Antonio Piña entró en la Audiencia Nacional para cubrir la vacante por jubilación de Manuel García Catellón en un juzgado clave para la institución de justicia. Nacido en el municipio pontevedrés de Tui en la década de los sesenta, Piña estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y ocupa actualmente el número 2046 del escalafón judicial de 5.630 jueces y magistrados.
Desde 2004 ha estado vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), llegando a formar parte de sus comisiones ejecutivas a nivel nacional. Su nombramiento como vocal del Consejo Rector de la Escuela Gallega de Administración Pública en 2012, a propuesta de Alberto Núñez Feijóo, puso de manifiesto su cercanía con el partido, una trayectoria que lo convierte en un juez de confianza para el PP en órganos judiciales clave.
El 27 de noviembre de 2024, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió nombrar a Piña como sustituto del magistrado conservador García Castellón, quien ocupaba el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional.
Tras formarse en la Escuela Judicial, Piña ocupó plazas en Carballino, Lugo y Ourense, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Entre 2005 y 2014 ejerció como juez decano de Ourense, simultaneando funciones de gestión con la presidencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Fue profesor asociado de Derecho Privado en la Universidad de Vigo y, entre 2014 y 2019, presidió la Audiencia Provincial de Ourense, siendo único candidato y respaldado por figuras de peso dentro de la APM.
La elección sorprendió a muchos por tratarse de un magistrado con experiencia territorial limitada y que, según el escalafón judicial, era un candidato de rango medio en la carrera profesional. Sin embargo, su perfil conservador y su activismo dentro de la APM parecen haber pesado más que sus años de servicio en Galicia.
Asimismo, su carrera no ha estado exenta de polémica. En 2015 se le abrió un expediente disciplinario por dictar resoluciones fuera de sus competencias y por ocupar la vocalía de la Escuela Gallega de Administración Pública sin autorización del CGPJ. Aunque en 2016 la Comisión Disciplinaria archivó el expediente por unanimidad, el caso evidenció tensiones entre su ejercicio judicial y sus compromisos externos, una circunstancia que críticos del sector señalan como indicio de su capacidad para navegar entre lo administrativo y lo político.
Zapatero, Cospedal y Puente, sus tres logros
Piña ha sido acusado de actuar con comodidad institucional frente a casos que involucran a altos cargos del PP, como se interpreta en su actuación durante procesos sensibles en Galicia. Su llegada al JCI número seis, en sustitución de García Castellón, lo coloca como nuevo ariete judicial en causas que afectan a gobiernos anteriores, incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero, y garantiza la continuidad de una línea conservadora en la instrucción de delitos de corrupción y financieros complejos.
En otro orden de cosas, el actual juez de la Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud del PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso Kitchen, de citar en calidad de investigada a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal pese a los nuevos indicios contra ella. Piña adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, informara en contra de la imputación de Cospedal, su exmarido Ignacio López del Hierro y el Partido Popular, como personas jurídicas.
En su resolución, el instructor carga duramente contra el PSOE. Dice que su escrito “resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. En el escrito de los socialistas se describía al juez Piña censurando la respuesta del jefe policial de la investigación cuando, en sede judicial, intentaba explicar el contenido de unos audios cuyo contenido se podía “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número seis, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según el escrito que ahora rebate el juez.
Para Piña, el derecho de acción que le corresponde al PSOE en virtud de su actuación como acusación popular no le permite realizar manifestaciones “que exceden del usus foris hasta alcanzar carácter injurioso en referencia a la actuación de este instructor y del Ministerio Fiscal a los que imputa 'la ocultación de pruebas incriminatorias'”. “Esta afirmación aparece desmentida en el propio curso de los autos”, dice el juez.
El informe policial que recogía las evidencias referidas es el Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo.
En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona. Sin embargo, Piña dice que no hay nada nuevo en esos audios y que ya estaban incorporados a la causa. Para el juez es relevante que se obtuvieran en fuentes abiertas y dice que se ahora se aportan “sin que la audición completa de los mismos aporte nuevos elementos relevantes”.
El magistrado defiende que los tres audios objeto de examen no constituyen elementos nuevos para motivar una instrucción independiente a la denominada “Operación Kitchen” (el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel) y solicitar una acumulación posterior a ese procedimiento, que ya se encuentra en la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.
Tras el descarrilamiento ferroviario en Adamuz, el mismo juez ha abierto diligencias tras una querella presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a pesar de que no tiene competencia para ello. Puente es aforado por lo que sólo puede ser investigado y, en su caso, juzgado por el Tribunal Supremo.
