Estos días el Congreso de los Diputados alberga tediosas y maratonianas jornadas de debate presupuestario. Desde el lunes, las cuentas son presentadas título a título, Ministerio por Ministerio, ante el hemiciclo y la votación tendrá lugar el jueves 24 de noviembre. Se prevé una holgada mayoría, pues el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo suficiente y se espera que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sume su bancada a la causa en las próximas horas. El proceso hasta llegar aquí ha sido largo. ¿Cómo se aprueban unos Presupuestos?
Al calor del verano, el Ejecutivo hilvana su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el siguiente curso. Para que puedan ser aprobados en tiempo y forma, cosa que el expresidente Mariano Rajoy no cumplió, tras el parón estival deberían estar prácticamente cerrados y listos para aprobarse en Consejo de Ministros. Este es el primer paso. Pedro Sánchez ha logrado aprobar en plazo sus dos anteriores propuestas y se augura el mismo destino para estas, pese a que lo ha tenido más difícil.
El primer acercamiento se produce en el seno del Gobierno. Al ser una coalición, socialistas y morados negociaron hasta altas horas de la madrugada, o así trataron de revestirlo, aunque dicha epicidad no se asemeja a lo que ocurrió. Sea como fuere, el acuerdo permitió al Consejo de Ministros aprobar un proyecto de Presupuestos. Este hito se alcanzó el martes 4 de octubre.
Después, Moncloa remite las cuentas al Congreso con un acto solemne ejecutado por la ministra de Hacienda, en este caso, María Jesús Montero, que hace entrega del libro amarillo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Este año, el evento tuvo lugar el 13 de octubre.
Tras ello, llega el momento de los técnicos y diputados. Debate y debate. Los ministros desfilaron uno por uno por sus respectivas comisiones explicando los números de sus carteras. Los secretarios de Estado también hicieron lo propio en unas jornadas que transcurrieron entre los días 17 y 21 de octubre, ambos inclusive. Cinco días después, se celebró el Debate a la totalidad en sendos plenos los días 26 y 27 de octubre; y una vez aprobado, se abre el plazo para presentar enmiendas al articulado, que cerró el 28 a las 14:00.
Tras recibir todas las enmiendas, son ordenadas y calificadas. Algunas, pueden ser vetadas por el propio Gobierno al entender que modifican sustancialmente la balanza, bien en la parte de ingresos o bien en el apartado del gasto. Después, llega el informe de la Ponencia, que fue el 11 de noviembre, a lo que le sucede el dictamen de la comisión, celebrado el 19 del mismo mes. Es este último dictamen el que se debate estos días.
La votación del contenido del dictamen y de las enmiendas se realiza por artículos y secciones, sin que se requiera una votación final de conjunto sobre el grueso del articulado. Sin embargo, si uno de sus capítulos decae, los Presupuestos quedan rechazados en su totalidad. En caso de que el texto coseche el respaldo del Congreso, para lo que se requiere mayoría simple (más síes que noes), será remitido con las pertinentes enmiendas al Senado.
Una vez allí, deberá superar un proceso semejante. Pueden darse tres supuestos. El primero es que la Cámara Alta apruebe tal cual el proyecto del Congreso sin modificarlo, por lo que los PGE ya estarían listos para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor a partir del 1 de enero. Si el Senado introduce alguna enmienda, las cuentas serán devueltas al Congreso, que votaría dichas enmiendas. Las que ratifique, por mayoría simple, permanecen en los PGE. Las que rechace quedan eliminadas, y el texto vuelve a la redacción anterior a su modificación por el Senado. Si los PGE son vetados, retornarían al Congreso con la particularidad de que se pueden presentar propuestas de veto tanto a las secciones como al texto en su conjunto. Si se presentan, se debaten ante el Pleno del Senado y si alguna queda aprobada, por mayoría absoluta, entonces finaliza la tramitación en el Senado y los PGE se devuelven al Congreso tal y como partieron de la Cámara Baja. El Congreso puede ratificar el texto y levantar el veto del Senado por mayoría absoluta, en primera votación, o por mayoría simple dos meses más tarde.
