El ritmo frenético de este jueves no opaca lo sucedido el pasado miércoles en el Congreso. Vox, y en particular su diputada Carla Toscano, transgredieron todos los límites del debate parlamentario con una riada de ataques machistas hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Un episodio de “violencia política” que le ha servido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar filas en torno a la dirigente morada y, de paso, reivindicar la “política útil” con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) frente a la acción del “insulto, el griterío y el machismo” de la ultraderecha.

Día ajetreado en la Carrera de San Jerónimo. La Cámara Baja aprobará los Presupuestos Generales del Estado para 2023 “en tiempo y forma”, como prometían en Moncloa desde los primeros pasos del proyecto. Además, se someterán a votación asuntos de calado como los nuevos gravámenes sobre el patrimonio, impuestos a la banca y energéticas y los primeros coletazos del debate para la reforma del Código Penal y la consiguiente modificación del delito de sedición.

Un pleno de subrayada relevancia para el Legislativo, pero eclipsado, en parte, por las soflamas machistas de Vox contra la Irene Montero y la conocida como Ley del ‘solo sí es sí’. La parlamentaria ultraderechista Carla Toscano espetó desde la tribuna que el único mérito de Montero era “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, pareja de la también dirigente de Podemos y fundador de la fuerza morada.

Un ataque que, por supuesto, fue jaleado desde la bancada de Vox, donde se profirieron gritos de “libertad” tras la réplica de la ministra de Igualdad, quien exigió la incorporación de este ataque al Diario de Sesiones. El fin de la decisión adoptada por Montero no es sino dejar en evidencia la “violencia política” que se ejerció en la “sede de la soberanía popular”. “Que no se borre, para que todo el mundo pueda saber que las feministas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos”, sentenció la ministra morada antes de que la bancada de la izquierda rompiera en aplausos a su intervención.

Reivindicación de Sánchez

El episodio de “violencia política” precedió a un cierre de filas al completo del Gobierno de coalición. Después de una semana de temperaturas al alza en el Consejo de Ministros a costa de la Ley del ‘solo sí es sí’ y de que tanto Yolanda Díaz como la facción socialista en Moncloa evitara el respaldo a la titular de Igualdad, esta vez sí, el Ejecutivo ha respondido al unísono.

María Jesús Montero, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez salieron en tromba a condenar los agravios machistas proferidos desde la bancada de Vox a la titular de Igualdad. Condenas ministeriales que allanaron el camino al presidente del Gobierno. Sánchez lo ha hecho hasta en dos ocasiones. La primera de ellas, inmediatamente después del incidente parlamentario, censurando a la ultraderecha por “cruzar una línea intolerable”.

La segunda se ha producido en los albores de este jueves, instantes previos a la apertura de puertas del Congreso de los Diputados. Sánchez ha aludido expresamente a la actuación de Vox en la sesión plenaria del miércoles, exhibiendo “lo peor de la política”. Una acción basada en el “insulto y el machismo”.

Frente al “griterío” y el ruido al que se ha abonado la extrema derecha, Sánchez reivindica la “política útil”, aquella que facilitará la aprobación de los terceros Presupuestos de la legislatura “en tiempo y en forma”. El líder del Ejecutivo lanza de esta manera un segundo mensaje de apoyo a Montero y escenifica un robusto cierre de filas de todo el Gobierno con la titular de Igualdad.

Respaldo incluso del PP

El acoso de Vox a Irene Montero ha obtenido el repudio incluso de sus socios naturales. El PP condenó el miércoles los ataques “personales” a la ministra de Igualdad. Lideró la reprobación pública Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, a través de un comentario en su perfil de Twitter que afeaba a la ultraderecha la falta de respeto a la dirigente morada.

Gamarra indicó que “nadie tiene derecho” a ofender a Montero y orientar sus ataques hacia el pantanoso terreno de lo personal. “Ni en su vida privada ni en la de nadie. El respeto es imprescindible en política”, defendió la conservadora, quien, a su vez, exhibió las “diferencias ideológicas” que le separan de la ministra de Igualdad. Pese a todo, la portavoz popular en la Cámara Baja cree que la propia Montero ha de asumir “responsabilidades políticas” por la Ley del ‘solo sí es sí’, que a su juicio ha producido unos “efectos nefastos”.