El 2022 ha consumado sus últimos compases y es hora de hacer balance, tanto del camino recorrido y lo logrado, como de lo que ha quedado pendiente. No es objeto de este artículo repasar los hitos y decisiones del Gobierno, todo lo contrario. Hay buques insignia legislativos que, si bien están encarrilados, permanecen bloqueados: Vivienda y Mordaza. Ambas eran una prioridad para la coalición, pero la fumata blanca se hace esperar. Vivienda lleva meses bloqueada por falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos; y estos días se cumplen dos años desde que el Congreso diera luz verde a la Proposición de Ley del PNV para reformar Mordaza. El objetivo del Gobierno era aprobarlas definitivamente antes de verano, luego antes de finalizar el año para contar con ellas desde el 1 de enero, pero ninguna de ellas lo logrará hasta, como poco, finales de este mes.
Tras enfocarse en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2023, la coalición pretendía acelerar en diciembre varios articulados enquistados. Una suerte de sprint social con el que se aprobó en Consejo de Ministros la tan ansiada ley de Familias de Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030; y el Congreso avaló la ley Trans de Irene Montero, ministra de Igualdad, sin las enmiendas del PSOE pero con su apoyo y la abstención de Carmen Calvo. Estas leyes lograron superar el ragnarok provocado por el Tribunal Constitucional, que intervino un proceso legislativo en curso y desató una crisis de Estado sin precedentes que requirieron de los esfuerzos de Moncloa, que no contó con tiempo material para dar salida a las normas de Vivienda y Mordaza.
Han generado no pocos choques entre los socios del Gobierno, tantos que bien merecen calificarse como las leyes más encalladas. El principal obstáculo para topar los alquileres es la definición de gran tenedor, que requiere establecer una cantidad de inmuebles a partir de los cuales una persona o entidad pueda considerarse como tal. Unidas Podemos, partidario de una cifra más baja que el PSOE, percutió en diciembre para apremiar al ala socialista a encarrilar las negociaciones antes de finalizar el año. El Grupo Socialista decía hace semanas que “técnicamente era posible” llegar a tiempo, pero luego rebajó las expectativas escudándose en la “sobredosis electoral”. Eran muchos los articulados y muy profundas las discrepancias. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, advirtió que la ley no vería la luz antes de 2023 y, en efecto, así fue.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, insistió aprovechando la noticia de que Países Bajos limitará los alquileres de 300.000 viviendas a 1.100 euros. “Mientras aquí en España la ley de Vivienda que regularía los alquileres sigue bloqueada, desde Europa llegan más ejemplos, como este de Países Bajos, que demuestran que se puede poner freno a la especulación”, escribió en su cuenta oficial de Twitter; sentenciando: “Hay que avanzar en esa misma dirección”. El perfil oficial de Podemos siguió su estela lamentando que “el problema de la vivienda se agrava cada día por la inflación”, por lo que “es urgente” desbloquear la nueva norma y adoptar una serie de medidas adicionales como la congelación de los precios del alquiler durante todo 2023 y la subida de las hipotecas de tipo variable. “Es el momento de medidas valientes que protejan a las familias de nuestro país”, urgió la formación morada.
Pero mientras para los morados la ley de Vivienda es impostergable, el ala socialista pisa el freno. La ministra Sánchez la aplazó para principios del año 2023 ya que, aunque “esperábamos tener la ley aprobada este año”, no ha sido posible. Las diferencias aún se antojan insalvables.
En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”.
Según el último reporte de fuentes parlamentarias, en las últimas semanas de 2022 se registraron algunos avances, pero aún no se han salvado las discrepancias sobre la definición de gran tenedor. “Veremos en enero”, señalan.
Mordaza, al ralentí
Mordaza sí que ha dado pasos, aunque también discretamente. En la noche del miércoles se acordaron una treintena de modificaciones parciales en una decena de artículos. Entre otras cosas, se cerró un modelo generalizado de sanciones en función de ingresos con rebajas del 50% para los sancionados que cobren 1,5 veces el Salario Mínimo y del 25% para los que ingresen entre 1,5 y 2,5. Incluso, pudiera suspenderse la multa previo acto de conciliación. También se despenalizará la difusión de imágenes de agentes con salvedades: que se ponga en riesgo su seguridad o la de sus familiares, que afecte a operaciones en curso o desvele instalaciones estratégicas. Fuentes de la comisión celebrada a puerta cerrada celebran los avances, pero recuerdan que hay un obstáculo que de momento se antoja insalvable. El PSOE insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de utilizar pelotas de goma, mientras Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu abogan por alternativas menos lesivas, como los proyectiles foam de Cataluña. Los trabajos continuarán en enero y aún no hay fecha para elevar el articulado a la comisión. No obstante, las fuentes consultadas se muestran optimistas y creen que tras el parón navideño se acelerará el trámite: "Hay cuestiones en las que solo vota en contra Vox. PP y Ciudadanos están votando a favor de algunas cosas y se sigue avanzando".
En cualquier caso, tanto Vivienda como Mordaza quedan pendientes para enero, mes inhábil, pero que se habilitara para celebrar comisiones, elaborar dictámenes, avanzar en la agenda legislativa y aprobar los decretos en un pleno que se celebraría la última semana. La ruta está clara, queda resolver la incógnita de si habrá quórum.
