La escalada bélica en Oriente Próximo está provocando un encarecimiento notable de la energía a nivel global, con subidas del petróleo, el gas y los carburantes. Este aumento ya se está trasladando al día a día de los consumidores: en España, por ejemplo, el precio del combustible ha llegado a superar los 2 euros por litro en algunas zonas, y existe el riesgo de que la inflación vuelva a repuntar por encima del 3% si el conflicto se prolonga.
Precisamente por este impacto económico, el Gobierno español ha acelerado su respuesta política. Este martes ha analizado un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del conflicto y ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes, donde se aprobarán actuaciones concretas. El objetivo es amortiguar el golpe sobre los hogares y los sectores más afectados, en un contexto de creciente presión por el alza de precios energéticos e industriales
El Ejecutivo mantiene desde el inicio del conflicto una posición política clara —el "no a la guerra"— mientras gana tiempo para preparar su respuesta económica. En Moncloa insisten en que España tiene experiencia en gestionar crisis y recuerdan el precedente del escudo social aprobado tras la invasión rusa de Ucrania. Pero, de momento, la respuesta se limita a reuniones, contactos con los partidos y conversaciones con sindicatos y patronal para calibrar el impacto real del conflicto en los precios de la energía y en la economía.
Siete de cada diez consumidores opinan que establecer límites a los precios sería la herramienta más efectiva para frenar incrementos abusivos en bienes y servicios esenciales, especialmente cuando se justifican por el contexto de la guerra. Así lo refleja un estudio elaborado por FACUA-Consumidores en Acción, organización que insta al Gobierno a tomar medidas que realmente atajen la especulación, en lugar de aplicar rebajas fiscales que, según denuncia, terminan beneficiando principalmente a empresas que ya están aumentando —o planean aumentar— sus márgenes de beneficio.
La encuesta, realizada entre el 12 y el 17 de marzo, contó con la participación de 4.254 consumidores de toda España. Ante la pregunta sobre cuál sería la medida más eficaz para contener la subida abusiva de precios derivada del conflicto en Oriente Medio, el 65,9% de los encuestados señaló la imposición de precios máximos como la mejor alternativa.
Esta opción aventaja en 47 puntos porcentuales a la segunda más elegida: la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas, respaldada por el 19% de los participantes.
En cambio, solo el 12,4% considera que reducir el IVA u otros impuestos sería la solución más adecuada para frenar el encarecimiento, mientras que un 2,8% apuesta por otras medidas distintas.
Si se analizan los resultados por género, el 73,4% de las mujeres se inclina por fijar límites de precios como la opción más eficaz, frente al 55,8% de los hombres. Por su parte, el impuesto a los beneficios extraordinarios es preferido por el 12,8% de las mujeres y el 26,9% de los hombres. En cuanto a la reducción de impuestos, los porcentajes son similares: un 11,6% entre las mujeres y un 13,8% entre los hombres.
FACUA también señala que las medidas adoptadas por el Gobierno tras la invasión rusa de Ucrania demostraron ser poco efectivas. Como ejemplo, menciona el descuento de 20 céntimos en los combustibles, financiado con fondos públicos, que provocó que muchas gasolineras aumentaran sus precios, en algunos casos incluso el mismo día de su entrada en vigor. Asimismo, la rebaja del IVA en alimentos básicos no evitó que los supermercados continuaran elevando sus márgenes en numerosos productos, aprovechando la falta de control por parte de las autoridades.
