Tras muchos meses de intensas negociaciones, los partidos que conforman el Gobierno de coalición y los socios de la investidura han logrado alcanzar un acuerdo para desbloquear la esperada Ley de Vivienda. Las tensiones que se han producido entre Unidas Podemos y el PSOE junto a ERC y EH Bildu en este asunto -considerado fundamental y urgente por todas las partes- se han saldado en las últimas horas con un texto conjunto que contempla también el tope a los precios de los alquileres en zonas tensionadas, principal punto de fricción en las conversaciones.

Así lo han explicado primero en una comparecencia en el Congreso las formaciones catalana y vasca, quienes han sacado pecho de haber sido clave para establecer un articulado de "marcado carácter social" y "políticas garantistas" que "por fin reconoce el derecho a la vivienda". El portavoz del partido vasco, Oskar Matute, ha sostenido que este texto "pone coto a la especulación y frena el aumento descontrolado de los alquileres", por lo que ha tildado el resultado de "enorme transcendencia" para que sea "realmente efectiva". La líder morada, Ione Belarra, hará lo propio a las 12:45 desde el Ministerio de Derechos sociales, y el portavoz socialista, Patxi López, a la 13:00 desde Marbella.

La Ley de Vivienda, lista

Un acuerdo inminente. Esto es lo que las formaciones de la coalición y los principales apoyos de la investidura llevan anunciado -y exigiendo- en las últimas semanas con más o menos optimismo. Todas las partes se emplazaron a después del parón por la Semana Santa a acelerar los diálogos para cerrar un texto común con el objetivo de dar luz verde a la norma antes de las elecciones del próximo 28 de mayo, pero a principios de esta semana la situación seguía encallada. Este martes, el PSOE y Unidas Podemos insistieron en su "buena voluntad" y en la "necesidad" de llegar a un pacto pero en ese punto todavía no se habían producido "novedades". De hecho, parecía supeditada a la disposición y a las negociaciones entre ambos, aunque sin avances.

Ante esto, muchas voces aseguran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio orden directa a su equipo -previa reunión con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo- para desbloquear cuanto antes las negociaciones en pro de la "unidad" del Ejecutivo antes de la cita electoral y con la presión del calendario parlamentario. Dicho y hecho. Las conversaciones se aceleraron directamente entre el ministerio de Transportes y los socios parlamentarios -esencialmente con ERC y EH Bildu- para cerrar los flecos que quedaban abiertos del texto. Los escollos fundamentales han sido dos: la definición de los grandes tenedores y la limitación de los precios al alquiler, este último una piedra en el camino que parece haberse saltado en el texto que este mismo viernes tienen previsto adelantar el partido catalán y vasco en una comparecencia urgente desde el Congreso.

Así, finalmente los dos bloques han logrado firman un documento conjunto durante la tarde de este jueves para garantizar su apoyo a la norma. Una legislación histórica, la primera de carácter estatal en estos términos, que ahora podrá seguir su trámite parlamentario para ser aprobado en la Cámara Baja antes de los comicios autonómicos y municipales. Su ratificación en el Senado previsiblemente será para después del inicio de la campaña electoral pero el objetivo de tener un escrito refrendado por todo el bloque progresista antes de ir acudir las urnas estará cumplido. Y es que cabe señalar que, aunque es de carácter estatal, las competencias de vivienda las copan las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, por los que son estos los que tendrán que decidir si aplican o no los topes a los alquileres que contempla la legislación.

Los escollos, ¿salvados?

Topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas ha sido el principal obstáculo en las negociaciones. Actualmente se encuentra limitado en un 2% de forma temporal como parte de un paquete de ayudas en el contexto de la subida de la inflación por la invasión de Ucrania. Un tope que los morados querían mantener en el tiempo pero que el Ministerio de Economía de Nadia Calviño propuso elevar al 3%. Podemos acusó a la titular de ejercer de "tapón" mientras los nacionalistas condicionaron su 'sí' a cerrar este asunto. Así, las partes han acordado establecer el 2% para lo que queda del año 2023 mientras ya el 3% será durante 2024, pero siempre bajo el compromiso de establecer un nuevo tope para 2025 que sea por debajo del IPC. De esta forma lo ha explicado la diputada del Grupo Republicano, Pilar Vallugera, quien ha sostenido que su oposición fue total. 

"Este era uno de los elementos sin los cuales no íbamos a apoyarlo y así lo dijimos: o lo desbloqueáis o no hay ley", ha manifestado durante su comparecencia ante los medios antes de confirmar que durante la Semana Santa se ha logrado salvar este enfrentamiento. El portavoz vasco ha puntualizado que ahora se abre un periodo de manos de los ministerios de Transporte y Derechos Sociales -competentes para ello- para establecer el índice que comenzarán a funcionar a partir del 1 de enero de 2025. "Ese es el tiempo que tendrá el grupo de trabajo tras la aprobación de la norma para determinar cuál es la fórmula, no superior al IPC", ha dicho Matute.

Pero no es el único. Junto a este también se ha encontrado otro gran punto de enfrentamiento: la definición de grandes tenedores. El texto original que salió del Consejo de ministros hace ya un año señalaba que estos son los que cuentan con más de diez residencias, un cifra considerada exagerada por los morados y los nacionalistas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera Raquel Sánchez mostró su disposición a rebajar el número con algunas condiciones mientras los de Belarra apostaban por acotarlo en cinco. Finalmente este ha sido el dígito elegido para hacer una mínima distinción entre pequeño y gran propietario.

Queda por esclarecer si finalmente se ha suprimido el carácter retroactivo de la prohibición para descalificar las Viviendas de Protección Oficial (VPO). La parte socialista del Gobierno ya deslizó a principios de este año que estaría inclinado a suprimirlo aunque su voluntad inicial era que se aplicara a aquellas que hubieran sido construidas a partir de la entrada en vigor de la norma. Así está recogido en el documento aprobado en primer lugar hace ya meses.