La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha desgranado este jueves los pormenores de la batería de medidas fiscales, tras cerrar el acuerdo con Unidas Podemos. El impuesto de "solidaridad" para las grandes fortunas se ha colado como uno de los puntos estrella de este nuevo paquete. De hecho, el Ejecutivo ha convertido este gravamen en su arma contra el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Hace poco más de una semana, en pleno fragor de la batalla fiscal con el PP, el ala socialista del Gobierno se abría a la incorporación de un impuesto a las grandes fortunas. Los planes del Ejecutivo se han materializado este mismo jueves, previo acuerdo con sus socios, a través del denominado impuesto de “solidaridad”, que tendrá carácter temporal y que se gravará en tres tramos diferentes: un tributo del 1,7% para las rentas de entre 3 y 5 millones de euros de riqueza neta; una tasa del 2,1% para los contribuyentes con una riqueza de entre 5 y 10 millones de euros; y del 3,5% para los contribuyentes con una riqueza neta por encima de los 10 millones de euros.
Esto es lo que revela la superficie de este nuevo gravamen, pero lo que esconde tras de sí no es sino el arma de Moncloa para combatir el dumping fiscal que Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, así como otras regiones bajo el mando del Partido Popular, han impuesto tanto en Madrid como en Andalucía respectivamente.
La ministra de Hacienda ha desgranado los recovecos de esta nueva figura impositiva que supone un arma contra la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Las autonomías que lo mantengan “no tendrán que pagar este nuevo gravamen”, ha deslizado Montero, al tiempo que informaba de que la tramitación de éste recorrerá una vía "independiente" a los Presupuestos.
Cerco a grandes empresas y fortunas
Las nuevas medidas fiscales estrechan el cerco sobre los grandes patrimonios y compañías, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). En el paquete se incluye un incremento del tipo impositivo para rentas de capital superiores a 200.000 euros (del 26% al 27%) y 300.000 euros (hasta el 28%), contraponiéndose a la sucesión de rebajas a las “élites” perpetradas por el PP en una política descrita por la ministra como del “sálvese quién pueda”. Esta iniciativa afectará a 17.814 contribuyentes y se prevé una recaudación extra de 204 millones.
En el marco de las pymes, el Ejecutivo rebajará el tipo nominal del 25 al 23% en aquellas empresas cuya cifra de negocio se sitúe por debajo del millón de euros, afectando a un total de 407.384 pequeñas y medianas empresas. Con estas cifras, Hacienda prevé que el ahorro se dispare hasta los 292 millones de euros.
Por su parte, las grandes compañías verán limitada en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados durante los años 2023 y 2024. Un total de 3.609 empresas se verán afectadas por este nuevo articulado, que afecta al 0,2% de declarantes, con unas previsiones de recaudación que se aproximan a los 2.500 millones de euros.
Las clases medias y bajas, las grandes beneficiarias
Hacienda ha centrado el tiro en las clases medias y trabajadoras, ampliando el "beneficio fiscal" de rentas bajas (hasta ahora en 18.000 euros) y estableciendo la barrera en los 21.000 euros. "Esta elección no ha sido casual, se ha elegido porque el salario medio del país se sitúa en torno a esta cifra", ha explicado la titular del ramo, a la vez que ha arrojado una previsión de ahorro de 1.881 millones de euros para el 50% de los contribuyentes.
Montero se ha basado en el caso de un trabajador sin descendientes que ingrese 18.000 euros anuales para ejemplificar este aspecto. Con el nuevo articulado, este ciudadano se ahorraría un total de 746 euros por ejercicio. Es decir, una reducción del 40% en su tributación. Además, el Ejecutivo ha ampliado hasta los 15.000 euros el tipo de tributación mínimo exento de IRPF a la hora de hacer la Declaración de la Renta.
