La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha dado vía libre a la reforma legal del Gobierno para modificar su criterio de elección frente al recurso de amparo del PP que tiene como objetivo frenarla. El procedimiento legislativo que propone este cambio en el método a la hora de elegir la composición del órgano de garantías, tras pasar con éxito la votación del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, únicamente necesita una última ratificación por parte del Senado prevista para este jueves.
Esta información, publicada por El País, constata el dictamen del fiscal sobre la reforma de las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional propuesta por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, un parecer que los 11 magistrados que componen el órgano de garantías deberán contemplar durante la votación sobre el recurso de amparo presentado el miércoles por 13 diputados del PP. Sin embargo, al tener carácter urgente, los miembros del pleno pueden desatender el veredicto de la Fiscalía del Constitucional, según lo dispuesto en la legislación vigente.
“En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno”, indica el artículo 56.6 de la Ley del Tribunal Constitucional al que se acoge el PP en su reclamación.
Medidas cautelarísimas del PP a la reforma del TC
La Fiscalía del Tribunal Constitucional forma parte de todos los procedimientos relativos a recursos de amparo por mandato legal, pero la causa debe estar abierta antes de dictar sentencia, lo que todavía no ha hecho el pleno del órgano de garantías. Es precisamente este lunes cuando se reúnen todos sus miembros para tratar las cuestiones de un orden del día cuya primera decisión recae en el recurso de amparo del PP, donde solicitan la adopción de medidas cautelarísimas.
Las fuentes jurídicas contactadas por el mencionado periódico alertan de que “aprobar esas medidas sería tanto como adelantar la solución al fondo del recurso de amparo”: “Si el PP entiende que se ha vulnerado el derecho fundamental de sus diputados a su participación política por someter a votación las enmiendas que entiende que son inconstitucionales y el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar el trámite legislativo, las enmiendas no se podrían aprobar y ya se estaría incidiendo en el fondo de recurso de amparo, una especie de otorgamiento anticipado del amparo”.
En línea con esta misma sentencia de la Fiscalía del Tribunal Constitucional también se pronunció el letrado y secretario general adjunto del órgano de garantías Juan Carlos Duque. A este mismo experto en derecho parlamentario con 33 años de experiencia, el presidente del pleno, Pedro González-Trevijano, elegido por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, le solicitó el pasado miércoles un informe urgente sobre el recurso de amparo interpuesto por la formación dirigida actualmente por Alberto Núñez Feijóo. Ante su petición, el jurista confeccionó su resolución en menos de 24 horas, comunicando un parecer en el que cabría admitir la petición del PP pero rechazar la suspensión cautelar del trámite parlamentario.
