Sí, pero no. Unidas Podemos atesora poderosas dudas sobre la rebaja del delito de malversación y se ha desmarcado de la propuesta del PSOE acordada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero facilitará su aprobación. Los socialistas han perfilado una enmienda transaccional para revisar el delito de malversación, cuya pena máxima pasará de seis a cuatro años -uno más de los tres que proponía ERC en un principio-. Los Comunes eran proclives a revisar el delito, pero no el espacio confederal en su totalidad. De hecho, la pasada semana Yolanda Díaz aseguró que Unidas Podemos no presentaría enmiendas al respecto. Este domingo trascendió que el PSOE sí lo haría y sus socios de Ejecutivo se han desentendido.

“Nosotros no hemos formado parte del acuerdo para reformar el delito de malversación”, garantizan fuentes del grupo parlamentario morado. Explican que se trata de un acuerdo entre PSOE y ERC del que no han participado porque “tenemos dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces”. No la rubricarán, no obstante, “sí facilitaremos que no descarrile esta tarde en la ponencia una ley tan importante que contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional”.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha alegado durante una rueda de prensa en el Congreso que “no es que nos estemos desentendiendo”, sino que ya advirtieron con anterioridad que “no presentaríamos enmienda y siempre dijimos que teníamos posición propia”. “La negociación la está liderando el PSOE con ERC. Hemos estado informados, pero no hemos participado”, ha precisado. Preguntado por la postura de su partido, ha admitido que “tenemos que estudiar” tanto la propuesta de los independentistas como la contrapropuesta del PSOE: “No tenemos posición fijada”.

Su postura no ha gustado al Grupo Socialista. Fuentes consultadas por ElPlural.com ironizan con que “no les gusta, pero la votan”. “En fin, son los mejores”, lamentan.

A las 17:00 horas de este lunes está agendada la ponencia en la comisión de Justicia de la reforma exprés del Código Penal impulsada desde Moncloa que impacta en diversas cuestiones tales como la sustitución del delito de sedición por uno de desórdenes públicos. El pasado viernes ERC presentó una enmienda para incorporar un nuevo tipo dentro de la malversación con penas de entre seis meses y años para quienes malversen dinero público sin ánimo de lucro. El mismo día, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, aseguró en rueda de prensa que su formación nunca despenalizaría ningún tipo de corrupción. De hecho, registró junto a Unidas Podemos una enmienda para crear un nuevo delito: el enriquecimiento ilícito.

Este tipo penal, que existe en otros países, no figuraba en el catálogo español. Los cargos públicos únicamente estaban obligados a publicar sus respectivas declaraciones de bienes y rentas, pero nunca habían de justificar posibles enriquecimientos patrimoniales. Es el caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), quien atesora 12 millones de euros -según las investigaciones de ElPlural.com- y se niega a aclarar su origen, limitándose a decir que los ganó como médica. El dirigente socialista lamentó que “si hemos tenido un aumento del patrimonio injustificado, no pasa nada”, por lo que, con esta propuesta aquellos que presenten un incremento patrimonial de 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después, tendrán la obligación de justificarse. En caso contrario, serían condenados con penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y los tres años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de tres veces lo obtenido. “Nos situaremos entre los países más avanzados. Es un paso lógico en el camino de la transparencia. Seguimos avanzando en la lucha contra la corrupción”, ha razonado.

Un paso importante en la lucha contra la corrupción que ha quedado empañado por la iniciativa para rebajar malversación con Podemos quedándose al margen. Los morados tiempo ha que esgrimen que es un asunto muy “delicado” que podría tener efectos perversos. Desde el PSOE justifican que el PP modificó en el 2015 el Código Penal para establecer un delito de malversación independientemente de cuál fuera el destino del dinero desviado. Se esbozaron penas desde los dos a los seis años de cárcel y entre seis y diez de inhabilitación, con un tipo agravado de hasta ocho años de prisión y 12 de inhabilitación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confesado que los pasos en la desjudicialización del conflicto político en Cataluña conllevan “decisiones arriesgadas”.