El nuevo año, que a la postre es el último de la legislatura, empieza con un acelerón del Gobierno en la Ley de Vivienda. Este primer lunes de 2023, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzaba que el articulado se aproximaba a su desbloqueo tras meses sin registrar apenas avances. Ahora sí. La coalición ha metido la quinta marcha para sacar adelante uno de sus articulados estrella, cuyo primer acuerdo data de octubre de 2020. Las conversaciones han cogido velocidad de crucero hasta tal punto, que la coalición ha solicitado al Congreso el regreso de la actividad parlamentaria en enero, mes inhábil en el calendario de sesiones.

Este mismo lunes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha verbalizado que las intenciones del Ejecutivo pasan por dar viabilidad a una ley exenta de “grietas jurídicas” y que aportara la “máxima seguridad” para regatear los posibles recursos judiciales. No obstante, la titular del ramo ha abogado por respetar hasta las últimas consecuencias las competencias de los gobiernos autonómicos: “Es una línea roja que nos autoimponemos”.

Sánchez defendió el compromiso de Moncloa con la Ley de Vivienda, recordando que fue un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros. Es decir, nacido del consenso entre las “fuerzas progresistas”. La responsable de Transportes ha certificado que el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios echarán el resto para sacar adelante el ansiado articulado “en las próximas semanas”. Asimismo, ha pedido al resto de grupos “un esfuerzo” para evitar “posiciones maximalistas” que tiren al traste la ley.

A la normativa se han incorporado, tal y como avanzó Sánchez el lunes, “observaciones” y espera que sean capaces de ultimar los flecos que aún “quedan pendientes de negociar”. “Tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía y aprobar la ley es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo a los más jóvenes y a la clase trabajadora”, apostilló Sánchez.

Últimos flecos

Según ha publicado el diario 20 Minutos, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, bajo la tutela de Ione Belarra, orbitan en la misma dirección que Sánchez. El acuerdo cada vez está “más cerca”, aunque lo supeditan a que salgan adelante “algunos últimos avances” en lo relativo al control de los precios de alquiler, así como en “obligaciones” para los grandes propietarios. Asimismo, constatan que en las últimas fechas se han intensificado los contactos entre las partes implicadas (Transportes, Derechos Sociales, ERC y Bildu) “casi cada semana”.

Precisamente estos acercamientos, que se reproducen desde el pasado mes de noviembre, ya implica un acelerón tras meses cogiendo polvo sin siquiera el ademán de sentarse a negociar. La principal diferencia en esta ocasión es que desde el partido minoritario de la coalición (Unidas Podemos) catalogan las reuniones como fructíferas. Según 20 minutos, se ha avanzado en una rebaja en el número de pisos que debe tener un propietario para ser considerado como gran tenedor y, por ende, contar con mayores restricciones.

El acelerón del Gobierno no implica un desbloqueo total del articulado, aunque sí prueba el viraje y aperturismo del PSOE a la hora de acometer cambios en el texto que salió del Consejo de Ministros para allanar el camino en el Congreso. De hecho, en los últimos compases del año, antes de retomar las negociaciones, los socialistas no descartaban sentarse con ERC y Bildu, pero no con sus socios de gobierno, arguyendo que ya conversaron durante un año con los morados y daba por concluida ese trámite del proceso.