El Gobierno de coalición preparaba una suerte de sprint social en diciembre con el que pretendían dar salida a varias leyes enquistadas. La ley de Familias ya fue aprobada en Consejo de Ministros, la ley Trans continúa su trámite parlamentario sin las enmiendas del PSOE, la de Bienestar animal que ha generado no pocos choques entre los socios y Vivienda y Mordaza, las más encalladas. Desde Unidas Podemos urgían a que se encarrilaran todas ellas antes de final de año, hito harto complicado. El Grupo Socialista, si bien apuntaba a que “técnicamente es posible”, rebajó las expectativas por “sobredosis legislativa”. Eran muchos los articulados y muy profundas las discrepancias. Una de las normas que más distancia pone entre PSOE y Unidas Podemos es la de Vivienda y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que no verá la luz al menos hasta principios del 2023; un gesto que no ha gustado al ala morada.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general del partido, Ione Belarra, ha percutido aprovechando la noticia de que Países Bajos limitará los alquileres de 300.000 viviendas a 1.100 euros. “Mientras aquí en España la ley de Vivienda que regularía los alquileres sigue bloqueada, desde Europa llegan más ejemplos, como este de Países Bajos, que demuestran que se puede poner freno a la especulación”, ha escrito en su cuenta oficial de Twitter; sentenciando: “Hay que avanzar en esa misma dirección”.
El perfil oficial de Podemos ha seguido su estela lamentando que “el problema de la vivienda se agrava cada día por la inflación”, por lo que “es urgente” desbloquear la nueva norma y adoptar una serie de medidas adicionales como la congelación de los precios del alquiler durante todo 2023 y la subida de las hipotecas de tipo variable. “Es el momento de medidas valientes que protejan a las familias de nuestro país”, urge la formación morada.
Frenazo del PSOE
Mientras para los morados la ley de Vivienda es una prioridad, el ala socialista pisa el freno. La ministra Sánchez la ha aplazado para “principios del año que viene” ya que, aunque “esperábamos tener la ley aprobada este año”, no ha sido posible. Las diferencias aún se antojan insalvables.
En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”. El principal punto de fricción es la definición de gran tenedor que regirá los topes del precio del alquiler en las zonas tensionadas. En las últimas semanas se han intercambiado documentos y acercado posturas, pero quedan demasiados flecos por ultimar como para fijar un plazo tan próximo.
