El plan fiscal de María Jesús Montero ha cambiado el campo de batalla en la guerra abierta que Partido Popular y PSOE mantienen en materia de impuestos. La creación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas neutralizaría la deriva impositiva implantada por Juanma Moreno en Andalucía, a imagen y semejanza de la que reina en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Las autonomías conservadoras ya barajan la activación de la vía judicial, su principal resorte contra los articulados de la coalición.

Las medidas de Hacienda ni siquiera han iniciado su camino a la tramitación y en el Partido Popular ya sobrevuela la manida idea del recurso ante el Tribunal Constitucional. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno aguardan cautelosos a leerse la “letra pequeña” de lo que en Génova ya se cataloga como un “hachazo”, en gran medida para preparar la respuesta frente al arma de Moncloa para contrarrestar los efectos de la supresión del gravamen sobre el patrimonio.

En Madrid ya tienen experiencia previa en trasladar la batalla política al campo judicial. Recientemente, el Gobierno de Ayuso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan de ahorro energético por presunta “invasión de competencias”. En aquella ocasión, la baronesa popular no obtuvo el respaldo de ninguno de sus compañeros, quienes se vieron forzados a modular su discurso para no desautorizarla directamente. Ahora, la situación es diferente. Andalucía gravita en la misma órbita que Madrid, máxime cuando el presidente de la Junta lanzó las primeras ofensivas con la supresión del impuesto sobre el patrimonio.

No obstante, las líneas discursivas más duras contra el Ejecutivo proceden de la Puerta del Sol. A la estrategia de confrontación con Moncloa se ha sumado el frente impositivo, una de las patas sobre las que el PP edifica su estratagema de cara a las citas electorales del próximo 2023. Así las cosas, las primeras amenazas emergieron desde la sede del Gobierno madrileño tras la presentación de María Jesús Montero desde el Ministerio de Hacienda.

La Justicia, en el horizonte

Las primeras voces opositoras resonaron en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid. Su titular, Javier Fernández-Lasquetty, hombre de confianza de la presidenta, lanzó varios dardos con destino a Moncloa y con la palabra “autoritarismo”, epíteto recurrente en Sol para referirse a Sánchez, en su fuselaje. El consejero sugirió que estudiarían con detalle el articulado para dirimir si susceptible de recurso ante el Constitucional.

De hecho, más tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid rompió su silencio y se erigió como la “peor pesadilla” de quienes busquen “subir los impuestos” en la región. Desde el Gobierno regional sugieren que la nueva figura impositiva podría vulnerar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica y, por ende, incurrir en un “fraude de ley” y ser “inconstitucional”.

Madrid no está sola

La posible palanca judicial se subió al AVE en Atocha con dirección a la sevillana estación de Santa Justa. En San Telmo acogieron las medidas fiscales con otro racimo de críticas que pivotaban sobre la “inseguridad jurídica” y la “incertidumbre”. En el Ejecutivo andaluz se centra el tiro en que el paquete de Hacienda confronta con su reforma fiscal. Según El Confidencial, el temor a que el plan de Moncloa neutralice las políticas de Moreno Bonilla se ha diseminado entre las filas populares. La bonificación del patrimonio ya tiene vigencia en la autonomía, pero la situación podría cambiar el próximo año, cuando los contribuyentes con una riqueza de tres millones de euros o superior tributen en base al nuevo impuesto.

Al contario su homóloga, la respuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno aún transita la vía política, aunque se no deseche la opción judicial. No obstante, el camino hacia los tribunales augura ser más largo, pues en San Telmo se espera a tener el texto para escudriñarlo en busca de algún recoveco legal para tumbarlo.

En el cuartel general de los populares han adaptado el argumentario de los dos principales valores territoriales, sosteniendo incluso que el impuesto de solidaridad “invade las competencias” de las comunidades. Entre la dirección nacional impera la idea de un nuevo “atropello” de Moncloa, mientras dan autonomía a sus presidentes para recurrir o no el tributo. De hecho, Feijóo afea a la Administración central su propuesta fiscal al no tener la “más mínima sensibilidad” con las clases medias y bajas, a pesar de que las rebajas planteadas por Moncloa afectan directamente a estas rentas.

El PSOE habla de “surrealismo”

Por su parte, voces autorizadas de Ferraz consultadas por ElPlural.com no muestran el más mínimo atisbo de sorpresa ante la posibilidad de recurso por parte de Ayuso y Moreno Bonilla. De hecho, subrayan que es la “actitud habitual” de la presidenta regional, recordando su rebeldía energética.

Estas mismas fuentes auguran que la Junta de Andalucía adoptará el mismo camino que la Puerta del Sol porque Juanma Moreno se supeditará a “lo que Ayuso mande”. En Ferraz subrayan que la lideresa regional lo eleva “todo” al Constitucional sin apenas “haber leído” el texto previamente. “Es algo surrealista”, rematan.

Contra el ‘dumping’ fiscal

María Jesús Montero cristalizó este jueves la reciente querencia exhibida la pasada semana por un gravamen a las grandes fortunas. Previo acuerdo con sus socios de Gobierno, la ministra de Hacienda presentó el “impuesto de solidaridad”, que tendrá un carácter temporal y que se gravará en tres tramos diferentes: un tributo del 1,7% para las rentas de entre 3 y 5 millones de euros de riqueza neta; una tasa del 2,1% para los contribuyentes con una riqueza de entre 5 y 10 millones de euros; y del 3,5% para los contribuyentes con una riqueza neta por encima de los 10 millones de euros.

De la comparecencia de la titular de Hacienda subyace la idea de que esta nueva figura impositiva ha nacido como una contraofensiva al dumping fiscal de Ayuso y Moreno Bonilla. “Las autonomías que mantengan el impuesto sobre el patrimonio no tendrán que pagar este nuevo gravamen”, advirtió Montero, en clara alusión a las políticas de Madrid y Andalucía.