La regularización masiva de migrantes que aprobaba este lunes el Gobierno en un acuerdo con Podemos sigue ocupando el primer plano político, convirtiéndose en arma arrojadiza del Partido Popular (PP) para volver a propagar bulos y para acusar al Ejecutivo central de algo que ellos mismos apoyaron apenas dos años atrás. Lo último se ha dado este mismo jueves cuando los populares han solicitado a Bruselas que estreche el cerco sobre la regularización y revise si esta va en contra de los acuerdos de política migratoria europea, algo que, sin embargo, ya ha recibido respuesta y varapalo de la Comisión Europea.
Tras recibir la petición por parte del PP y de Vox, Bruselas ha dado portazo a esta revisión que solicitaban desde la derecha y la extrema derecha recordando que la competencia sobre la regularización de las personas migrantes la tiene España. “Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”, ha señalado el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, a la vez que ha defendido que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra la inmigración ilegal”.
En esta misma línea, el comisario ha puesto de relieve que la Comisión Europea prescinde de competencia “en estas cuestiones” y que su papel se limita a “recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones a este tema”, ha matizado Brunner.
La respuesta de Bruselas llega apenas horas después de que tanto el PP como la formación de extrema derecha hayan anunciado su intención de llevar a la Comisión Europea la regularización de 500.000 migrantes en España. Por su parte, el presidente de los populares ha tildado de “indecente” la regularización masiva y ha remarcado como “importante” que en Europa “sean conscientes de esta regularización de migrantes en España y de cómo la política migratoria del Gobierno de España va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea”.
En líneas similares, desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, ha mencionado un “nuevo crimen” para referirse a la medida, algo que “ataca formalmente la soberanía y la convivencia”. Tanto es así, que desde la formación de extrema derecha han llegado a solicitar la intervención “en el seno del Consejo Europeo ante una decisión que, aun siendo competencia nacional, tiene efectos directos sobre la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen”.
El espacio Schengen, en el centro de la crítica de PP y Vox
Este jueves, los populares en el Parlamento Europeo han remitido una pregunta al Ejecutivo europeo para que analice si la regularización masiva con un “número elevado de beneficiarios” se puede aplicar, alegando que “puede tener efectos directos sobre el resto del espacio Schengen”. Asimismo, el PP había pedido conocer también saber si el Gobierno de Sánchez informó a la Comisión Europea de la decisión “conforme a las obligaciones derivadas de la cooperación leal y de la gobernanza Schengen”, así como sobre “el alcance de la medida, la base jurídica, el calendario de aplicación y el número estimado de personas afectadas por esta regularización extraordinaria”.
De esta forma, según ha dado a conocer la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, el PP defiende una política migratoria “ordenada, legal y coordinada a nivel europeo, basada en el cumplimiento de las normas comunes y en la cooperación entre Estados miembros”. Por su parte, ha cargado contra la medida y los anuncios del Gobierno “que ponen en riesgo la confianza mutua entre los socios europeos y el correcto funcionamiento del espacio Schengen”.
En otro orden de cosas, la formación de Abascal ha anunciado la “activación de una ofensiva europea inmediata frente a la regularización exprés de inmigrantes ilegales” en España, que afirma abre una “brecha en el control migratorio”. En este sentido, la delegación de Vox en Bruselas, además de pedir reunirse con Brunner, ha enviado cartas a todos sus “aliados en los gobiernos europeos” para que “intervengan” en el Consejo Europeo ante una decisión que, “aun siendo competencia nacional, tiene efectos directos sobre la libre circulación, la seguridad y el correcto funcionamiento del espacio Schengen”.
