Pocas fueron las reformas y medidas que quedaron fuera del paquete aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del año, pero si una sobresale es la Ley de Vivienda. No obstante, a pesar de su retraso, el Ejecutivo quiere dar carpetazo a esta cuestión antes de que finalice el primer mes de 2023, aunque lo socios de Gobierno tendrán que limar primero sus diferencias. Las negociaciones avanzan bien y se experimentan grandes acercamientos, aseguran fuentes de ambas partes. Tanto es así que la actividad parlamentaria parece que este año se recuperará antes de lo previsto, en enero, mes habitualmente inhábil en el calendario de sesiones.

El límite al precio de los alquileres y la definición de gran tenedor son los aspectos que más discrepancias dibujan entre los socios de gobierno. En lo relativo al control del precio de los alquileres, la parte morada parece tener la batalla perdida frente a una resistencia férrea por parte de los socialistas. Sin embargo, en lo referido a los grandes tenedores, que con la nueva ley sufrirán restricciones y tendrán que cumplir determinadas obligaciones, el acercamiento ha sido confirmado. Tanto es así que, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales confirman a este periódico que ven “más cerca” un posible acuerdo.

De hecho, de las más de 800 enmiendas presentadas, ya hay acuerdos para transaccionar más de 400, confirman fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a este periódico. Ahora, las partes solicitan tiempo para trabajar con “discreción” y sacar “cuanto antes” la ley adelante. “Es una ley muy importante y hacemos un llamamiento a la responsabilidad”, trasladan.

Hace tan solo unos meses, este aspecto parecía un escollo entre los socios, ya que, la parte socialista no estaba por la labor de reducir por debajo de diez el número de propiedades que convertirán a un ‘propietario’ en ‘gran propietario’. La parte morada, comandada por Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha continuado presionando desde febrero de 2022, momento en el que Consejo de Ministros dio luz verde a la norma, y parece que ha surtido efecto. Cinco viviendas fue el límite señalado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.

"Yo me pregunto, ¿una persona con cinco propiedades tiene capacidad de influir en el mercado de la vivienda? Yo creo que sí, y hay una discusión sobre que el límite de los grandes tenedores sean diez viviendas. Yo no sé si tienen muchas amigas o amigos que tengan diez propiedades. Yo no", apuntaba Díaz el pasado diciembre. No obstante, el umbral definido por la titular de Trabajo es demasiado ambicioso para la parte socialista que, aunque continúa negociando y está dispuesta a rebajar el número por debajo de diez, no parece por la labor de ceder tanto espacio.

Hace apenas unos días, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, confirmaba que las negociaciones, que se iniciaron en octubre de 2020, iban llegando a su fin. No obstante, la responsable de la parte mayoritaria del Ejecutivo para esta negociación recordaba que las competencias de los gobiernos autonómicos no serán vulneradas, lo que puede invalidar muchas de las partes de la norma. “Es una línea roja que nos autoimponemos”, transmitía. Además, también pedía al bloque de la moción de censura abandonar “posiciones maximalistas” para alcanzar un acuerdo lo antes posible.