La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado su propuesta de “armonizar” los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, actualmente bajo la competencia de las comunidades autónomas, para abordar las situaciones de competencia fiscal desleal y el dumping fiscal. La medida se engloba dentro de las medidas fiscales para la justicia y la eficiencia económica.
El objetivo de Hacienda es evitar la “competencia desleal” entre diferentes regiones para “atenuar el dumping fiscal”, con una clara alusión a la Comunidad de Madrid y Andalucía, que ya cuentan con grandes exenciones fiscales en lo respectivo a estos impuestos. Ya la pasada semana, Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía anunciaba seguir la estela de Madrid y eliminar dichas tasas para las rentas más altas.
Significado de dumping fiscal
El dumping fiscal es la lucha entre las comunidades autónomas para conseguir las sedes sociales de las empresas, gracias al margen que tienen para regular determinados gravámenes. Estas empresas representan un sector clave para la buena marcha económica de las regiones ya que son creadores de empleo y funcionan como activadoras de las economías locales.
Como es lógico, las empresas buscan ajustar el pago de sus impuestos al mínimo posible para lograr un mayor beneficio derivado de su actividad. Así, las comunidades autónomas intentan ofrecer las mejores condiciones para conseguir el mayor número de empresas en su región. En este caso, las bajadas impositivas responden más a un movimiento electoral que a fomentar la financiación privada.
Esta lucha consiste en establecer una fiscalidad lo más amable posible para las empresas, es decir, unos tipos impositivos más bajos en los impuestos que tienen que pagar por su actividad. Con esto, algunas comunidades consiguen situar las sedes sociales en sus territorios a pesar de tener los centros de producción o distribución repartidos por el territorio nacional.
¿A qué impuestos afecta?
Las comunidades tienen un amplio margen en cuanto a la fiscalidad de ciudadanos y empresas, exceptuando País Vasco y Navarra, que tienen un concierto económico especial. Así, pueden decidir si subir o bajar impuestos como el de Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, los medioambientales y los de sobre bienes inmuebles.
En primer lugar, el Impuesto sobre Patrimonio, popularmente conocido como el impuesto de las grandes fortunas, afecta al patrimonio de los ciudadanos con más de 2 millones de euros. Por su parte, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, es uno de los más polémicos ya que en comunidades como Madrid y Andalucía se ha reducido a cero y supone que muchos ciudadanos cambien su residencia a la hora de realizar una donación.
El caso del dumping fiscal de Ayuso en Madrid
De hecho, la Comunidad de Madrid es la única región que bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio y al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aunque Madrid ha dejado de ingresar 48.000 millones de euros menos de forma directa desde 2004 con estos impuestos, el PP asegura que la recaudación ha aumentado de forma paralela gracias a la generación de empleo y economía.
Otros de los impuestos bajo la gestión autonómica son los medioambientales que afectan a la actividad de las empresas, con especial incidencia de industrias que se sitúan en zonas limítrofes y eligen desgravar allí donde fiscalmente es más rentable.
Por último, los impuestos sobre bienes e inmuebles también pueden ser decisivos para que una empresa decida establecer su sede social, en este caso en una localidad, ya que es gestión de los ayuntamientos.
Por estos motivos, desde el Gobierno han anunciado medidas para "armonizar" estos impuestos y acabar con las desigualdades económicas entre las comunidades autónomas.
