Una vez más, hubo fumata blanca. De madrugada, in extremis y tras llevar la negociación a su punto de ebullición, los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han rubricado los que serán sus últimos Presupuestos. Fuentes de Moncloa han informado del acuerdo a las 06:55 de la madrugada y el ala morada ya lo ha confirmado. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien comanda la acción del grupo confederal en el Ejecutivo, lo ha ratificado en su cuenta oficial de Twitter, destacando que son los Presupuestos sociales y valientes con los que capearán la inflación. Como detalle no menor, ha valorado positivamente que los socialistas absorbieran algunos de sus reclamos bandera, pero hasta el momento, no ha trascendido qué ha ocurrido con la ley de Vivienda, uno de los principales puntos de fricción en el que Podemos no iba a ceder

“Hoy hemos alcanzado un acuerdo de Presupuestos justo y beneficioso para nuestro país”, ha celebrado Díaz, añadiendo que “son cuentas públicas que aportan certidumbres, que afrontan con valentía el efecto de la inflación y que consolidan la protección social y del tejido productivo que el Gobierno está impulsando”.

La ministra de Trabajo ha anunciado que los PGE 2023 revierten el recorte del PP en materia de desempleo: “Recuperamos el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación”, una medida de la que prevé que se beneficien unas 300.000 personas. También recoge que todas las pensiones, sean contributivas o no, se incrementarán para mantener el poder adquisitivo de los mayores en un contexto de alza inflacionista: “Se lo debemos como sociedad”.

La ley de Familias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevaba unos meses en el cajón de la ministra Ione Belarra y, finalmente, se materializará. Era una de las condiciones innegociables de Podemos y así se lo trasladó al PSOE, advirtiendo que, de lo contrario, las conversaciones quedarían bloqueadas. La ley de Familias incluirá nuevos permisos de conciliación tales como permiso para cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas. Se dotará una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de entre cero y tres años y se considerarán a las familias monoparentales con dos hijos a su cargo como familia numerosa.

Díaz también ha anunciado un refuerzo de 600 millones de euros en el marco de un Plan de Choque en Dependencia para reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. Además, el Ingreso Mínimo Vital aumentará en los mismos términos que las pensiones y el IPREM se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023.

Cambio climático y energías

“Desplegamos una agenda verde, donde abordamos cuestiones coyunturales, con una mirada de largo plazo. Una apuesta decidida para ganar soberanía energética y para mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades, ciudades y pueblos”, ha aseverado la dirigente morada, garantizando el impulso de las “comunidades energéticas” para “avanzar en una transición justa desde la cooperación y el compromiso colectivo”. Las energías renovables son la clave para un modelo más sostenible”, ha abundado, por lo que desde el Ejecutivo se fomentará el autoconsumo “inspirándonos en las experiencias europeas más punteras”.

También “consolidamos el programa de renaturalización de las ciudades y reforzamos las zonas de bajas emisiones, las de gestión forestal y protección del medio natural”, e “impulsaremos la creación de carriles bici para potenciar su uso”.

En lo relativo a la protección de la Salud, los Presupuestos 2023 robustecerán el sistema nacional especialmente en tres áreas: atención primaria, salud mental (aumentando el 67% del presupuesto) y salud bucodental.

En cuanto a Igualdad, Díaz se ha comprometido a incrementar “las partidas destinadas a las políticas de igualdad, especialmente para el Plan de inserción de víctimas de trata y el Programa Corresponsables. Incrementaremos el salario de los empleados y empleadas públicas hasta un 9,5% en 3 años, recuperando derechos y mejorando sus condiciones laborales. Este importante paso, fruto de un acuerdo con las organizaciones sindicales, beneficiará a más de 2.700.000 personas”.

¿Y Vivienda?

Unidas Podemos impuso al PSOE dos líneas rojas para plasmar su firma en las cuentas del próximo años: ley de Familias y ley de Vivienda. La primera ha sido asumida en su práctica totalidad, pero poco o nada se sabe de qué ha ocurrido con la segunda.

A pesar de que todos los partidos de corte progresista insisten en que es una “prioridad”, va camino de los ocho meses de bloqueo. En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales. En concreto, los de Belarra presionaron para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas tanto a grandes como a pequeños tenedores y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler.

La ley de Vivienda no se integra en los Presupuestos, pero los morados supeditaron los mismos a su avance.

El obstáculo que no lo fue

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante la OTAN en la cumbre celebrada en Madrid a incrementar progresivamente la inversión armamentística hasta llegar al 2% del PIB en 2029. Se preveía que este sería el principal punto de fricción entre los socios del Ejecutivo, sin embargo, el ala socialista lo solventó con una argucia presupuestaria solo al alcance de los grandes fontaneros. Hacienda diseñó un plan para que el aumento quedara plasmado en los Programas Especiales de Armamento, proyectos especiales que no son recogidos en el techo de gasto, aunque sí en los PGE. Según el Programa de Estabilidad enviado a la Unión Europea, la previsión de Moncloa es subir un 0,2% del PIB la inversión en Defensa. La cifra aún no es definitiva, puesto que corresponde al Programa 2022-2025 enviado por España a Bruselas. De confirmarse, se pasaría de un 1% a un 1,2%, dos décimas extra. Así, el gasto en Defensa queda orillado y las negociaciones se centran ahora en los reclamos morados.

La alineación de Sánchez

Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Yolanda Díaz escenificarán el acuerdo por los Presupuestos este martes en Moncloa, este no es sino uno de los primeros pasos. Queda lo más complicado: obtener el respaldo mayoritario del Congreso. Moncloa ya ha sondeado comenzarán las negociaciones con sus aliados habituales. Como ya ocurriera con los PGE 2022, serán los socialistas los que piloten el proceso y, según ha publicado ElPlural.com, Sánchez ya ha elegido a sus titulares: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y el portavoz parlamentario, Patxi López.

No hay sorpresa alguna en la alineación. Según fuentes socialistas, la negociación la encabezará Hacienda, como es habitual pues es quien atesora todos los detalles de las cuentas. Montero centraliza todos los reclamos y se apoyará en Bolaños, curtido en mil y una negociaciones, para cosechar el apoyo del bloque de investidura. “Ya hemos recibido propuestas de Esquerra, las está valorando Hacienda”, admiten fuentes.

Por su parte, López, pese a que es un recién aterrizado en el cargo, mantiene una relación fluida con los grupos parlamentarios y será el encargado de limar algunas asperezas que escapen al marco presupuestario. Cabe recordar que Esquerra supeditó el apoyo a los PGE 2022 a la ley Audiovisual y a la ley de Memoria Democrática. De igual forma, será vital el rol de Unidas Podemos, que permite que sea el PSOE el que comande las negociaciones, pero estará al quite por si es necesaria su intervención.