Este viernes PSOE y Unidas Podemos han iniciado los trámites parlamentarios para aterrizar el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar el delito de sedición para homologarlo a otros países del entorno; lo que se traduce en una rebaja de penas de los 10-15 años de cárcel que establece la legislación actual a un máximo de cinco y ocho años de inhabilitación. Patxi López ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso antes de registrar la propuesta de ley orgánica junto a los morados para justificar que el objetivo es adecuar el ordenamiento jurídico español al conjunto de la Unión Europea para resolver déficits y dar cobertura jurídica a nuevos tipos de delito. El portavoz parlamentario ha asegurado que el momento escogido no responde a las exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, un extremo que posteriormente ha sido confirmado por Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos y líder de los Comunes. De hecho, los socialistas se han sacudido las acusaciones de traición vertidas desde la derecha recordando que “Cataluña está mucho mejor ahora que en 2017” gracias a que Sánchez ha recuperado la vía política aunque le cueste votos.
El nombre con el que la coalición ha registrado en el Congreso la reforma es Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso; un paraguas con el que acometerán una profunda reforma del Código Penal que impactará no solo en el delito de sedición, sino en otros tipos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas. Se trata de “armonizar la legislación española para adecuarla a la realidad europea, que es muy distinta”, también el delito de sedición, que data de 1822 y mientras otros países lo han ido modificando con el paso del tiempo, España no ha hecho lo propio.
La sedición pasa a ser "desórdenes públicos" y las penas de prisión se rebajan de 10-15 años a un máximo de cinco
Patxi López ha evitado hablar de derogación y ha optado por el verbo “europeizar”, pero en esencia, es lo mismo. La iniciativa sustituirá ese delito por uno de desórdenes públicos cuyas penas oscilan entre los tres y cinco años de cárcel y una inhabilitación especial; y de seis a ocho si lo cometen autoridades. En su caso, además, la inhabilitación sería permanente. Con esta nueva definición, se castigará a quienes actúen en grupo para atentar contra la paz y se resistan con violencia. Habrá también una agravante si los que actúan son autoridades. En suma, frente a la actual legislación que establece penas de entre 10 y 15 años por sedición, con la reforma, la pena máxima no superará los cinco años de prisión y los ocho de inhabilitación.
"Para los que nos acusan de vendernos al independentismo..."
Patxi López se ha sacudido las acusaciones de traición de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal recordando que en 2017, bajo un Gobierno del PP, Cataluña se abrió en canal y, ahora, tamaña fisura ha sido sanada. “Para los que nos acusan de vendernos a los independentistas, como dijo ayer el presidente, Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017. La Generalitat se compromete por escrito a cumplir el ordenamiento legal, la mayoría de catalanes quiere seguir en España, no hay unidad de acción independentista y ha desaparecido el victimismo. Sánchez es quien más ha hecho por la unidad y la convivencia del país”, ha aseverado.
De hecho, el portavoz socialista ha razonado que precisamente las diferencias con el derecho comparado europeo ha dificultado la colaboración con otros países , evitando la extradición de Carles Puigdemont: “Tenemos tipos penales inexistentes en otros países y penas desproporcionadas a las que aplican países vecinos, lo que genera disfunciones a la hora de cooperar”. En este sentido, ha recordado que entonces "se abrió un enorme debate jurídico sobre el modo y los tipos delictivos que se tenían que aplicar". De prosperar la reforma, todo esto quedaría clarificado.
"Sánchez es quien más ha hecho por la unidad y la convivencia del país”
“La convivencia no está fracturada. Sánchez ha recuperado la política como herramienta de diálogo”, ha abundado; y “sobre esa tontería que dice Feijóo de que con otro PSOE esto no pasaría, le digo que lo deje ya. Este es el PSOE de siempre, que no se esconde cuando hay un problema” porque “por encima de las siglas está la convivencia” y “nosotros no enfrentamos territorios y ciudadanos como hacen ellos”.
El coste político
Sobre el presunto asalto al Poder Judicial que según las derechas implica la reforma del delito de sedición, el portavoz del Grupo Socialista ha ironizado: “¿Que el legislativo legisle es entrometernos en el Poder Judicial? Es una barbaridad democrática. Es no enterarse de nada”.
Con todo, López ha admitido que la propuesta puede traducirse en una pérdida de votos que sería desactivada “si somos capaces de trasladar al votante socialista lo que estamos haciendo, por qué y los resultados”. “El Gobierno progresista, el PSOE, adopta decisiones y hace política independientemente del coste electoral. Lo hacemos para resolver problemas”.
Plazos
El dirigente socialista se ha esforzado en insistir en que la propuesta nada tiene que ver con las negociaciones presupuestarias, alegando que incluso ERC lo desvinculó. Jaume Asens, de Unidas Podemos, también ha asegurado que transitan por derroteros diferentes. Mientas López ha evitado ponerse plazos y se ha limitado a afirmar que “cuanto antes”, Asens sí que ha especificado que “podemos empezar el próximo ciclo con la ley aprobada”, toda vez que las negociaciones prosperen.
Asens ha celebrado que “hoy es un día importante para Cataluña y el conjunto del Estado”, pues “el fin del delito de sedición era una exigencia de Europa” y una cuestión de “justicia e higiene democrática”. El líder del grupo parlamentario confederal ha valorado muy positivamente la desjudicialización del conflicto y, al igual que López, ha respondido a quienes les acusan de vender el país al independentismo: “Esto no es ninguna humillación, es democracia y nos comparamos a Europa”.
Por último, ha insistido en que era necesaria la reforma porque el delito de sedición “se ha mantenido prácticamente inalterable” desde 1822, por lo que en él aún “perviven muchos restos del franquismo”: Es un delito que no pertenece a este mundo y afecta a la calidad democrática de España”, ha concluido.
