El pasado jueves 24 de noviembre se votó en el Congreso el dictamen definitivo de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y Pedro Sánchez exhibió un músculo que no se veía desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. 187 síes, 20 más que en su investidura, y hubieran sido 189 de no ser porque la diputada María del Mar García Puig (Unidas Podemos) se encontraba indispuesta y el escaño de Alberto Rodríguez sigue desocupado. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció el sentido afirmativo de su voto el mismo día, aunque ya se presuponía tras acordar inversiones por valor de 900 millones de euros a ejecutar desde la Generalitat y, sobre todo, la derogación del delito de sedición. El PSOE no necesitaba los votos de la bancada independentista, pues ya atesoraba una corpulencia parlamentaria suficiente para aprobar las cuentas, pero ese no era el objetivo. Los socialistas manifiestan tanto en público como en privado una voluntad inequívoca de dar pasos hacia la desjudicialización del conflicto en Cataluña aún conscientes de que conlleve un medido coste electoral. Por ello se abrió el melón de la reforma exprés del Código Penal para sustituir el delito de sedición por uno de desórdenes públicos y, también por ello, se han acometido modificaciones en malversación que benefician a los condenados y procesados por el procés.
Fuentes socialistas admiten en privado que las decisiones adoptadas han fomentado un clima de entendimiento con Esquerra Republicana muy beneficioso para encarar no solo lo que resta de legislatura, sino las etapas venideras. “Sánchez se comprometió a rebajar la tensión en Cataluña y lo está consiguiendo, lo ha logrado, y por el camino hemos forjado buenas alianzas parlamentarias”, señalan fuentes.
Ya el domingo trascendió que Moncloa presentaría una enmienda para rebajar las penas del delito de malversación de seis años a cuatro. Unidas Podemos se desmarcó por las “dudas jurídicas” sobre su implementación. Las fuentes moradas consultadas por ElPlural.com admitieron que “nosotros no hemos participado del acuerdo para reformar el delito de malversación”, aunque no se opondrían. Fue un consenso hilvanado por PSOE y ERC, mano a mano.
La iniciativa prosperó en la comisión de Justicia, reunida en la tarde del lunes. Esquerra no tardó en celebrar la victoria y, en un comunicado, aplaudió la enmienda transaccional firmada con los socialistas que modificaba el delito de malversación. Así, finalmente se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito: en primer lugar, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave y contiene varios agravantes; en segundo lugar, el uso temporal de patrimonio público para uso privado; y por último, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado. El primero de los supuestos recoge la enmienda presentada por Esquerra Republicana para “dejar de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado, que figuran en el Código Penal actual fruto de la reforma del PP del 2015 y que los tribunales han utilizado para perseguir al independentismo”.
En el segundo de los supuestos, que se incorpora fruto de la enmienda presentada por Esquerra Republicana, se concreta que el uso temporal del patrimonio público sea para un uso “privado”, y no “particular” o “ajeno a la función pública”, como estaba redactado inicialmente. Por último, se incorpora a la transaccional la enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos sobre destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto. Este nuevo tipo, que contempla penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años, y que no tiene agravantes, fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”.
ERC afirmó estar satisfecha por lo conseguido, pues interpreta que con el nuevo catálogo quedan despenalizadas las conductas del 1 de octubre porque “no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave al servicio público”. Opinión diametralmente opuesta tiene el PSOE. Según fuentes del Gobierno, los responsables, acusados y condenados por el juicio del procés si se verían afectados aún con el nuevo articulado, en concreto, por el artículo 433, que reza así: “La autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses”. El reformado Código especifica, en el artículo 433 ter, que se entenderá por patrimonio público “todo conjunto de bienes y derechos, de contenido económico-patrimonial, pertenecientes a las administraciones públicas”.
No se trata de una discrepancia menor, pero es ya una cuestión de interpretación de los actores políticos y los judiciales. Sea como fuere, ambas partes han celebrado el acuerdo logrado y admiten que la relación a nivel parlamentario es positiva. Las conversaciones en materias como Vivienda o Mordaza siguen evidenciando diferencias notables, pero el clima es prometedor. Sánchez ha lubricado el bloque de la investidura para encarar el final de la legislatura y, con estos mimbres, desde su partido consideran que reeditará mandato y la experiencia adquirida previamente será una buena carta de presentación. Para ERC el próximo paso es debatir en la mesa del diálogo un hipotético referéndum, mientras que el PSOE garantiza que no ha lugar y ya coloca a la ley de Familias, la ley de Bienestar Animal, Vivienda, Mordaza y Trans entre sus principales prioridades para el sprint social de final de año.
Deberes pendientes
Varios eran los articulados que Moncloa tenía pendiente abordar en las próximas semanas, antes de concluir 2022, para evitar tener que negociar aspectos peliagudos en periodo pre electoral. La ley de Familias, Bienestar animal, Trans, Mordaza y Vivienda son las más acuciantes, y otras como Secretos Oficiales habrán de esperar. Dos de ellas comienzan a despejarse. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará la tan ansiada ley de Familias urdida por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; y el lunes por la tarde el Congreso rechazó las enmiendas del PSOE a la ley Trans. Unidas Podemos lo celebró como si de una victoria se tratase porque, en efecto, lo era, pues sus socios de Ejecutivo no contemplaban retirarlas.
Vivienda y Mordaza también se atisban ya en el horizonte. Tras dedicar sus esfuerzos a la reforma exprés del Código Penal que llegará al pleno el jueves 15 de diciembre para que el Senado pueda ratificarla en la sesión del día 22, ambos articulados, que estaban pendientes desde hace meses, recibirán un impulso. Fuentes parlamentarias apuntan a pequeños pasos en ambas. La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana tiene aún dos flecos por resolver, a saber, el uso de las pelotas de goma que Podemos ERC y EH Bildu piden sustituir por otros materiales menos lesivos; y la presunción de veracidad y autoridad de los agentes policiales. En el caso de Vivienda, el principal punto de fricción es la definición de gran tenedor que regirá los topes del precio del alquiler. Hace dos semanas se intercambiaron documentos y el acuerdo se antoja próximo.
