Al alba, apurando plazos e intercambiando envites ante una mesa repleta de un café que amenazaba la pila de papeles desordenados con cifras y reclamos. Así, al más puro estilo The West Wing (El ala oeste de la Casa Blanca), es la escena que asalta nuestra imaginación al pensar cómo fueron las últimas horas de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que cristalizaron en un acuerdo in extremis de madrugada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023. ¿Fue realmente así? ¿Quién negoció? ¿Cómo? ¿Cuándo se alcanzó el acuerdo? Y, lo más importante: ¿Qué pasó con la ley de Vivienda?

Tras una semana con el socio minoritario del Ejecutivo lamentando el bloqueo, la fumata blanca llegó en torno a las seis de la madrugada. Los implicados en la negociación no son capaces de indicar la hora exacta. La referencia son las 06:55 de la mañana, hora en que la Secretaría de Estado de Comunicación ha informado del acuerdo. El acelerón se produjo en la tarde del lunes. La pasada semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encendió todas las alarmas aquejando que las posiciones aún estaban muy lejos, versión que fue confirmada por el portavoz parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique. “Las negociaciones están bloqueadas y no entendemos por qué”, dijo en sede parlamentaria. El PSOE, por su parte, se sacudió las acusaciones enmarcando las presiones en el habitual “tira y afloja”. “A veces se ponen órdagos, envites… Pero al final se acaba en un pacto”, respondió Patxi López. Voces conocedoras de las conversaciones de ambos partidos admiten que el plan fiscal aprobado el pasado jueves engrasó las negociaciones y, en la tarde de ayer lunes, se avanzó notablemente. Tanto es así que, a última hora de la tarde, apenas quedaban unos detalles de la ley de Familias por concretar.

Unidas Podemos sabía desde hacía una semana que la ley de Vivienda no se integraría en la ecuación

La escena proyectada de unas negociaciones in extremis y extenuantes se han envuelto de una epicidad que poco se corresponde con la realidad. Sí, el acuerdo no se cerró hasta pasadas las seis de la madrugada, pero todo forma parte de la liturgia. Unidas Podemos sabía desde hacía una semana que la ley de Vivienda no integraría en la ecuación de los Presupuestos, sino que seguiría su trámite parlamentario al margen: pero los morados, como dice Echenique, “somos cabezones”. Se empeñaron en presionar hasta última hora, apurando plazos. Moncloa quería tener listas cuentas para aprobarlas en Consejo de Ministros este martes 4 de octubre para cumplir con los plazos y comenzar a aplicarlos el día 1 de enero de 2023. Ese era el deadline y hasta ahí llegó Unidas Podemos.

No a Vivienda, sí a Familias

Conscientes de que el PSOE no cedería a los reclamos en materia de Vivienda, el punto de fricción que marcó las últimas horas fue la ley de Familias, que tiempo ha que el Ministerio encabezado por Ione Belarra, Derechos Sociales y Agenda 2030, conserva en un cajón. Los morados solicitaban 100 euros mensuales en concepto de prestación de crianza para familias con menores de entre cero y tres años. La discusión pivotó en torno a esa cuantía, que finalmente, Hacienda aceptó.

Decimos Hacienda, que no el PSOE, puesto que las negociaciones al alba quedaron en manos del equipo de María Jesús Montero y el de Podemos. Según fuentes, Yolanda Díaz estaba informada, pero no despachó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino con Montero. El grueso del acuerdo, de hecho, es responsabilidad del equipo económico de Podemos, con la supervisión, eso sí, de Josep Vendrell, jefe de gabinete de Yolanda Díaz.

El órdago morado sobre Vivienda no amedrentó al PSOE, que mantuvo la ley al margen de cualquier acuerdo. Fuentes del Grupo Socialista explican a ElPlural.com que tienen voluntad de aprobar la ley porque es necesaria, pero no coinciden con los términos de UP. La génesis del choque hunde sus raíces en el tope a los alquileres. Los de Ione Belarra presionaron para limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas tanto a grandes como a pequeños tenedores y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. El PSOE comparte el tope, pero solo a los grandes tenederos. En consecuencia, el problema es la definición de lo que se entiende como gran tenedor. UP es partidario de rebajar de las 10 viviendas o los 1.500 metros cuadrados. En este sentido, el PSOE cree que la mejor solución son los incentivos fiscales, alegando que hay personas de clase media cuya economía depende de la renta de algunos inmuebles.

El desbloqueo de Vivienda nunca estuvo entre los planes del PSOE por mucho que Podemos presionara. “Yo puedo pedir la luna si quiero, pero…”, ironiza un dirigente socialista.

“Yo puedo pedir la luna si quiero, pero…”

Anuncio de madrugada

“Presupuestos en tiempo y forma”. Ese era el mantra predominante en Ferraz durante semanas, cuando la distancia entre las partes se medía en kilómetros. Así ha sido. Mientras las calles, aún oscuras, empezaban a colmarse, de las chimeneas de Moncloa emergía el denso humo blanco. Fumata inmaculada, indicativo de un acuerdo presupuestario que, unas horas antes, se presuponía imposible tras las “profundas diferencias” que, según Díaz, separaban a ambas fuerzas.

El acuerdo llegó y con él los suspiros de alivio previos a la celebración. El grito de socialistas y morados, esta vez sí, fue unívoco y al unísono, reivindicando la “protección” de las clases medias y bajas, dejando al Partido Popular ante su proyección de escudero de las élites. Unos presupuestos “beneficiosos” para la “mayoría” y garantes, a su vez, de la “prosperidad” económica del país.

Los socialistas se adelantaron a sus socios mientras los rayos del sol aún remoloneaban, recordando su compromiso presupuestario en materia de plazos. Con “orgullo” y “satisfacción”, voces autorizadas en Ferraz celebraban el pacto con algún que otro dardo con dirección a Génova, remarcando la querencia conservadora por las élites españolas, en detrimento de las rentas medias y bajas. Entre dardo y dardo, desgranaban que las últimas cuentas públicas de la legislatura eran a su vez las más ambiciosas en materia social.

La coalición expuso las bondades de unos Presupuestos concebidos para robustecer el Estado del Bienestar y que, en palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, aportan “certidumbres” y afrontan con “valentía” las consecuencias de la inflación. A su vez, Díaz, como Sánchez, subrayaron la “cobertura social” y del “tejido productivo” desplegada desde Moncloa. “Sin justicia social, no puede haber justicia fiscal”, proclamaban desde Ferraz.

Más tarde, tras su aprobación en el Consejo de Ministros y las píldoras de Feijóo y Ayuso, la ministra de Hacienda presentaba las cuentas desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Montero resaltaba que, toda vez estas sean validadas, el gasto en Sanidad Pública durante la legislatura se habrá “duplicado” con respecto al último Presupuesto del Partido Popular, desgranando también un incremento del 60% en inversión educativa y un aumento de 900 millones en cuanto a becas se refiere.

Montero entregará al Congreso el libro amarillo con los Presupuestos "esta semana" y las negociaciones con los socios comenzarán "cuanto antes"

El truco de Hacienda y el sapo en Defensa

Sánchez se comprometió ante la OTAN en la cumbre celebrada en Madrid a incrementar progresivamente la inversión armamentística hasta llegar al 2% del PIB en 2029. Se preveía que este sería el principal punto de fricción entre los socios del Ejecutivo, sin embargo, el ala socialista lo solventó con una argucia presupuestaria solo al alcance de los grandes fontaneros. Hacienda diseñó un plan para que el aumento quedara plasmado en los Programas Especiales de Armamento, proyectos especiales que no son recogidos en el techo de gasto, aunque sí en los PGE.

Finalmente el anteproyecto contará con un aumento del 8%, teniendo en cuenta los fondos europeos, del 6%; pasando de 9.791 millones en 2022 a los 12.137 en 2023. De este cómputo global, 4.900 millones irían destinados a los programas especiales de modernización. Teniendo todo en cuenta, el incremento de inversión armamentística rondaría el 25% pese al rechazo frontal de Podemos. Echenique ha denunciado que es “una deslealtad” y “una vergüenza” que les hayan ocultado el aumento, aunque “no vamos a romper el Gobierno por una deslealtad” porque “sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y a Abascal.

El incremento de inversión armamentística rondaría el 25% pese al rechazo frontal de Podemos

Presupuestos “antisociales”

Las loas permutaron en reprobaciones desde la derecha. La primera en pronunciarse fue Isabel Díaz Ayuso, marcando el camino, una vez más, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La jefa del Ejecutivo madrileño despachaba, cual tuitero, una escueta valoración: “Es una ruina, como todo lo que tiene que ver con la Economía”.

Abierto el camino en la derecha, Alberto Núñez Feijóo, rodeado de frutas y hortalizas, rechazaba la doctrina de Moncloa. “Son antisociales”, espetó el líder de la oposición, reposando su argumentación sobre las constantes subidas tributarias perpetradas por la Administración de Sánchez. El jefe de los conservadores afeaba a sus adversarios hablar de la inversión social mientras la inflación “condena” a los ciudadanos con rentas bajas y medias a “pagar los mismos impuestos” que las altas. Estima que, en el momento de “mayor recaudación”, no se sostiene que las cuentas se proyecten como un escudo para las clases trabajadoras.

El gasto en Defensa queda orillado, reflejado en los PGE, pero no en el techo de gasto

¿Y ahora qué?

Batallas dialécticas aparte, con el acuerdo presupuestario ya desmenuzado por la responsable de Hacienda, el camino de las últimas cuentas públicas de la legislatura concluirá en la Carrera de San Jerónimo. Fuentes socialistas aseguran a ElPlural.com que Montero llevará próximamente el proyecto de ley en el Congreso para su tramitación, escenificando la habitual entrega del libro amarillo en el registro de la Cámara Baja.

El PSOE engrasa ya sus maquinarias para afrontar las conversaciones con sus socios parlamentarios. Según han confirmado fuentes socialistas a ElPlural.com, se espera que los equipos negociadores se pongan manos a la obra “cuanto antes” para atraer al ‘sí’ a la mayoría de la investidura.

Los acuerdos con los socios no serán fáciles y así se lo han hecho saber desde los diferentes grupos. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha deslizado que el voto de sus diputados “se suda”, instando a PSOE y Unidas Podemos a ahorrase el “pressing”. Son conscientes de que “son los enésimos mejores presupuestos” de la historia de la democracia, pero ese argumentario, según dice, no funciona con ERC.