El Gobierno de coalición era consciente del volumen de trabajo que septiembre traía bajo el brazo. Las negociaciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el plan de contingencia para lidiar con la crisis energética, la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza, o la ley de Vivienda, entre otras. Esta última, según Moncloa, es una “prioridad absoluta”, y sin embargo, va camino de los ocho meses de bloqueo y no se atisba el acuerdo en el horizonte más cercano. ¿Cuál es su estado y qué la obstaculiza?
En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Según fuentes parlamentarias, el proceso se está dilatando en exceso no solo por el volumen de trabajo, sino por discrepancias en el seno de la colación y entre sus aliados habituales.
Fuentes del Grupo Socialista consultadas por ElPlural.com acusan la cantidad de enmiendas a despachar. “Hay más de 800. Hay muchas ya avanzadas, pero quedan otras tantas”, justifican. En cuanto a los plazos que manejan, insisten en que pretenden tenerla lista para otoño para que sea efectiva antes de finalizar el año, pero no se aventuran a fijarse un deadline puesto que hay enmiendas que primero tienen que “mirarlas con unos y, luego, con otros”.
Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia. En su intervención ante el Consejo Ciudadano, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lamentó las “excusas” del PSOE. Los morados piden introducir una la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios (grandes y pequeños tenedores de vivienda) y que la totalidad de las viviendas de la Sareb pasen a titularidad pública para aumentar el parque social en pisos de alquiler. Frente a ello, fuentes del ala socialista ya volcaron durante esta semana la responsabilidad de la tardanza de aprobar la ley a Podemos precisamente por dichas enmiendas, que no tienen sentido cuando ya habían llegado a un acuerdo en el seno del Ejecutivo.
Fuentes moradas conocedoras de las negociaciones explican que el PSOE se escuda en que el proyecto de ley saliente de Moncloa no puede enmendarse porque ya ha sido previamente acordada. No obstante, Podemos razona que el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta y las enmiendas “no solo mejoran la ley, sino que facilitan su aprobación porque, según está, ni Bildu ni ERC la van a apoyar”. Como ejemplo, la formación morada menta que la ley de bienestar animal estaba pactada por la coalición y, a posteriori, el Grupo Socialista presentó una enmienda para modificarla. Asimismo, tumban de un plumazo la razón por la que la cantidad de enmiendas no debiera ser un problema: “Aunque sean 800 o 900, la ponencia está para eso, para negociar esas enmiendas”.
El frenazo de julio
Según fuentes parlamentarias de EH Bildu, los trabajos llevaban buen ritmo hasta principios de julio, cuando todo se enfrió. PSOE y Unidas Podemos, tras aprobar la ley en Consejo de Ministros, trasladaron a sus socios del hemiciclo que su intención era hilvanar un articulado de izquierdas que recibiera el visto bueno del Congreso antes de concluir el periodo de sesiones que finalizaba, precisamente, en julio.
La izquierda abertzale incluso mantuvo del orden de cuatro reuniones -dos presenciales y dos telemáticas- con David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y otros directores generales de Moncloa: “Acudíamos a las reuniones con nuestra batería de medidas, elaboradas por un grupo de trabajo de Vivienda de EH Bildu y algunos reclamos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos”.
El País Vasco atesora las competencias íntegras de Vivienda, por lo que una ley nacional no sería demasiado invasiva, lo que no es óbice para abandonar la norma a su suerte: “Queremos una buena ley de Vivienda. No vamos a dar plácet a cualquiera”.
Bildu se interesó por los avances del PSOE con ERC. “Se nos decía que no había problema, pero no era eso lo que nos decían [Esquerra] a nosotros”. El independentismo vasco, en paralelo, mantuvo encuentros con Ione Belarra.
Y llegó el sol de julio que todo lo cambió. Los socialistas pisaron el acelerador y se fijaron de plazo aprobar Vivienda antes de finalizar el periodo de sesiones. No fue así. Ante la imposibilidad de avanzar en algunos aspectos con Podemos, ERC y Bildu, el PSOE optó por dar salida a la Ley de Memoria Histórica, otra que estaba atascada, tras un acuerdo los partidos vascos, Bildu y PNV, y gracias a la abstención de ERC. Ya de vuelta a la acción tras el parón estival, fuentes parlamentarias de Bildu ironizan con que antes del verano las diputadas del PSOE casi que perseguían a los socios para impulsar la ley de Vivienda y, ahora, todo está parado.
Por su parte, Esquerra Republicana esgrime que el problema “no es solo competencial”, sino que la ley que el PSOE está planteando es descafeinada y “peor que la ley catalana”. En sintonía con Bildu, el Grupo Republicano censura que no se ponga solución a los desahucios, que no se topen los precios de forma eficaz y cómo se están abordando las zonas tensionadas.
