La madre de todas las negociaciones, la de los Presupuestos Generales del Estado, encara la recta final. PSOE y Unidas Podemos esperan concretar los últimos flecos estos días para aprobar las cuentas para 2023 en el Consejo de Ministros de la próxima semana como tarde -hay voces que incluso piden que sea este martes 4 de octubre-. Hito harto complicado, pues pese al bálsamo que supuso el plan fiscal, hay dos escollos que mantienen los Presupuestos bloqueados: la ley de Vivienda y la ley de Familias.

El estado de la negociación es idéntico al del pasado viernes. El fin de semana no ha registrado avance alguno. Únicamente el clima ha mejorado con el acuerdo sobre el paquete de medidas fiscales que, además, han celebrado sus socios. A principios de la semana pasada, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, líder de Sumar y quien comanda la acción de Gobierno de Unidas Podemos, censuró públicamente que las negociaciones por los Presupuestos 2023 estaban encalladas. El portavoz parlamentario del espacio confederal, Pablo Echenique, lo confirmó: “Están bloqueadas y no entendemos por qué”. Desde el PSOE no tardaron en sacudirse tales acusaciones. “Los Presupuestos se siguen negociando y estoy convencido de que tendremos unas cuentas”, garantizó el portavoz en el Congreso del Grupo Socialista, Patxi López, quien enmarcó el cruce de declaraciones en los habituales “tira y afloja”. “A veces se ponen órdagos, envites… Pero al final se acaba en un pacto porque todos los que hemos apoyado a este Gobierno somos conscientes de que todas las políticas desplegadas van a tener su efecto en los Presupuestos”, abundó.

Ambas declaraciones se produjeron el martes en sendas ruedas de prensa en el Congreso. Y ahí quedó todo. El grueso de las conversaciones se centró, desde entonces, en el paquete de medidas fiscales que preparaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ya el jueves, desde Hacienda comenzó a agitarse que la coalición había llegado a un acuerdo en materia fiscal. Cierto es que hubo fumata blanca, pero también confusión, ya que Unidas Podemos mostraba su sorpresa por la celeridad con la que la ministra Montero había anunciado su comparecencia.

El principal escollo es que UP pide topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública

El plan fiscal no solo sirvió para que ambos partidos se conjuraran y aparcaran las discrepancias de los Presupuestos, sino que incluso los morados presumieron de ello. Suele ser poco habitual que dirigentes de UP celebren tanto un logro. Acostumbran más a admitir que es un gran paso, pero podría haberse ido más lejos. Los ánimos fueron distintos en este caso. Díaz, Echenique, Ione Belarra, Irene Montero… Todas ellas coincidieron en que el paquete era ambicioso. No faltó su particular sello aseverando que sin ellos el PSOE no se habría atrevido. “Esta reforma fiscal, mucho más ambiciosa de lo que inicialmente estaba previsto por la parte socialista del Gobierno, es la mejor noticia para tener servicios públicos mejor financiados. Lo público es lo que nos hace iguales en derechos y, por tanto, verdaderamente libres”, esgrimió Belarra. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, beneficios para las rentas más bajas, la rebaja del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos… UP se puso la medalla de todas estas conquistas poniéndose deberes: que el impuesto a los ricos no sea temporal, sino permanente.

Vivienda y Familias, imprescindibles

El plan fiscal fue una gran victoria de la coalición y se celebró como tal, lo que ha dispuesto un cariz más agradable para encarar el sprint final de los Presupuestos. Sorteados casi todos los obstáculos, quedan las dos banderas de Podemos en las que no cederá. La primera es la ley de Vivienda, que a pesar de que todos los partidos de corte progresista insisten en que es una “prioridad”, va camino de los ocho meses de bloqueo. En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales. En concreto, los de Belarra presionan para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. El Grupo Socialista tiempo ha que se escuda en el elevado volumen de enmiendas, pero la excusa está próxima a caducar.

En lo que respecta a la ley de Familias, el texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva listo varios meses y está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros. El articulado amplía los permisos de paternidad y maternidad de manera progresiva hasta los seis meses y extiende la ayuda a madres desempleadas en 100 euros al mes por hijo menor de tres años.

Ambas leyes son una línea roja, no solo para Podemos, sino para otros aliados del Gobierno como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu o Más País, que ya han avanzado que si no se topan los alquileres, no habrá acuerdo, por lo que esta medida facilitaría enormemente la aprobación de los Presupuestos 2023.

El obstáculo que no lo fue

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante la OTAN en la cumbre celebrada en Madrid a incrementar progresivamente la inversión armamentística hasta llegar al 2% del PIB en 2029. Se preveía que este sería el principal punto de fricción entre los socios del Ejecutivo, sin embargo, el ala socialista lo solventó con una argucia presupuestaria solo al alcance de los grandes fontaneros. Hacienda diseñó un plan para que el aumento quedara plasmado en los Programas Especiales de Armamento, proyectos especiales que no son recogidos en el techo de gasto, aunque sí en los PGE. Según el Programa de Estabilidad enviado a la Unión Europea, la previsión de Moncloa es subir un 0,2% del PIB la inversión en Defensa. La cifra aún no es definitiva, puesto que corresponde al Programa 2022-2025 enviado por España a Bruselas. De confirmarse, se pasaría de un 1% a un 1,2%, dos décimas extra. Así, el gasto en Defensa queda orillado y las negociaciones se centran ahora en los reclamos morados.

La alineación de Sánchez

Está previsto que en los próximos días PSOE y Unidas Podemos concluya el diseño del proyecto de Presupuestos. Será entonces cuando comiencen las negociaciones con sus aliados habituales. Como ya ocurriera con los PGE 2022, serán los socialistas los que piloten el proceso y, según ha publicado ElPlural.com, Sánchez ya ha elegido a sus titulares: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y el portavoz parlamentario, Patxi López.

No hay sorpresa alguna en la alineación. Según fuentes socialistas, la negociación la encabezará Hacienda, como es habitual pues es quien atesora todos los detalles de las cuentas. Montero centraliza todos los reclamos y se apoyará en Bolaños, curtido en mil y una negociaciones, para cosechar el apoyo del bloque de investidura. “Ya hemos recibido propuestas de Esquerra, las está valorando Hacienda”, admiten fuentes.

Por su parte, López, pese a que es un recién aterrizado en el cargo, mantiene una relación fluida con los grupos parlamentarios y será el encargado de limar algunas asperezas que escapen al marco presupuestario. Cabe recordar que Esquerra supeditó el apoyo a los PGE 2022 a la ley Audiovisual y a la ley de Memoria Democrática. De igual forma, será vital el rol de Unidas Podemos, que permite que sea el PSOE el que comande las negociaciones, pero estará al quite por si es necesaria su intervención.