Este lunes, el Constitucional decidirá si frena la votación del totum revolutum legislativo del Gobierno en el Senado (con reforma del sistema de renovación de los jueces con mandato caducado de dicha corte) o corta la polémica de raíz y desoye el recurso de amparo presentado por el Partido Popular el pasado viernes. El debate en el seno del tribunal de garantías está servido y la división entre el bloque progresista y el conservador en la corte de garantías es palpable.
Los dos partidos que conforman la coalición han movido ficha en busca del blindaje judicial que requieren sus reformas. El PSOE ya presentó el domingo dos nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional, incluyendo una nueva recusación al presidente de la corte de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Ambos con el mandato caducado.
La estrategia es la misma que utilizó Podemos, quienes también han movido ficha para contrarrestar la maniobra de los conservadores. El grupo confederal ha madrugado este lunes y se ha abonado a la baza de la justicia europea para neutralizar a los dos magistrados en cuestión. Para ello, han resgistrado un escrito ante el Tribunal Constitucional en virtud de la presentación de una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se establezca si Trevijano y Narváez deben o no abstenerse automáticamente. Asimismo, solicitan que en caso de incumplirlo se establezca si se sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones.
Los morados entienden “del todo incuestionable” que al tener el mandato caducado son afectados directos por el articulado cuya tramitación se ha recurrido. Justifican que, de aprobarse la reforma legal, tanto Trevijano como Narváez dejarán de ser miembros del tribunal de garantías, perdiendo su “actual posición, emolumentos y prerrogativas”, amén del poder de decisión “en el sentido que consideren o al que se hayan comprometido”.
Un segundo recurso
Además, han comunicado el registro de un segundo escrito mediante el cual recuerdan a la corte de garantías que aún se encuentra en stand by una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso, lo que implica que el recurso presentado por los conservadores para frenar la reforma de las mayorías para renovar el Poder Judicial es “prematuro” al no haber agotado la “vía previa parlamentaria”. A juicio de los morados, en base a este hecho, la petición del Partido Popular “debe ser inadmitida de plano”.
"¿Manda el pueblo o unos jueces ultras que se niegan a renovarse con el mando caducado?"
Desde el grupo parlamentario morado insisten en la “evidente” afectación del derecho a la participación política que imprimiría la suspensión de una regulación parlamentaria. Unidas Podemos recuerda que el primer recurso de los populares apelaba a la necesidad de la petición cautelarísima por la votación en el Congreso que, como ya se sabe, tuvo lugar el pasado jueves. En suma, estiman que se ha perdido la naturaleza de dicha peticiónque tuvo que ser inadmitida. En otro sentido, recuerdan que en 2007 dos magistrados se abstuvieron de debatir y votar un recurso sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en un caso parecido al actual.
Una justicia "secuestrada"
En una comparecencia ante los medios en el Congreso de los Diputados, el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha razonado que “entramos en una dimensión desconocida” y “se hace difícil prever las consecuencias si se perpetra el golpe”. En consecuencia, dado todo “lo que está en juego”, “pedimos la intervención de Europa”.
“¿Quién legisla? Está en juego la soberanía popular. ¿Manda el pueblo o unos jueces ultras que se niegan a renovarse con el mando caducado? Si mandan ellos, que vengan al Congreso y decidan legislar”, ha sentenciado.
Junto a Asens, ha comparecido Enrique Santiago, diputado morado y líder del PCE. En su caso, ha lamentado que la extrema derecha esté utilizando sus resortes judiciales para paralizar un trámite parlamentario. “El aparato judicial está secuestrado por la derecha política”, ha exhortado, al tiempo que ha lamentado que “el Tribunal Constitucional está operando sin tener competencias”, ya que “solo puede examinar la constitucionalidad de las leyes aprobadas”.
