El Gobierno registrará este viernes una nueva enmienda en la reforma del Código Penal que permita castigar con cárcel a los cargos públicos que estén en posesión de un enriquecimiento superior a 250.000 euros sin que éste se encuentre justificado. El texto se tramita en el Congreso de los Diputados con la intención de crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos.

Las penas del mismo podrán ser de hasta tres años de cárcel e irán destinadas a aquellas personas que sean incapaces de justificar un patrimonio superior a la cantidad indicada anteriormente. Así las cosas, este último artículo establecerá que, por un periodo que puede alcanzar los cinco años después del desempeño del cargo, quien “haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados” sea “castigado con penas de prisión de entre seis y tres años”.

El castigo no solo queda amparado por la posibilidad de entrar en prisión, sino que traerá también consigo una multa al beneficiario de la cantidad, así como la inhabilitación especial para empleo y cargo público. Se enfrentarían a estas condenas las personas que se negaran “abiertamente a dar el debido cumplimiento de los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación”.

Delito de malversación

La enmienda llega en paralelo a la que Esquerra Republicana (ERC) presenta este viernes sobre la malversación. La formación independentista plantea dividir este último delito siguiendo el redactado en 2015, cuando fue reformado por el partido que entonces se encontraba en el Ejecutivo.

El pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó muy claro que estaba dispuesto a aceptar la reforma del partido catalán si este la planteaba en el día de hoy en una de las enmiendas que registrarán todos los grupos a la reforma del delito de sedición. La modificación legal se plantea como otro de los baluartes para cerrar de forma definitiva los hechos acontecidos antes, durante y después del procés independentista de 2017.

El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha comparecido este viernes ante los periodistas para explicar el nuevo delito y acallar las críticas -incluso dentro del propio partido- que apuntan a que el nuevo delito nace para tapar la reforma del de malversación.

El exlehendakari ha negado que esto sea así y ha sostenido que la medida "es para seguir luchando contra la corrupción" y que, sin conocer todavía las enmiendas de la formación de Oriol Junqueras (presentadas la mañana de esta viernes), "no van a aprobar nada" que despenalice cuestiones que tengan que ver con el desvío de fondos.

Nombramientos del Constitucional

El político vasco ha expuesto también la pirueta que afronta el Gobierno para desbloquear de una vez por todas el "secuestro" del Tribunal Consitucional por parte del PP.

Para ello, el Ejecutivo presenta este viernes dos enmiendas para acabar con la situación promovida por el principal partido de la oposición. La primera reformará la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General a la hora de elegir los dos magistrados al que le corresponden. Desde este momento será suficiente con la mayoría simple. 

Por otra parte, la segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del TC para que si una vez transcurran los tres años y nueve meses de mandato propuestos por CGPJ y Gobierno uno de ellos no hubiera presentado su propuesta "se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional". 

López ha asegurado desde la sala del Congreso que el desbloqueo del órgano judicial era un asunto "urgente" y que el presente documento obliga al "cumplimiento" de nuestra Constitución. "Ante un PP antisistema, nosotros queremos garantizar el cumplimiento de la Carta Magna", ha detallado.