El Gobierno de coalición ha recibido el visto bueno a sus terceros y últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura con una sólida mayoría que erige a Pedro Sánchez como uno de los presidentes con mayor estabilidad del entorno europeo. Los 187 síes que han cosechado sus cuentas para 2023 son 20 más que en su investidura y ocho más que en la moción de censura que le aupó hasta Moncloa por primera vez en 2018. No se veía una corpulencia parlamentaria semejante desde 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Los 120 escaños socialistas y los 33 de Unidas Podemos (sin contar el asiento vacío de Alberto Rodríguez) suponen 153, más los 13 de ERC, cinco de EH Bildu, los seis del PNV, cuatro del PDeCat, dos de Más País, dos de Coalición Canaria y Compromís. El BNG se ha abstenido y PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, Foro Asturias, Teruel Existe, los dos parlamentarios tránsfugas de Navarra Suma y otro que fue de Cs se han opuesto, dejando en un exiguo 156 los noes.
Moncloa lleva dos semanas cerrando acuerdos a cuentagotas con sus socios habituales para evitarse negociaciones in extremis y votaciones de infarto pendientes de errores de diputados despistados. El martes ya tenía garantizados los votos suficientes y ha engrasado la cifra con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El portavoz parlamentario del Grupo Republicano, Gabriel Rufián, ha justificado que "hace ya mucho tiempo que dijimos estar hartos de militar exclusivamente en la moral, también queremos militar en la utilidad”. La balanza la han decantado tanto la reforma del delito de sedición como los 900 millones de euros en inversiones para infraestructuras a ejecutar desde la Generalitat. En su mayoría se destinarán a la mejora de carreteras y ferrocarril. Además, han pactado incluir mecanismos para la ejecución presupuestaria en la región.
La corpulencia parlamentaria de Sánchez no se veía desde tiempos de Zapatero. Rajoy se quedó en 176 votos en 2017 y 2018
La coalición goza de una salud envidiable. Sánchez ha sumado 21 votos más que en su investidura, cuando recibió 167; y ocho más que en la moción de censura, que cosechó 180. Pese al convulso contexto y los no pocos incendios políticos, también internos, el presidente ha logrado fortalecer el bloque progresista. La estabilidad que atesora no se veía desde tiempos de Zapatero. Mariano Rajoy aprobó sus Presupuestos en 2015 recurriendo a su mayoría absoluta y a UPN. Fue el año en que nuevas fuerzas irrumpieron en el Congreso. No fue capaz de aprobar en tiempo y forma sus cuentas. Prorrogó los PGE de 2016 al 2017; y ese año, los aprobó junto a Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, CC y NC. En total, sumó 176 votos. Al año siguiente, en 2018, se apoyó en los mismos, con la notable diferencia de que Sánchez los hizo suyos al arrebatarle la presidencia gracias al viraje del Partido Nacionalista Vasco.
Al concluir la votación, Sánchez lo ha celebrado como “una victoria del entendimiento” que dota de “estabilidad” al país en un momento de convulsión. El presidente ha agradecido a los 10 partidos que han apoyado las cuentas que primaran el “interés general” al interés particular. Sobre los PGE, ha destacado que “son muy importantes” porque "protegen a la mayoría social, sobre todo a los más vulnerables" y van a permitir "canalizar un año más los fondos europeos para modernizar la economía, consolidar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo".
Las monedas de cambio
El PNV fue el primer gran aliado del Ejecutivo en confirmar su sí a los Presupuestos 2023. Aitor Esteban, su portavoz parlamentario, lo anunció el pasado domingo tras acordar la continuidad del Cupo "en las mismas condiciones" y la aprobación de 48 enmiendas en ponencia que suponen inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco; entre las que destacan los 25 millones destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los 10 millones para mejorar la depuradora guipuzcoana. También recibieron la transferencia de ferrocarriles a Euskadi, que avanza "razonablemente bien" y que espera sea una realidad a principios de 2023. Además, Moncloa aceptó una de sus enmiendas transaccionales para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.
EH Bildu, el otro actor vasco y notable integrante del bloque progresista que sostiene la legislatura, hizo lo propio el martes, celebrando la firma del acuerdo de “mayor calado” entre la izquierda abertzale y la coalición. Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria, desgranó un ambicioso acuerdo que descarga la gestión del impuesto a banca y energéticas en las haciendas forales, la prórroga del tope del 2% a las subidas del alquiler hasta el 31 de diciembre del 2023, mantener un año más las subidas del 15% de las pensiones no contributivas, 200 nuevas plazas MIR, inversiones en Memoria Democrática y Transición Ecológica, entre otros asuntos.
Íñigo Errejón reafirmó este lunes el apoyo a los PGE tras arrancar al PSOE varios compromisos en materia de salud mental, bucodental, memoria democrática y transición ecológica. A destacar, un millón de euros para la creación de un Observatorio de Trastornos de Conductas Alimentarias. Con Compromís, se han llegado a varios acuerdos cuya suma supondrá un montante total de 62,8 millones de euros en inversiones y transferencias directas en el territorio valenciano. Con el PRC, el Ejecutivo ha pactado inversiones por valor de 50 millones de euros; con Teruel Existe, 11 millones, cuatro de los cuales serán para el Museo de Etnografía de la diputación de Teruel; y con el PDeCat, la gratuidad de autobuses estatales en 2023. En el caso del archipiélago, la diputada Ana Oramas ofreció el sí de su formación por un paquete presupuestario que ronda los 200 millones de euros. La principal partida aquí es un plan de recuperación de 100 millones de euros para la Isla de La Palma, además de otros 81 millones de euros para subvencionar el 100% de los abonos de transporte y títulos multiviaje de la región. Las negociaciones también han incluido compensaciones de los costes del transporte de mercancías entre las islas y con origen o destino de las Islas Canarias, además de ayudas fiscales para el transporte del plátano de Canarias.
Un show vergonzoso que tendrá respuesta
El discurso más putrefacto se coló en pleno debate de Presupuestos, condenando a las cifras a un rol subalterno. Ya el lunes el Partido Popular abrió boca llamando “inútil” y “soberbia” a Irene Montero. Minucias en comparación con los insultos que tuvo que soportar la ministra de Igualdad. Tras defender las partidas del Ministerio que dirige, la diputada de Vox Carla Toscano deshonró la sede de la soberanía nacional afirmando que el único mérito de Montero es “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. Un asqueroso y despreciable ataque machista que provocó una bronca monumental en el hemiciclo. La propia ministra tomó la palabra para exigir que tan abyecta intervención quedara reflejada en el diario de sesiones para que quede constancia “de la violencia política” contra las mujeres y “para que después de mí no venga ninguna otra”.
Montero, visiblemente emocionada, abandonó posteriormente el pleno con lágrimas en los ojos, conteniéndose para no romper a llorar mientras su equipo la abrigó con numerosos abrazos y besos. Un cariño que se trasladó también a las redes sociales. Todas las ministras socialistas, Yolanda Díaz, diputadas, el presidente Sánchez e incluso líderes de gobiernos latinoamericanos le dedicaron unas afables palabras. Un cierre de filas al que se unió hasta la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cuyo grupo también había insultado a la dirigente morada: “Nadie tiene derecho a ofenderla ni entrar en su vida personal”.
El ataque machista a Irene Montero provocó un cierre de filas que ha fortalecido la salud de la coalición y el Congreso ya fragua un documento de repulsa
El Congreso ya fragua una respuesta formal. Según ha podido confirmar ElPlural.com, Podemos está preparando un documento que remitirá a la Mesa para censurar la abyecta escena protagonizada por la ultraderecha y evitar que vuelva a producirse. Según fuentes, los morados ya tenían redactado un primer borrador que ha circulado entre varias diputadas. Se informó de la iniciativa en la noche del miércoles al resto de grupos parlamentarios. Las fuerzas progresistas no tardaron en plegarse. Unidas Podemos contaba con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más País, Compromís y compañía; pero pretendían una condena que aislara a Vox y esperaban que otros partidos como PSOE y PNV se pudieran sumar.
El escrito sería “simbólico”, de repulsa hacia la violencia política que sufren las mujeres y, en concreto, la que tuvo que soportar la ministra de Igualdad. Se esperaba un comunicado conjunto a lo largo de la mañana, pero finalmente, no se producirá. El PNV lo habría frenado no porque no compartiera el contenido, sino porque aboga por un redactado más genérico. Aitor Esteban, portavoz parlamentario de los jeltzales, ha denunciado que los métodos de Vox, lamentablemente, son ya habituales: “Lo estamos viendo constantemente. Es inaceptable. Fue un auténtico exceso y una vergüenza. Una falta de decoro y mi más absoluta solidaridad. Estamos acostumbrados a ver esto una y otra vez y el 98% de las ocasiones es Vox. Agresividad, insultos, provocaciones al resto… Es algo generalizado”. En este punto, ha confirmado la existencia de “un documento” y ha razonado que “no nos podemos fijar solo en la dialéctica machista” porque “muchos hemos sido agredidos aquí”. En consecuencia, “si se saca un documento, hay que abordarlo así”, de manera más amplia. Según fuentes, en estos momentos se está retocando el escrito para atraer al PNV y sería elevado la semana que viene a la Mesa.
