ya fracturó las relaciones, con reproches de los conservadores y augurios apocalípticos que, a su juicio, romperán el mercado. “Disminuirá la oferta de alquiler y aumentarán los precios”, profetizó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras oficializarse el desbloqueo.
Desde la acera contraria, las defensas a capa y espada de la nueva ley, evocando la austeridad de Mariano Rajoy, quien estaba al lado de la “burbuja” y la “especulación”. O lo que es lo mismo, “con los fondos buitre y la ley de la selva”. Frente a ello, Pilar Alegría reivindicaba desde Ferraz el desempeño social de la coalición, robusteciendo el estado del bienestar a golpe de escudo para la “mayoría”.
La portavoz del Ejecutivo se movió en los mismos posicionamientos cuando se le preguntó sobre la propuesta de Feijóo para establecer un pacto de Estado por la Vivienda. Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, desdeñó la oferta del líder de la oposición: “Una cosa son las palabras y otra los hechos”. Respuesta clara y directa, antes de conminar al gallego a que pusiera orden en casa y corrigiera a sus presidentes autonómicos y calificar como “políticas fracasadas” las regulaciones del PP en el pasado. Por ello, y después de que el conservador catalogara las políticas de vivienda del Gobierno como “fantasmadas”, le afeó su “falta de sensibilidad” por diseñar planes sobre vivienda para Madrid, que no es sino una de las zonas más tensionadas y donde el acceso a los inmuebles es “más prohibitivo”.
Este miércoles, con motivo de su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas sobre los Consejos Europeos, Marruecos y Ucrania, Sánchez ha anunciado la financiación de otras 43.000 viviendas para el alquiler asequible. Inmuebles que se suman a los 50.000 de la Sareb que puso sobre la venta el pasado domingo en Valencia. Un compromiso que ha utilizado como arma arrojadiza frente a las “políticas neoliberales” de un PP que apostó por la “liberalización total del suelo” y un “modelo fiscal regresivo” que no provocó sino la sobrealimentación de la “burbuja inmobiliaria”. “Vamos a devolver esa deuda”, ha apostillado.
No obstante, para Gamarra estos anuncios suponen un “bluff” y un “plato recalentado”, dado que aún han supuesto un total de “cero viviendas” a lo largo de la legislatura. La portavoz conservadora en la Carrera de San Jerónimo ha catalogado las iniciativas como “intervencionistas” y describe al jefe del Ejecutivo como un “activo tóxico” que evitan los barones socialistas.
El cuchillo arrojadizo de Doñana
El otro frente abierto reside en el sur de la Península. Los planes de PP y Vox en Andalucía para legalizar los regadíos en el Parque Nacional de Doñana han encendido las alarmas en Moncloa. El Gobierno de la Nación ha salido en tromba en defensa del espacio natural y frente a la “soberbia” de la Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno Bonilla, que pretende acometer un plan “ilegal e irreal”. De hecho, han explicado desde el Ejecutivo las consecuencias que podría contemplar que el plan de la derecha andaluza saliera adelante, pues Bruselas ya deslizó que tomarían cartas en el asunto en caso de no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En frente un Partido Popular que no atiende a razones y persiste en sus planes en connivencia con Vox, acusando al Gobierno de adoptar posturas “electoralistas”. El portavoz de campaña, Borja Sémper, subrayó este lunes que la reserva natural no se va a tocar, sino que se “preservará y mejorará”. El dirigente conservador sacó a colación los “40 años” de gobiernos socialistas en Andalucía, a quienes acusó de “no proteger Doñana”, ante la voluntad de Juanma Moreno, que pasa por “solucionar los problemas no resueltos” por el PSOE.
