PSOE y Unidas Podemos resolverán el bloqueo por parte del sector de la derecha conservadora del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) contra el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) mediante la presentación este viernes de dos enmiendas al procedimiento de la reforma del Código Penal que se encuentra en proceso de trámite en el Congreso de los Diputados, según ha avanzado elDiario.es.

Los socios de la coalición del Gobierno de España han redactado una primera enmienda que modificará la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial con el objetivo de eliminar la mayoría de tres quintos que debe alcanzar el Consejo General del Poder Judicial a la hora de elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Si el texto sale adelante, será suficiente la mayoría simple de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ.

Esta parte de la reforma consta de una modificación del artículo 599.1.1ª de la mencionada ley del Poder Judicial para que "los vocales del Consejo General del Poder Judicial puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional" en un plazo de cinco días hábiles y con el límite máximo de una persona propuesta por cada vocal.

Según la misma enmienda, una vez cerrado el plazo de candidaturas, la persona que ostente la presidencia del CGPJ "tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados", el cual deberá celebrarse "en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria".

En dicha reunión, los vocales sometarán las candidaturas propuestas a una votación única que no tendrá carácter secreto ni quorum mínimo. Cada vocal tendrá la opción de votar a una sola persona, por lo que resultarán elegidas aquellas dos que obtengan un mayor número de votos, dejando así atrás el requisito que exigía una mayoría de tres quintos de los emitidos.

Según lo trasladado por el referido diario, el Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos prevé que esta enmienda ponga solución al bloqueo del TC, que está realizando desde septiembre la mayoría conservadora del CGPJ nombrada por el anterior Gobierno del PP, en un tiempo aproximado de 11 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con el objetivo de garantizar la renovación, dichos partidos políticos también han añadido a esta reforma legal una cláusula que establece que, en caso de que persista el bloqueo por parte de los vocales o el presidente del CGPJ, estos incurrirán en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal".

PSOE y Unidas Podemos resuelven el problema

La segunda enmienda se dirigirá a la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional para que, en caso de que o el CGPJ o el Gobierno "no hubiera realizado su propuesta" transcurrido el mandato de 9 años y 3 meses que ostentan sus magistrados, se pueda llevar a cabo "la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional". Con esta reforma legal, los socios de la coalición progresista resuelven el problema de la renovación conjunta, que se realiza cada tres años con dos miembros elegidos por el poder ejecutivo y dos por el órgano de gobierno de los jueces, y descartan la verificación que los magistrados salientes del propio Tribunal Constitucional otorgan actualmente a los nuevos nombramientos.

Además, PSOE y Unidas Podemos aportan otro cambio en la ley del Constitucional para que el Gobierno y las Cortes Generales, tanto Congreso como Senado, sean los órganos obligados a verificar los requisitos de los magistrados escogidos por el CGPJ. Este aspecto de la reforma legal se propondrá agregando un apartado al artículo número 19 de esta norma y también contemplará una nueva causa de cese "por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución" para formar parte de dicho tribunal, es decir, ser jurista "con más de quince años de ejercicio profesional".